Treinta años han pasado desde que desaparecieron a su hijo Luis Fernando, el mayor de los cuatro que tuvo, y 18 desde que el Ejército le entregó los restos. Durante todo este tiempo, Fabiola Lalinde guardó recortes de prensa, fotografías, expedientes y textos sobre su caso y llenó agendas con información recogida de diversas fuentes hasta conformar lo que es hoy el archivo más completo de la primera ejecución extrajudicial por la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA responsabilizó al Estado colombiano. Además, el pasado 23 de octubre de 2015 la Unesco lo incluyó dentro del Patrimonio Documental de América Latina y el Caribe.
Fabiola Lalinde creía que las desapariciones “sólo sucedían en dictaduras como la de Chile o Argentina”, y recuerda que su hijo Luis Fernando, un estudiante de último semestre de sociología en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín y miembro del Partido Comunista Marxista Leninista, le explicó varias veces que él tenía amigos desaparecidos.
Lo que no sospechó en aquella época era la tragedia que se le avecinaba. El 3 de octubre de 1984, Luis Fernando se convirtió en el desaparecido número 329 en el país. Así lo registró Héctor Abad Gómez, en ese entonces presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia y quien ayudó con el caso.
“Mi hijo trabajaba en la reinserción del Epl. El 2 de octubre se fue a la vereda Verdún, en el municipio antioqueño de Jardín, para ayudar a un guerrillero herido en combate”, recuerda Fabiola. Desde su llegada a la Presidencia de la República, en 1982, Belisario Betancur se acercó a las Farc, al M-19, a las Farc, a la Autodefensa Obrera (Ado) y al Ejército Popular de Liberación (Epl) para unas posibles negociaciones de paz. En marzo de 1984 se firmó el cese al fuego con las Farc y el 23 de agosto con los demás grupos subversivos. (Ver: Acuerdos de cese al fuego entre 1984 y 1986)
Parte de los registros del archivo de Fabiola Lalinde. Foto: cortesía familia Lalinde.
Pero el archivo de Lalinde muestra que en zonas como Verdún las operaciones contrainsurgentes adelantadas por las Fuerzas Militares no cedieron. La prueba de ello fue la desaparición de Luis Fernando. Campesinos del lugarle contaron a Mauricio Lalinde, otro hijo de Fabiola, que habían visto a un hombre con las características de su hermano capturado por tropas del Ejército.
“A las 5 y media de la mañana del 3 de octubre un encapuchado lo cogió y lo colgó en una pesebrera hasta las 8. Luego lo amarraron a un árbol a todo el frente de la escuela, cuando los niños estaban entrando. La gente lo vio muy golpeado, botaba sangre, y asegura que los soldados le pegaban patadas. A las 6 de la tarde lo montaron en un camión del Ejército con rumbo desconocido. De ahí en adelante, los militares siempre aseguraron de que había un NN alias ‘Jacinto’, del que primero dijeron que había muerto en combate y luego que había sido dado de baja por intento de fuga”, recuerda Fabiola.
La información que recopiló la familia Lalinde sobre el Batallón Ayacucho adscrito a la Brigada VIII del Ejército, unidad militar responsable de ese crimen, le sirvió a Fabiola para concebir lo que luego ella llamó la Operación Cirirí. “Los militares hicieron la Operación Cuervos para desaparecer a Luis, entonces yo me inventé mi propia operación. De niña, mi papá me decía que yo era un Cirirí y cuando le pregunté el significado, me respondió que era un pájaro muy insistente que defendía a sus crías de los cuervos sin matarlos”, detalla la señora.
Su archivo personal comenzó a construirse en noviembre de 1984, cuando decidió anotar todo lo que ocurría sobre su hijo en una de las libretas que tenía de cuando trabajaba en los almacenes Ley. En ella, y en muchas más a través de los años, fue registrando los eventos más importantes, como cuando Abad Gómez envió el caso a la CIDH en 1985 (lea la resolución de 1988), su asesinato a manos de paramilitares, las decisiones judiciales que se fueron tomando en el caso de Luis Fernando, los inconvenientes con las exhumaciones y los hechos que muestran cómo nadie ha sido culpado por esta ejecución extrajudicial, a pesar de las pruebas existentes.
A las madres que ha conocido durante los últimos 30 años y que viven casos similares al suyo les recomienda que escriban todo en una libreta y guarden los documentos que vayan consiguiendo. “Si yo he sido capaz de hacer esto, que no tenía experiencia, que creía en el Estado y que enfrenté la cárcel y el exilio, los otros pueden alentarse”, dice. El archivo de la familia Lalinde es una de las documentaciones privadas más completas sobre una víctima, por eso decenas de académicos lo han consultado desde 1998.
Acto de desprendimiento
Parte de los registros de Fabiola Lalinde. Foto: cortesía familia Lalinde.
A finales de octubre de 2014, Fabiola decidió entregarle una copia del archivo que tiene en su casa al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entidad que, de acuerdo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es la encargada de recopilar y preservar todos los archivos que evidencien las graves violaciones de los derechos humanos y al DerechoInternacional Humanitario. Su deber fundamental es con la información institucional, pero también con los archivos privados de las personas u organizaciones que los entreguen voluntariamente.
“Hay tanta memoria dolorosa reunida en torno a la operación Cirirí: memoria del coraje y la constancia de una madre emblemática, memoria de la persecución a la que ella y su familia fueron sometidos […] Es lección de muchas cosas, pero también una apuesta muy constructiva por la colaboración entre la memoria y la justicia”, afirmó Gonzalo Sánchez, director del CNMH, durante el recibimiento del archivo de Fabiola.
Parte de esa apuesta se convertirá un documental con la historia de Luis Fernando que debe producirse antes de que termine 2015 y proyectarse en todas las salas de cine del país, en colegios y escuelas, como le ordenó el Consejo de Estado al Ministerio de Defensa en octubre de 2013. El cortometraje lo hará el CNMH. (Ver sentencia)
Antes de entregar una copia, Fabiola expresó que su requisito era que “lo hicieran circular, ojalá digitalmente y entre la gente joven, para que conozcan la historia”. Su petición de subirlo a la web es porque teme que “lo elimine cualquier gobierno que siga” o que los militares borren la información, como asegura que sucedió con varios papeles que quemaron en la Brigada VIII, relativos a Luis Fernando.
El archivo privado consta de cartas dirigidas a la Procuraduría, Fiscalía, Medicina Legal, Defensoría y a muchas más entidades del Estado, que reflejan la insistencia de la familia Lalinde para que atendieran su caso; también contiene los documentos relativos al proceso de búsqueda de Luis Fernando, recortes de prensa, textos elaborados a máquina y a mano durante los últimos 30 años, y de fotografías de la exhumación.
La decisión de entregar toda esta documentación va por la misma línea de la política pública de manejo de archivos de derechos humanos y derecho internacional humanitario que está construyendo el CNMH. En la semana en la que Fabiola decidió entregar una copia de sus documentos, esta entidad estatal difundió un primer borrador con los elementos para conservar esta clase de archivos.
“El acopio de archivos siempre pretenderá hacerse por medio de copias fidedignas, garantizando que los propietarios o competentes mantengan la tenencia y la responsabilidad de los archivos originales y de manera íntegra”, se aclara en el informe. Además, el CNMH pretende que la preservación sea más virtual que física. (Vea el informe)
Fabiola entregó una copia de su documentación privada sin conocer esta propuesta de política pública, pero afirma que lo hizo porque “confío en el Centro de Memoria Histórica. No es un asunto de partidos que dependa de las alcaldías, sino un equipo interdisciplinario”.
La confianza es la base para conservar los archivos privados. Así lo asegura Patricia Linares, abogada asesora del CNMH: “Toda esa documentación como la de Fabiola u otras personas u organizaciones puede significar la reconstrucción de la verdad de lo que ha pasado en más de 50 años de conflicto, especialmente en los procesos judiciales donde no hay una prueba reina”.
Linares asegura que la historia de otros países ha demostrado que estos archivos son más vulnerables cuando se acerca un proceso de paz porque muchas partes no querrán que sus verdades se conozcan. Por eso la importancia de decidir qué entidad los preservará. “Hay desconfianza de las víctimas frente al Estado, con el agravante de que el conflicto continúa. No había legitimidad en ninguna institución para ser depositario de semejante confianza. El Legislador lo tuvo en cuenta y por eso en la Ley 1448 de 2011 (De Víctimas) le da esa tarea a un ente autónomo, como el Centro de Memoria Histórica”, señala Linares.
Memoria, confianza y verdad es lo que está en juego con los archivos tanto públicos como privados y en medio de todo está el dolor de las víctimas. “La denuncia permanente me ha ayudado a aliviar mi dolor. Aunque documentar lo sucedido duele mucho, sirve para que la muerte de un ser querido no sea en vano, para que él no se muera del todo”, concluye Fabiola.
