Después de una década de investigar los crímenes de los paramilitares y de un proceso con cerca de 5 mil postulados que han hablado en cientos de audiencias, todavía no existe una directriz clara sobre cómo se deben guardar todos los archivos que se han producido durante este proceso de justicia transicional.
La Ley 975 de 2005, con la que se creó Justicia y Paz, inicialmente les endilgó la responsabilidad a las secretarías de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial de “organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de las personas objeto de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley”. Sin embargo, no especificó cómo guardar la documentación.
Sólo hasta 2011 hubo un poco más claridad sobre qué hacer con esa documentación. En la Ley 1448, de víctimas y restitución de tierras, se estipuló que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) fuera el encargado de preservar los archivos sobre violaciones a derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) y dictaminó que la Rama Judicial le podía pedir al Archivo General o a los archivos regionales que guarden la información que ellos produzcan.
Pero en la Ley no hay una directriz específica para los archivos de Justicia y Paz y sólo dice que el CNMH podrá recopilar los testimonios de las víctimas de diferentes maneras, incluyendo lo que se habló en las audiencias públicas realizadas en el proceso con los paramilitares.
Es por ello que Myriam Loaiza, integrante de la Dirección de Archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica, sostuvo que la gran diferencia que surgió para tratar los archivos es que con la Ley 1448 se incluyó la opinión de las víctimas y, además, “dio luces sobre la importancia de documentar no sólo lo que se recopila en el proceso, como se hacía en Justicia y Paz, sino todo lo que tiene que ver con memoria registrada de la población afectada”.
Más allá de eso, aún no existe ninguna entidad que centralice todos los archivos que se han producido durante la última década como resultado del proceso de paz con los paramilitares. Todo lo contrario: las salas de Justicia y Paz en Bogotá, Medellín y Barranquilla tienen su propia metodología para guardar la información.
Faltan directrices
Hasta hace cuatro años, la Sala de Justicia y Paz de Bogotá estaba localizada en el edificio del Tribunal Superior de Bogotá. Foto: archivo Semana.
“Usted no encuentra ni en el Consejo Superior de la Judicatura ni de la sala una reglamentación o un instructivo que diga cómo se debe organizar, y eso debería depender del Consejo para que fuera unificado”, expresó Jorge Cruz, secretario de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, y agregó que no se detalla cuáles son los medios que debería tener la Secretaría para preservar los archivos y que tampoco se los da el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ).
Por ejemplo, los fallos en firme que pasan de la Sala de Justicia y Paz de Medellín al Juzgado de Ejecución de Sentencia son, en parte, digitalizados por el CNMH, pero el resto de los cerca de 200 procesos que tienen allí están únicamente de manera física.
“La conservación se hace de manera muy arcaica, por decirlo así, porque no se cumple con todos los parámetros que indican las normas de archivo”, explicó Margarita María Betancur, secretaria de la Sala de Justicia y Paz en Medellín, quien después de hacer un curso de archivística por voluntad de la misma Sala, sin que el Consejo Superior de la Judicatura tuviera algo que ver al respecto, se dieron cuenta de que tampoco estaban tan desfasados en la preservación de los archivos.
Pero Betancur reconoció que aparte de las audiencias, de algunos oficios y de las sentencias en firme de Jesús Ignacio Roldán, de Bloque Héroes de Tolová y del prontamente ejecutoriado de Ramiro Vanoy; la mayoría del archivo no está digitalizado.
“Conservamos físicamente parte de los audios y por protección al medio ambiente intentamos que no sea en CD o DVD. En todos los computadores de los despachos reposan memorias de toda la información que se produce y tenemos un archivo en cajas con los documentos. A la par, tenemos un registro en computador de qué se archiva, cuántas carpetas y cuántos folios”, relató Betancur.
En Bogotá también tienen su propia manera de archivar la documentación de Justicia y Paz. La Secretaría de esta Sala aseveró que no tiene contacto ni con el CNMH ni con el Archivo General de la Nación. Allí guardan la información en ocho torres de DVD con las audiencias, de las que hacen un back up en un disco duro personal de Cruz; y tienen digitalizado cerca de dos tercios de la información y por lo menos 600.000 folios en papel. Los primeros expedientes que están en ese archivo datan de 2006, que fueron unos incidentes y algunas exclusiones. La primera imputación llegó en 2009 y desde entonces la cantidad de documentación se incrementó drásticamente a medida que el Tribunal tenía más información de los casos.
“La organización de los archivos la manejo yo, pero si llega alguien nuevo no lo sabe manejar o de pronto quiere hacer algo más novedoso o llega otro que ni le va ni le viene y eso se acaba ahí”, advirtió el funcionario.
Cruz recuerda que en 2015 hubo un intento del Consejo Superior de la Judicatura por digitalizar toda la información de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, que es la que tiene más casos de paramilitarismo en el país. Este era un mecanismo que no sólo permitía el acceso más rápido a los interesados, porque podrían consultar directamente la información en computadores de la sala, sino que protegerían más los archivos pues a medida que se escaneaban, se almacenaban en el Consejo Superior de la Judicatura y una copia iba a la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB).
Pero de un momento a otro terminaron ese trabajo sin que la empresa encargada de ello rindiera cuentas ante la Secretaría sobre qué se había digitalizado y qué no. “Lamentablemente los recursos se acabaron, el paro judicial anterior tuvo que ver con eso y la empresa que digitalizó solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que se diera por terminado, de forma consensuada, el contrato, y de la noche a la mañana se paró ese proyecto que era bueno”, indicó Cruz.
Las cuentas del secretario es que para entonces pudieron haber digitalizado cerca del 90 por ciento de los archivos, pero actualmente, por la nueva información que se ha producido, ese porcentaje se pudo haber reducido hasta un 60 por ciento de los casi dos millones de folios que existen allí.
Esto no sólo vuelve más lento el acceso que las personas puedan tener a esos archivos, que deben solicitar la información que buscan para que la Secretaría la encuentre, sino que además aumenta el riesgo de que un documento o un CD se pierdan o se afecten por cualquier condición; incluso, ya hahabido problemas en un par de ocasiones.
Antes de que la Sala de Justicia y Paz funcionara en un edificio propio en Bogotá desde hace cuatro años, debía compartir las salas de audiencia con todo el Tribunal Superior de Bogotá. Allí los archivos se guardaban directamente en el computador de la sala y se hacían las copias de la información al finalizar la audiencia.
“Tengo problemas porque a esta altura, por tiempo o manipulación, un CD no abre y no tengo otro medio que pedirle al Tribunal. Solicito una copia de los archivos del back up que ellos tienen de alguna audiencia de alguna sala. Doy todos los datos y me contestan que no encuentran esa audiencia”, relató Cruz. En otro caso que ocurrió lo mismo, la Secretaría recuperó una copia con uno de los abogados del caso.
Pese a estos hechos, Cruz sostuvo que no hay posibilidad de que un archivo de Justicia y Paz en Bogotá se pierda pues tiene todo organizado, por lo menos hasta cuando le compete, pues una vez las sentencias quedan en firme, la información de las tres Salas de Justicia y Paz en el país pasa a la Juez de Ejecución de Sentencia, Luz Marina Zamora.
Principio de orden
El acceso a los archivos de Justicia y Paz es abierto a todas las personas que demuestren un interés en la información. Es solo solicitar detalladamente qué requiere. Foto: María Clara Calle.
Es en este punto de la cadena cuando entra el CNMH. Gracias a un acta de entendimiento con el CSJ, firmada en abril de 2013, se estableció que este Centro podría brindar una cooperación técnica para trabajar en la memoria histórica de los documentos judiciales y asesoraría para una política de manejo de archivos. De esta manera, se consolidó el primer paso para preservar toda la información que resultara de Justicia y Paz y, también, de los procesos de Restitución de Tierras.
Posteriormente, el CNMH y el CSJ firmaron el acuerdo PSAA14-10137 de 2014 con el que puntualmente la Sala Administrativa del Consejo podía coordinar con el Centro para acceder a la documentación, inicialmente de restitución de tierras y luego, desde finales de 2015, empezaron a trabajar con información de Justicia y Paz como tal.
“Cuando el Juzgado de Ejecución de Sentencia de Justicia y Paz se da cuenta de que hay una orden específica de archivo, nos notifica y hacemos protocolo para cumplimiento de eso, que están dirigidos a hacer una copia digital fidedigna del expediente en materia de archivos, luego su descripción y su análisis a cargo del Observatorio de Derechos Humanos del CMH”, profundizó Myriam Loaiza.
Pero no siempre tiene que existir un dictamen judicial para que el Centro guarde los archivos, pues tanto el CNMH como varios juzgados han entendido “la orden de manera ampliada y por eso hemos tenido acceso a la información y muchos jueces les permiten hacer copias de los casos que no tienen reserva”, señaló Loaiza.
Una vez la información llega al CNMH, la Dirección de Archivos de esta entidad recopila la información, hace un inventario y describe la documentación. Posteriormente, el Observatorio de Derechos Humanos ubica los casos no documentados para rastrear toda la información y por último, pasa a la Dirección de Construcción de Memoria, que investiga los casos y hacen un informe extenso de lo que pasó.
“Lo que tratamos de hacer es que ese caso juzgado por el juezse visibilice en clave de memoria histórica. De alguna manera equiparamos una verdad judicial, que es específica sobre un caso, y la trasladamos a una verdad histórica documentada y soportada en archivos”, dijo Loaiza.
Hasta ahora, de las más de 40 sentencias que se han proferido en Justicia y Paz, el CNMH está trabajando con algunas, como las de los bloques Bloque Vencedores de Arauca, Libertadores del Sur y Catatumbo con documentación específica de los procesos de Salvatore Mancuso; y del Élmer Cárdenas, cuya documentación mediría cerca de cinco metros si se pusiera en fila recta, sin contar las 150 audiencias en video.
Y es que a la información que envían las salas de Justicia y Paz de los casos ya en firme, el Juzgado de Ejecución de Sentencias suma la información de las víctimas y de todas las entidades públicas que hayan registrado hechos victimizantes relacionados.
Hasta el momento, el CNMH continúa trabajando con los archivos y aspira abrirlos al público en este año. Además, según Loaiza, la otra expectativa es que en 2017 se gestione un depósito en el extranjero para que sea el tercer lugar donde se guarde la información de Justicia y Paz que ellos trabajan, además de la Rama Judicial, el CNMH y las organizaciones sociales.
Esta sería otra de las maneras para evitar que le suceda algo a todos los archivos. Myriam Loaiza aclaró que si bien no hay un peligro inminente, de todas maneras están los riesgos que implica que el conflicto siga vivo como ahora: “los archivos judiciales no han sufrido una amenaza directa, pero puede haber alguna alteración o modificación de documentación, aunque los jueces son muy cuidadosos. A veces los jueces y las víctimas sufren amenazas directas, y esto es un riesgo indirecto a la documentación pues puede que no sea del todo completa porque el archivo judicial se hace en medio del conflicto”.
A esto se suma que no siempre las Salas de Justicia y Paz cuentan con las condiciones físicas adecuadas para preservar el archivo, con los requerimientos de temperatura y espacio que se necesitan para garantizar su seguridad.
“Realmente no tenemos una directriz específica del CSJ sobre conservación. Es más de cada sala, de la manera en que cada uno va viendo la necesidad de hacer esa conservación y así”, afirmó Betancur.
A esto se suma la insistencia de Cruz de que exista una directriz general de cómo preservar los archivos y que el Consejo Superior de la Judicatura los apoye en esto. Quizá esta sea una lección sobre el camino a tomar con los archivos que surjan de todo el proceso judicial y de memoria histórica con las Farc para que desde ya las disposiciones sean claras de qué se debe hacer con ellos, a dónde van, cómo se protegen y quién los debe administrar con qué recursos. Todo para que no se pierda ningún dato de lo que ocurrió durante el conflicto.
