Uno de los últimos actos administrativos que firmó Armando Martínez como director del Archivo General de la Nación (AGN) fue la Resolución 102, fechada el 22 de febrero de este año, mediante la cual se tomaron varias decisiones, entre ellas suprimir el Grupo de Archivos Étnicos y Derechos Humanos, que venía operando desde noviembre de 2012.
Martínez concluyó labores el pasado 28 de febrero luego de ocupar ese cargo desde el 13 de julio de 2016. Por razones que dijo desconocer, su renuncia le fue solicitada por la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, de quien depende ese cargo.
Este historiador, con doctorado del Colegio de México, posdoctorado de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, y con más de 35 años en docencia universitaria y recuperación de archivos, le explicó a VerdadAbierta.com que la supresión de este grupo de trabajo se dio por dos razones concretas: de un lado, que ya había cumplido con sus metas de trabajo; y de otro, por razones presupuestales.
El primer argumento, incluso, quedó contenido en la Resolución 102, tras citar un memorando suyo del 7 de diciembre del año pasado: “El Grupo de Archivos Étnicos y Derechos Humanos cumplió con los objetivos fijados al momento de su creación y dado que se hace necesario apoyar a otras áreas para el cumplimiento del Plan Estratégico y objetivos misionales que se avecinan en el próximo cuatrienio”. (Descargar Resolución 102)
¿Y qué tareas hizo el grupo suprimido? De acuerdo con Martínez, las tareas básicas del grupo eran crear el protocolo de manejo de archivos de derechos humanos y la política de archivos étnicos: “Ya fueron cumplidas. Queda el acompañamiento de grupos étnicos si ellos, desde su autonomía, piden asistencia técnica”.
A juicio del exdirector del AGN, como las labores se habían reducido, no se justificaba “tener cuatro funcionarios dedicados a eso, cuando nuestra planta es tan pequeña y la reducción del presupuesto de este año nos impide contratar más gente. Así que tres pasaron a apoyar otras subdirecciones” y se dejó a una persona a cargo de estas tareas, bajo la coordinación de la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos.
Con respecto al presupuesto, el exfuncionario detalló la drástica reducción de recursos para este año: “De 27.053 millones (de pesos) pasamos a 22.673 millones. Lo más afectado fue el presupuesto de inversión, que bajó de 15.557 millones a 10.922 millones”. Además de ello, el AGN también proyectó una disminución de sus ingresos por venta de servicios, que pasarían de 8.748 millones a un estimado de 5.801 millones.
Trabajan desde 2012
El origen del Grupo de Archivos Étnicos y Derechos Humanos se remonta al 2011, cuando, tras expedirse la llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), se promulgó el Decreto reglamentario 4800 (del 20 de diciembre de 2011), mediante el cual se establecieron “los mecanismos para la adecuada implementación de las medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas”. (Descargar Decreto 4800)
En esta norma se comprometió al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y al Archivo General de la Nación a diseñar e implementar, de manera prioritaria, “un protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno de las que trata la Ley 1448 de 2011”.
De acuerdo con el Decreto 4800, ese protocolo “será de obligatoria adopción y cumplimiento por parte de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, la administración pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000”.
Además, se previó la capacitación “sobre la adopción y cumplimiento de este protocolo” a todas las entidades estatales del orden nacional, regional y local, así como a resguardos indígenas y consejos comunitarios de comunidades afros.
Para apoyar todas esas tareas se dispuso que el AGN creara un grupo interno de trabajo que, articulado al CNMH, desarrollara “los lineamientos para la gestión y salvaguarda del patrimonio documental y los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno de las que trata la Ley 1448 de 2011”.
En consecuencia, el AGN modificó en 2012 su estructura y se creó la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos, a la que se le asignó la labor de “diseñar y desarrollar la política archivística en materia de archivos relacionados con los derechos humanos, grupos étnicos, los derechos de las víctimas de conflicto interno, así como de otros archivos especiales, sonoros, gráficos, orales y audiovisuales”.
A partir del 29 de noviembre de 2012, el Grupo de Archivos Étnicos y Derechos Humanos se incorporó a esa Subdirección, tal como lo dispuso la Resolución No. 477 de 2012, para desarrollar las funciones encomendadas.
La articulación entre el CNMH y el AGN se logró mediante un convenio interadministrativo, firmado el 12 de marzo de 2013, cuyo fin fundamental fue la construcción del protocolo en gestión documental de los archivos referidos a derechos humanos, que tomó poco más de tres años de trabajo y se oficializó con la Resolución 031 del 6 de febrero de 2017, firmada por Armando Martínez, director general del AGN, y por Gonzalo Sánchez Gómez, director del CNMH. (Descargar Protocolo)
En las primeras líneas de la introducción a este documento se reconoció “la importancia de los archivos como instrumento de lucha contra la impunidad y la garantía de los derechos de las víctimas, así como los riesgos de destrucción, adulteración o suplantación que éstos enfrentan”.
¿Qué se puede perder?
De acuerdo con Martínez, nada se perderá con la supresión del Grupo de Archivos Étnicos y Derechos Humanos por cuanto sus funciones pasarán a la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos, desde donde se atenderán todas las solicitudes respectivas, y tal como lo explicó el exfuncionario, se tendrá a una persona a cargo.
Pero quienes conocen el tema a fondo, consideran que la eliminación de esa unidad de trabajo sí generará traumatismos que podrían afectar los fundamentos con los que se creó y, más allá de ello, las tareas de promoción, divulgación y pedagogía del Protocolo de Derechos Humanos y la Política de Archivos Étnicos.
Para conocedores del tema archivístico, que trabajan en temas de rescate y conservación de la memoria documental, lo que se pierde con esa decisión es bastante por cuanto no se trataba de un grupo que laborara desde Bogotá. En su mejor momento tuvo cerca de 15 personas con responsabilidades en diversas regiones del país, atendiendo a funcionarios de entidades públicas y a líderes de comunidades étnicas.
“Se pierde atención directa a la ciudadanía, se simplifica en capacitaciones generales y se elimina la especificidad del tema étnico y de derechos humanos”, se lamenta un académico que ha trabajado de cerca con ese grupo del AGN y, por razones personales, solicitó la reserva de su nombre.
Y es que tal como lo previeron las normas, el alcance de la promoción y capacitación del protocolo, así como de la asistencia técnica en las políticas públicas de archivo, es de alcance nacional, compromete a todas las entidades estatales y a las comunidades étnicas, por tanto, como dijo un especialista en temas de archivo documental, “las labores son bastantes para tener sólo a una persona bajo semejante responsabilidad”.
La decisión del saliente director de la AGN se dio también en momentos en que, pese a todos los obstáculos que ha tenido, sigue su marcha el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, compuesto por diferentes instancias judiciales y extrajudiciales creadas tras la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, en noviembre de 2016.
Entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, requerirán en sus tareas de un consolidado acervo documental sobre lo que pasó en más de cincuenta años de confrontación armada y parte de esos relatos están consignados en documentos estatales sobre los cuales se requiere tener claro su identificación, recuperación, sistematización y conservación, entre ellos el archivo documental del DAS, del que buena parte reposa en el AGN y sobre el que poco se sabe sobre su contenido.
De otro lado, con la supresión se pierde un enlace con entidades como la Unidad para la Atención de las Víctimas, que constantemente requiere información del AGN en asuntos de derechos humanos.
“No se trata de una tarea técnica de archivística”, le dijo a VerdadAbierta.com un docente que trabaja el tema y conoce del Grupo. “Se trata de saber determinar los contenidos y para eso se requieren grupos interdisciplinarios”. Y esa relación interdisciplinaria la tuvo el Grupo de Archivos Étnicos y Derechos humanos: por ahí pasaron antropólogos, historiadores, sociólogos, politólogos, trabajadores sociales y abogados.
Además, una de las labores que también se perdería es la relación con pueblos indígenas y comunidades afro en diversas regiones del país, una tarea que, según se constató, no sólo pretendía capacitar a sus integrantes, sino fortalecerlos como comunidad, aportándoles documentos históricos que hicieran referencia a su pasado. De acuerdo con información conocida por este portal, el grupo suprimido atendió entre 2013 y 2018 a 36 comunidades étnicas a lo largo y ancho del país. (Ver cuadro)
Administrativamente también hay preocupación porque si bien la Resolución 102 establece que las funciones del grupo suprimido estarán desde ahora en cabeza de la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos, en el plan de acción institucional, según le indicaron fuentes al respecto, no quedaron las metas para este año en derechos humanos y asuntos étnicos.
“La pregunta que cabe hacerse es: ¿era el momento para suprimir ese grupo?”, se pregunta un especialista en temas de archivo que conoce las labores que se han venido desarrollado en los últimos seis años. Y aludió que esta decisión le puede sumar controversia a la generada con el nombramiento de Darío Acevedo en la dirección del CNMH, un académico que ha hecho públicas sus posturas revisionistas y negacionistas del conflicto armado colombiano. (Leer más en: Nuevo director fractura confianza hacia el Centro Nacional de Memoria Histórica)
“¿Fue una medida responsable, teniendo en cuenta el momento que vive el país?”, se continúa preguntando el especialista consultado. “¿Cómo hará el AGN para responder, con responsabilidad, a los compromisos adquiridos con las comunidades?”.
Por lo pronto, estas, y algunas otras preguntas más, quedarán en el escritorio del nuevo director del AGN, el comunicador y filósofo Enrique Serrano, seleccionado por el Ministerio de Cultura para asumir ese cargo, y cuya decisión también ha levantado ampollas pues en diversos sectores académicos no le reconocen ni autoridad técnica, que sí tenía su antecesor, ni autoridad archivística, que no se ve reflejada en sus títulos de pregrado y posgrado, ni en su trayectoria docente; y, además, le cuestionan sus posturas críticas sobre la historia del país, sobre todo aquella que dice que en Colombia no hubo ningún genocidio indígena, consignada en su libro Colombia: historia de un olvido (Planeta, 2018).
