Por: Ricardo Cruz
No son buenos los tiempos que vive actualmente el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. Un verdadero “golpe de suerte” permitió su descubrimiento, en 2005, y desde entonces se convirtió en uno de los sitios documentales de derechos humanos y para la memoria histórica más emblemáticos de América Latina. Pero hoy, una serie de decisiones adoptadas este año por el gobierno de ese país centroamericano tienen sumido en la más completa incertidumbre a los responsables de este proyecto.
Los traumatismos comenzaron en agosto de este año con la destitución de quien fuera su director por muchos años, Gustavo Meoño Brenner, “una decisión totalmente dirigida por el gobierno”, tal como lo sostiene. Con su salida, añade, comenzó a materializarse el riesgo que siempre rodeó el trabajo del Archivo desde que abrió sus puertas al público, en 2009: que el Estado interviniera para impedir o restringir el acceso a información vital para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de cientos de miles de víctimas que dejó un conflicto armado de más de 30 años en Guatemala.
En el caso de Meoño Brenner, la destitución fue el inicio de una tragedia personal aún más profunda. “Decidí salir de Guatemala. Es difícil, claro. Yo salí al exilio cuando tenía 18 años de edad y volver a estas alturas de la vida a esa situación pues no es fácil”, confiesa. Desde su puesta en funcionamiento, el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala ha sido actor clave en por lo menos 14 procesos judiciales adelantados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno: los fiscales han hecho uso de los documentos del Archivo y las pruebas documentales allí encontradas han servido para condenar a penas severas a los responsables de estas violaciones, entre ellos varios altos mandos militares.
Paradójicamente, este aporte a la justicia le significó al Archivo y al propio Gustavo Meoño Brenner terminar en nuevos líos judiciales. “Ya perdí la cuenta de cuántas querellas y denuncias penales recibí en mi contra. Ninguna de ellas ha prosperado por falta de sustento real, pero ninguna está clausurada, todas abiertas y marchando”, explica Meoño, quien reconoce que por su condición de director del Archivo y la notoriedad que con ello alcanzó “pues de alguna manera me significó contar con un entorno de apoyo. Pero cuando soy destituido eso cambia y las causas penales comienzan a acelerarse a través de mensajes, de avisos, de amenazas. Realmente mi decisión de salir de Guatemala tiene un carácter preventivo, tampoco he recibido amenazas explícitas ni he sufrido ningún tipo de agresión, en eso soy muy claro, pero sí se convierte en una presión muy fuerte, diaria y permanente, que se extiende incluso hasta mi familia”.
Ahora, desde tierras extranjeras, permanece atento al futuro del Archivo que, por lo pronto, se avizora bastante oscuro.
El hallazgo: la génesis del Archivo
Luego de un proceso de paz que inició con diálogos exploratorios en 1986 y continuó con el inicio de negociaciones formales en 1991, el 29 de diciembre de 1996 se firmó en Ciudad de Guatemala el Acuerdo de Paz Estable y Duradera. Ese día, los grupos guerrilleros que conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng) y el Estado pusieron fin a una confrontación armada que duró más de tres décadas y dejó más de 200 mil víctimas, el 90 por ciento de ellas indígenas.
El Acuerdo contempló un vasto programa de reformas políticas, sociales y económicas nunca antes visto en Guatemala. En él se planteó la necesidad de reformar la justicia, el sistema electoral y las Fuerzas Militares; emprender acciones tendientes a consolidar la paz mediante el respeto por los derechos humanos; reparar, dignificar y valorar la cultura de las comunidades indígenas afectadas por las confrontaciones; garantizar la reinserción de los insurgentes en la vida social y política del país; mejorar las políticas educativas y de productividad del agro guatemalteco, entre otras.
Entra las reformas mencionadas se destacó la creación de una institucionalidad de carácter civil que se hiciera cargo de la seguridad ciudadana e interna, hasta ese entonces, en manos de los militares. Así, el gobierno de Guatemala suprimió la llamada Policía Nacional, la Guardia de Hacienda y la Policía Militar Ambulante (PMA), que durante los años de la confrontación armada fueron reiteradamente señaladas por familiares de víctimas y organizaciones no gubernamentales como responsables de graves violaciones a los derechos humanos, para darle paso a la Policía Nacional Civil (PNC), la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE), la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS).
El proceso de paz también motivó la creación de una comisión cuya misión fuera esclarecer, de manera clara y objetiva, las causas y las consecuencias de la guerra. La iniciativa fue suscrita por los negociadores de la Urng y del Estado en Oslo, Noruega y arrancó labores formalmente en 1994, dos años antes de la firma del Acuerdo.
La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), como se denominó la iniciativa de memoria, consignó en su mandato que no individualizaría responsables, que las investigaciones no serían vinculantes con lo judicial y tampoco se derivarían de allí sanciones políticas o penales. Ello le valió muchas críticas por parte de sectores no gubernamentales. No obstante, una buena parte de la sociedad guatemalteca acogió como digno de toda confianza lo documentado en el informe final de la CEH, titulado Guatemala: memorias del silencio y presentado públicamente en febrero de 1999.
Allí se señala que, para entender el conflicto armado interno, hay que remontarse al periodo de las dictaduras militares que iniciaron en este país casi desde el mismo momento de su indenpencia, en 1821, y se extendieron hasta 1941, situación que dejó profundas heridas en la cultura política local. Explica el informe que luego, hay que comprender el contexto internacional propio de la guerra fría que llevó a grupos de estudiantes, maestros, militares disidentes, obreros y campesinos, optar por la vía de las armas como respuesta a los distintos gobiernos –entre ellos varios militares- que hubo entre las décadas de los 60 y prinicpios de los 80, quienes hicieron de la lucha anticomunista el leiv motiv del Estado guatemalteco.
El informe también detalla el naciemiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ejército Guerrillero de los Pobres, la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, quienes se unieron en 1982 para crear lo que se conoció como la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng). Según la CEH, el fortalecimiento de las guerrillas también derivó en la radicalización del modelo de lucha contrainsurgente, siendo el periodo comprendido entre 1978 y 1985 el pico más alto de la confrontación armada.
“Durante este periodo se cometieron la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos e infracciones al D.I.H, expresadas en masacres, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales, entre otras, contra la población civil en especial indígenas y campesinos, por parte de los grupos guerrilleros y, en mayor medida, el Ejército y los grupos paramilitares. En este periodo se incentivó la creación y consolidación de las PAC (patrullas de autodefensa campesina) que adoptaron entre otras, la política de tierra arrasada, que consistía en masacres y exterminio de aldeas de supuestos colaboradores de la guerrilla”, consignó la CEH en su informe final.
Con todo y ello, entre los guatemaltecos quedó una sensación de vacío e impunidad con relación a las actuaciones de las Fuerzas Militares, principalmente en lo referente al papel de la PMA, la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda, entre otras cosas porque el gobierno nacional siempre negó que existieran archivos o soportes documentales donde cada una de estas dependencias detallara cada una de sus tareas, misiones, operaciones, cadenas de mando, entre otros.
“La Comisión no tuvo acceso a los archivos”, recuerda Gustavo Meoño Brenner, quien señala además que “la CEH presentó su informe, que está contenido en 12 tomos y en el tomo 12 dedica 65 páginas a reproducir las cartas dirigidas al Estado: al Presidente, al Vicepresidente, al Ministerio de Defensa, en fin, pidiendo acceso a los archivos. Y en todos los casos la respuesta era: no hay archivos. Esa era la práctica reiterada de los organismos de seguridad del Estado: negar la existencia de los archivos”.
Pero un hecho fortuito, una mezcla de suerte y fortuna, terminó por derrumbar la mentira sostenida por décadas por los organismos de seguridad del Estado: sí existían archivos. Y en abundancia. En julio de 2005, mientras realizaban una inspección en un vetusto edificio en las afueras de ciudad de Guatemala donde las comunidades denunciaron la presencia de explosivos, funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos descubrieron numerosos folios apilados a la intemperie.
Se trataba del archivo correspondiente a la documentación histórico-administrativa de la Policía Nacional de Guatemala: más de 60 millones de folios que según Meoño medían más de siete mil 900 metros lineales y que contenían registros oficiales de este cuerpo policial desde finales del siglo XIX hasta su desaparición, en 1997. Un hallazgo que resultó fundamental para quienes, aún después de la firma de la paz, aguardaban por algo de verdad, justicia y reparación.
Desde ese mismo día comenzó una titánica tarea por salvar los documentos que pudieran rescatarse para luego clasificarlos, digitalizarlos y posteriormente, estudiarlos. Finalmente, sólo 21 millones de documentos lograron salvarse. Y con ellos inició un proceso que ha permitido a familiares de víctimas del conflicto acceder a algo de verdad y justicia y que, incluso, ha sido de gran utilidad para los exagentes de la Policía Nacional.
“Hay una cantidad muy importante de usuarios que son exagentes de la Policía Nacional y sus familiares. Por razones administrativas. Exagentes que llegan diciendo: ‘llevo años tramitando mi pensión y no me la dan porque me acusan que yo no entregué tal papel’. O viudas que llegan diciendo: ‘hace 10 años me mataron a mi esposo y me dicen: tráigame tal documento y yo creo que puede estar aquí’. Eso es constante y nos da muchísima satisfacción cuando podemos ayudar a un expolicía”, asegura Meoño.
Una labor titánica
Gustavo Meoño Brenner no fue ajeno a las pasiones revolucionarias que sacudieron a las clases populares y estudiantiles guatemaltecas. En 1968, en plena flor de su juventud y convencido que debía comprometerse con el momento histórico de su país, coadyuvó a fundar el llamado Ejército Guerrillero de los Pobres, organización insurgente que conformó la Urng, donde militó por 25 años. En 1993, en pleno desarrollo de los diálogos de paz, abandonó la lucha guerrillera para unirse a la Fundación Rigoberta Menchú, organización creada por la reconocida líder indígena y Premio Nobel de Paz para trabajar por la defensa de los derechos humanos en toda América Latina.
Y allí estuvo como activista de derechos humanos hasta 2005, hasta el día en que los funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos hallaron el Archivo Histórico de la Policía Nacional: “A la Fundación la llamaron para que se hiciera cargo del Archivo. Y a mí personalmente me pidieron que me hiciera cargo de la recuperación de todos esos documentos. Y acepté totalmente convencido de que era una gran oportunidad para la memoria histórica del país”.
La labor de recuperar y archivar tamaña cantidad de documentos no fue tarea fácil, tal como lo recuerda Meoño Brenner. “Tuvimos que empezar desde la ignorancia total. Ser exguerrillero no era la mejor credencial para manejar un archivo. Por eso nos propusimos que ese archivo se convirtiera en una gran escuela de formación en archivística. Algunos, sobre la marcha, se pusieron a estudiar el único curso de archivística que se dicta en Guatemala, pero yo diría que la profesionalización la hemos ido alcanzando en el manejo del día a día del Archivo”.
No exagera en ello. El conocimiento adquirido en el manejo de los millones de documentos que conforman el Archivo Histórico de la Policía Nacional, le ha permitido a Meoño Brenner recorrer el mundo entero para contar su experiencia personal, destacar la importante labor que cumplen los archivos en contextos de vulneraciones masivas a los derechos humanos y dejar una que otra lección sobre cómo acercarse a este sorprendente mundo de datos, cifras, nombres y fechas que en muchas ocasiones parecen informaciones inconexas.
“Hay mitos que son importantes desterrar, porque hacen mucho daño: el primero de ellos es que los archivos de seguridad no existen. Existen, ¡siempre! Los archivos constituyen un cierto elemento de honor, de orgullo. Es la evidencia de que el militar cumplió con su misión. El otro mito es que sólo son útiles los archivos de inteligencia, de operaciones militares, los que tienen que ver expedientes, prontuarios. Y no. Se subestima la importancia de los archivos administrativos. Esos son invaluables, porque es el día a día. El otro mito es el de la prueba reina, que existe un archivo que lo prueba todo. Ese es otro mito que hay que desterrar, porque hace mucho daño”.
El Archivo abrió sus consultas al público en 2009, cuatro años después de su hallazgo. Para aquel entonces, Meoño Brenner y su equipo de trabajo habían logrado digitalizar una cantidad significativa de documentos y elaborar una base de datos con un millón 300 mil nombres, gracias a los nombres contenidos en las fichas elaboradas por la desaparecida Policía Nacional.
“Para permitir el acceso al público tuvimos que resolver un profundo dilema: si debíamos o no restringir el acceso a la información, el derecho a la verdad histórica versus el derecho a la intimidad”, menciona el exdirector del Archivo.
“Guatemala es un país en el que, de manera sistemática, desde la invasión de los españoles hasta el día de hoy, el sistema, el que sea, le ha negado el acceso a la información a la población. Pero en 2008 se aprobó una ley de libre acceso a la información. Una ley bastante progresista. Esta ley dice en su artículo 24 que toda información generada por la administración pública que puede estar relacionada con eventuales violaciones a derechos humanos no debe ser objeto de ningún tipo de reserva o censura. A raíz de esa ley decidimos acceso irrestricto a la información. Por supuesto que hay riesgo que alguna información puede afectar el nombre de algunas personas”.
Desde entonces, el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala se convirtió en fuente obligada de consulta de funcionarios judiciales y del Ministerio Público; de estudiantes universitarios e investigadores sociales, de periodistas, abogados, historiadores, sociólogos. Pero, fundamentalmente, de víctimas del conflicto armado, quienes acuden con la ilusión de hallar en esos documentos algo de verdad, justicia, reparación. “Hemos descubierto que el acceso a la información tiene un valor reparador profundo. Las catarsis que se producen son impresionantes. Y lo sabemos, tenemos un cubículo aparte para que la gente se siente tranquila”, agrega Meoño Brenner.
El descubrimiento del Archivo Histórico también permitió llenar los vacíos que dejó el informe de la CEH Guatemala, memoria del silencio. “El archivo histórico corrobora lo que la Comisión (de Esclarecimiento Histórico –CEH) estableció, llenó vacíos que tiene el informe, incluso permitió avanzar en nuevas temáticas ya impulsadas por la CEH. La Comisión estableció algunos casos emblemáticos y otros casos ilustrativos, construidos a partir del testimonio de las víctimas. A la comisión le tocó trabajar mucho con el testimonio de las víctimas. Y varios casos ilustrativos, construidos con testimonios de las víctimas, después son corroborados por los archivos. Pero más que casos, los archivos corroboran patrones de actuación”.
Un futuro que preocupa
Si bien el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala lo componen documentos elaborados por una entidad estatal que ya no existe, la propiedad del mismo es del Estado, “pero el gobierno nacional nunca ha dedicado un centavo del presupuesto público para el sostenimiento del archivo. Pero sí acepta que la cooperación internacional sostenga el proyecto. Y eso lo logramos a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Por eso era que los casi 80 trabajadores que estábamos allí estábamos pagados por el Pnud”, asevera Meoño.
Sin embargo, el convulsionado ambiente político que vive hoy Guatemala tiene en vilo el funcionamiento de este importante sitio documental dedicado a la memoria histórica, que ha recibido múltiples reconocimientos por sus valiosos aportes a la verdad, la justicia y la reparación.
“Después de mi destitución, otras personas también han sido destituidas; les quitaron los contratos al equipo completo, es decir, unas 80 personas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- que era la entidad que nos contrataba, sólo ofreció a los funcionarios del Archivo la opción del voluntariado. No hay ninguna certeza. Todo es inestabilidad, incertidumbre, fragilidad permanente. A un grupo de 23 compañeros no les han pagado su sueldo desde agosto. Todas son señales muy negativas y preocupantes sobre el futuro”, aclara.
Pero las preocupaciones de Meoño Brenner van más allá: “El archivo ha funcionado hasta ahora con una institucionalidad muy precaria. Por un lado, es un archivo que depende del Estado, pero éste nunca ha asumido la responsabilidad financiera que corresponde y el archivo ha tenido que funcionar con recursos de la cooperación internacional. Pero siempre ha estado latente el riesgo de una intervención del Estado para impedir o restringir que el archivo cumpla con su función y su papel en relación con la justicia, la reparación. Ese es el principal temor y preocupación”, sostiene quien fuera hasta hace poco el guardián del principal archivo de derechos humanos de toda América Latina.
A raíz de se ese complejo panorama, la organización Archiveros sin Fronteras Interancioanal emitió una declaración sobre la situación del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala (AHPN) tras la decisión del Ministerio de Cultura de ese país y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Guatemala), de que sea este último organismo el que gestione las consultorías de apoyo al AHPN. (Descargue aquí la declaración)
