Los investigadores del DAS tuvieron una intensa actividad de observación y reseña de activistas en septiembre de 1974, no sólo porque se cumplía un año de la muerte del político chileno Salvador Allende, el primer socialista en llegar a la presidencia de una nación latinoamericana con apoyo del Partido Comunista, sino por una intensa agenda estudiantil y docente que reclamaba cambios a la educación superior.
En varias ciudades del país se conmemoró el deceso de Allende, ocurrido el 11 de septiembre de 1973 en La Casa de La Moneda, sede presidencial en Santiago de Chile, tras un cruento golpe de Estado adelantado por sectores militares contrarios a sus propuestas socialistas, que se impusieron en las urnas y lo llevaron a asumir el cargo el 4 de noviembre de 1970.
De acuerdo con el Boletín Informativo del DAS, fechado el 10 de septiembre de 1974 y remitido al “Señor Ministro de Gobierno”, que para esa época era Cornelio Reyes, bajo el gobierno del recién posesionado presidente Alfonso López Michelsen, el Partido Comunista Colombiano (PCC) anunció la asistencia a la Semana de Solidaridad con Chile de “delegaciones de Cuba, Vietnam, Rusia, República Democrática Alemana (sic), Rumania, Yugoeslavia (sic), Chile, Venezuela, Perú, Polonia y Checoeslovaquia (sic)”. Asimismo, el documento consigna que vendría “Hortensia viuda de Allende”.
La programación registrada en ese boletín de la agencia de inteligencia estatal preveía actividades el 10 y el 11 de septiembre que tendrían como sedes las universidades Incca y Libre, de Bogotá, las cuales girarían entorno al gobierno de Salvador Allende y el golpe de Estado, entre otros temas.
Tras el médico Abad
Una vez hecho el recuento de lo que sería la Semana de Solidaridad con Chile, los investigadores del DAS abordaron el apartado “Situación social” y el primer tema fue los mítines estudiantiles en la Universidad de Antioquia, que tenían como motivo de protesta un nuevo estatuto docente del Alma Mater con el cual no estaban de acuerdo ni alumnos ni profesores.
Tras describir de manera sucinta que “en el transcurso del mitin se inició una pedrea que causó daños a varios almacenes” cercanos a la Plazuela Nutibara, donde quedaba en aquella época la Gobernación de Antioquia, quien elaboró el Boletín detalló que “un grupo de profesores de la Universidad de Antioquia encabezados (sic) por Héctor Abad Gómez, dirige el movimiento para presionar la derogatoria de algunas disposiciones del Alma Mater y también solicitan la renuncia del rector Luis Fernando Duque Ramírez”.
En un nuevo Boletín Informativo del DAS, esta vez fechado el 19 de septiembre, el nombre del médico Abad vuelve a relucir cuando se aborda, bajo el apartado “Situación Social”, el tema estudiantil. En esa ocasión, el organismo de inteligencia registra que “el Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia, según comunicado, suspende en forma indefinida los programas académicos y acceso a todas sus dependencias. Asimismo, desvincula 11 profesores y suspende 39, entre ellos al Doctor Héctor Abad Gómez”.
Cuatro días después, en un nuevo Boletín Informativo del DAS, al médico Abad Gómez lo responsabilizan de varias renuncias, presentadas por varios directivos de la Universidad Nacional, seccional Medellín.
“Informaciones obtenidas indican que la renuncia presentada por los doctores Orlando Hurtado, Nelson Gil Gil, Samuel Posada y Martha Luz Cardona, vice-rector y Decanos de Minas, Ciencias Agrícolas y Arquitectura respectivamente, de la Universidad Nacional, Seccional Medellín, se debió a la invasión de los predios universitarios para realizar asambleas, perturbando el normal desarrollo de los programas académicos por parte de estudiantes y profesores de la UDEA (sic), encabezado (sic) por el Doctor Héctor Abad Gómez”.
Lo particular de este conjunto de documentos de archivo es que sólo consignan el nombre del médico y docente universitario, para aquella época presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (Asoprudea), organización gremial que le tenía varios reparos al nuevo estatuto docente, promovido por el entonces rector de la Universidad de Antioquia, Luis Fernando Duque Ramírez.
Resulta que, a finales de 1973, el Consejo Superior Universitario aprobó el Acuerdo Número 08, que derogó el Estatuto Docente vigente, aprobado por el Acuerdo 07 de mayo de 1971 y construido de manera concertada en aquel año entre directivos y profesores. Éste reflejaba avances en diversas garantías profesorales que el nuevo descartaba por completo, de ahí las fuertes críticas de diferentes estamentos universitarios.
En documentos de la época, citados varios de ellos por la historiadora Eliana Aidé Tamayo Giraldo en su tesis de grado, se registra el pensamiento de Abad Gómez sobre ese nuevo estatuto. En un texto aseveró que “lesionaba profundamente los intereses académicos y científicos del cuerpo docente, asimismo constituía un atentado contra la libertad de cátedra y la investigación científica que eran los valores más preciados del cuerpo docente”. Igualmente, estableció que “contradecía el espíritu democrático que se había construido en el trasegar de la universidad y a la vez representaba una ofensa a la dignidad del profesorado”.
El movimiento estudiantil y profesoral de rechazo al nuevo estatuto docente duró diez meses. En agosto de 1974 llegó a la Presidencia de la República el liberal Alfonso López Michelsen (1974-1978), en reemplazo del conservador Misael Pastrana (1970-1974) y con él, nuevas autoridades regionales que tomaron cartas en el asunto y tal como lo reseñó el DAS, tomaron decisiones en contra de los docentes.
En una entrevista concedida en 1982 a Francisco Velásquez, entonces docente de la Facultad de Comunicaciones del Alma Mater, y publicada en la primera edición de la revista Lectiva en 1997, el médico Abad Gómez recordó ese hecho y su impacto adverso.
“Recuerdo a un expresidente de la ANDI (Asociación Nacional de Industriales) Ignacio Betancur y a Jaime R. Echavarría, el primer Gobernador del doctor López, quien al final de diálogos con profesores y de manifestaciones públicas con respaldo popular y de la opinión pública, resolvió echar a 50 profesores encabezando esa echada por mi nombre que estaba yo por segunda vez presidiendo la junta de la asociación”.
La medida no sólo agudizó el problema, sino que fortaleció la Asociación de Profesores, que acabó reuniéndose en la oficina del papá del médico Abad Gómez en el emblemático edificio La Ceiba, en pleno centro de Medellín: “Ahí hacíamos las reuniones con el apoyo absoluto de todo el profesorado, el estudiantado y de la opinión pública. Logramos que revocaran ese famoso estatuto lesivo para los intereses del profesorado”. (Leer entrevista completa aquí)
“Extrema izquierda”
Pero el médico y docente universitario estaba en la mira del DAS al parecer de manera permanente. Su nombre aparece consignado en un nuevo Boletín Informativo, fechado el 18 de octubre de 1974, pero esta vez no por tareas asociadas a su activismo docente, sino a sus actividades ligadas a la defensa de los derechos humanos.
La agencia de inteligencia estatal reportó en aquel documento, bajo el rótulo de “Situación Política”, y en el inciso dedicado al “comunismo”, que “con participación de organizaciones de extrema izquierda, Comité de Solidaridad, presidido por el Doctor Héctor Abad Gómez, de Sacerdotes de avanzada, dirigidos por el Presbítero Oscar Vélez y de los familiares, se celebró el 19 (sic) de los corrientes a las 16:00 horas, en el Templo de San Benito de la ciudad de Medellín, un acto religioso para conmemorar el primer Aniversario de la muerte de los hermanos Manuel y Antonio Vásquez Castaño, Jefes del autodenominado Ejército de Liberación Nacional”.
Ambos guerrilleros habían muerto un año atrás en combates con el Ejército durante el desarrollo de una ambiciosa acción estatal conocida como la Operación Anorí, ejecutada por tropas del Ejército en una vasta región del nordeste antioqueño, donde se había refugiado un nutrido grupo del Eln, compuesto por campesinos y universitarios liderados por los hermanos Fabio, Manuel y Antonio Vásquez Castaño.
Los operativos comenzaron el 7 de agosto de 1973 y concluyeron el 18 de octubre en aguas del río Porce, cuando las tropas ubican al foco guerrillero intentando cruzar el caudaloso afluente y tras un combate que se estima duró 40 minutos murieron por acción de la fuerza estatal Manuel y Antonio Vásquez Castaño. Se calcula que durante los dos meses de operaciones perdieron la vida por lo menos 30 insurgentes. Pese a la arremetida, Fabio, que estaba en la región, logró sobrevivir y de inmediato se refugió en Cuba.
Asesinado 13 años después
El médico Abad Gómez fue acribillado el 25 de agosto en una calle céntrica de Medellín, a plena luz del día, junto a otro médico, Leonardo Betancur, cuando ambos se dirigían a la sede la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), a la velación del cuerpo de Luis Felipe Vélez Herrera, también asesinado también por paramilitares días antes.
Para aquel momento, Abad Gómez era presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, tribuna desde la cual denunciaba constantemente las actuaciones irregulares de la Fuerza Pública en contra de estudiantes y activistas cuando eran detenidos en guarniciones militares de la capital antioqueña.
Su hijo, el escritor Héctor Abad Faciolince, en su libro El olvido que seremos (Alfaguara, 2006), destacó uno de sus escritos, al que calificó de “particularmente duro y valiente contra la tortura publicado tiempo después de que un amigo y discípulo suyo fuera detenido y torturado por el ejército en Medellín”.
En palabras de su padre: “Yo acuso a los interrogadores del Batallón Bomboná de Medellín, de ser despiadados torturadores sin alma y sin compasión por el ser humano, de ser entrenados psicópatas, de ser criminales a sueldo oficial, pagados por los colombianos para reducir a los detenidos políticos, sindicales y gremiales de todas las categorías, a condiciones incompatibles con la dignidad humana, causantes de toda clase de traumas, muchas veces irreductibles e irremediables, que dejan graves secuelas de por vida”.
Este tipo de denuncias, que eran publicadas en diarios de circulación regional y nacional, lo pusieron en la órbita de los nacientes grupos paramilitares liderados por los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, quienes, de acuerdo con declaraciones entregadas a la justicia colombiana por Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, eran apoyados por funcionarios del DAS y del Ejército Nacional. (Leer más en: DAS e inteligencia militar fueron cómplices de los Castaño: ‘Don Berna’)
Desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, donde purga una condena de 35 años por narcotráfico, alias ‘Don Berna’ declaró el 13 de febrero de 2012 que “Carlos y Fidel (Castaño) consideraban que el doctor Héctor Abad hacía parte de las estructuras de la guerrilla del Epl en la ciudad de Medellín, ya que por su labor defensa de los derechos humanos hacia algún tipo de denuncia en la cual sectores de las Fuerzas Armadas, se consideraban afectados”.
El crimen de Abad Gómez, así como los de los defensores de derechos humanos Luis Felipe Vélez y Leonardo Betancur Taborda, fueron declarados de lesa humanidad por la Fiscalía en octubre de 2014.
El ente acusador sustentó su decisión en el contexto de conflicto armado interno “de carácter irregular y prolongado en el que actores, tales como la guerrilla, las autodefensas, los carteles del narcotráfico, las redes narcosicariales, así como los de orden legal, representados en la fuerza pública, quienes dirigieron sus ataques de forma indiscriminada contra la población civil, sin considerar su estatus de protección frente al derecho internacional de los derechos humanos”.
Asimismo, en la dinámica del conflicto irregular que vivía por aquella época Medellin, “caracterizado por la indistinción de los grupos armados organizados con los civiles, en el que la población civil tendió a ser vista como enemiga”. (Leer más en: ¿Ejército estuvo detrás del crimen de Héctor Abad Gómez y sus colegas?)
Este documento es producido por VerdadAbierta.com con base en archivos tomados del Proyecto Guerra Sorda (CODI, UdeA, 2014)
