Lo último que escuchó Gabriel Jaime Santamaría fue la voz de un joven que lo saludó al entrar a su oficina. “Doctor Santamaría”, dijo el visitante. El entonces vicepresidente de la Asamblea Departamental de Antioquia y diputado por la Unión Patriótica (UP) revisaba en ese momento varios documentos y hablaba por teléfono. Al oír las palabras, levantó la mirada y vio a un muchacho vestido de saco y corbata, quien llevaba un maletín de cuero en su mano izquierda y en la derecha una subametralladora Ingram que le apuntaba a la cabeza. Un rafagazo puso fin a su vida.
Lo que vino después fue la rápida reacción de los escoltas del diputado, adscritos al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que tenían la responsabilidad de protegerlo. Sus armas le apuntaron al sicario Marco Antonio Meneses, de veinte años de edad, quien no intentó fugarse. Solo esperó a que lo mataran. Su cuerpo recibió varios disparos, entre ellos un tiro de gracia en la cabeza. Los hechos sucedieron en pocos minutos y en uno de los recintos más custodiados del país, la Asamblea Departamental de Antioquia.
Su esposa, Consuelo Arbeláez Gómez, supo del asesinato a las tres y cincuenta de la tarde. A esa hora sonó el teléfono en su casa y una voz al otro lado de la línea le dijo: “señora, acaban de matar a don Gabriel Jaime”. Era la secretaria de la Presidencia de la Asamblea. Lo que vino después fue una veloz carrera hacia el recinto en el vehículo que tenía asignado por razones de seguridad. La vida al lado de su esposo también le generaba riesgos.
Mientras la señora avanzaba en medio del caótico tránsito de viernes en la ciudad, cientos de curiosos se iban agolpando en los alrededores de la Asamblea Departamental, preguntándose qué había pasado. Fue tanta la gente que se aglomeró que cuando ella arribó al lugar tuvo dificultades para ingresar al recinto y subir las escalas que la conducían a la oficina de su esposo, situada en el segundo piso, donde yacía el cuerpo sin vida del Diputado por la UP. Su mano izquierda, inerte, se aferraba al teléfono.
Aquella tarde del 27 de octubre de 1989 la intolerancia política que vivía el país cobraba una nueva vida. Ya era evidente el plan criminal y sistemático contra dirigentes, integrantes y simpatizantes de la UP, movimiento de izquierda que surgió como resultado de las negociaciones de paz que adelantaba el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) con la guerrilla de las Farc.
Es esa época, las conversaciones entre los voceros del gobierno nacional y del grupo insurgente avanzaban y se concluyó que la creación de un movimiento político era el mejor camino para consolidar ese proceso e impulsar la plataforma ideológica de las Farc. Fue así como en marzo de 1985 cobró vida la UP. Cientos de líderes políticos de izquierda, provenientes de diversas tendencias ideológicas, vieron en esa nueva organización una opción para plantear sus ideas y concretar lo que tanto habían soñado: un país más democrático, justo e incluyente, donde el desarrollo llegara a las zonas más alejadas del centro del país, y de paso se abandonaran las armas como instrumentos de lucha política.
En su estreno, las urnas arrojaron datos muy alentadores para la UP. En las elecciones legislativas y presidenciales de 1986 sus candidatos conquistaron concejos y asambleas en varias regiones del país. Entre los ganadores estaba, justamente, Santamaría, quien obtuvo su curul en la Duma de Antioquia, donde fue nombrado vicepresidente. Dados esos resultados, el entonces presidente Virgilio Barco (1986-1990) les otorgó 16 alcaldías, pero lo que vino después, cuando se intensificó la lucha electoral, fue la expresión macabra de la “guerra sucia” contra todos los que hacían parte del nuevo movimiento político o, simplemente simpatizaban con ellos. Desde diversas regiones del país se difundían noticias de asesinatos y atentados contra hombres y mujeres que se habían adherido a este movimiento.
En aquellos años soplaban fuertes vientos contra las expresiones de izquierda civilista que se estaban abriendo camino en el país. Diversos sectores sociales, económicos y políticos, incluidos algunos de carácter estatal, temían perder sus privilegios y vieron en la UP una amenaza a sus intereses. Entonces se activó un dispositivo criminal que tenía como objetivo eliminar la mayor cantidad de militantes, simpatizantes y colaboradores de la nueva fuerza política. A todos se les sindicaba, extrajudicialmente, de ser cercanos a la guerrilla de las Farc. Se estima que por lo menos 3.600 personas perdieron la vida de manera violenta.
Santamaría estaba entre ellos. Su condición de liderazgo, su visión política y sus convicciones ideológicas, gestadas inicialmente en las Juventudes Comunistas (JUCO) y fortalecidas en el Partido Comunista Colombiano (PCC), lo llevaron a impulsar la creación de la UP en Antioquia, convirtiéndose en su presidente regional. Pero la situación de seguridad para los activistas de izquierda era compleja, tanto organismos de seguridad del Estado como grupos paramilitares los observaban constantemente, como los leones a su futura presa.
En la plaza pública, Santamaría se expresaba con convicción. Así quedó registrado en un audio grabado en 1984 en el municipio de Remedios, Antioquia, durante una jornada nacional por la paz convocada por el Partido Comunista y la UP: “Desde la plaza de Remedios, y ante la bandera nacional de la república de Colombia y el heroico campesinado del nordeste, les decimos, sin reforma agraria que entregue la tierra al campesino que la trabaja no hay paz en Colombia. Y estamos seguros que la paz en Colombia no va a ser la graciosa concesión de un presidente por bien intencionado que él sea. La paz en Colombia es el producto de la lucha incesante del pueblo colombiano que ha puesto centenares e incluso, miles de muertos, porque los muertos han sido del pueblo, obreros, campesinos, guerrilleros, policías y soldados. Por eso, porque el pueblo ha puesto los muertos, queremos decir ¡viva la paz democrática en Colombia!”.
Y justo por ese tipo de discursos, muy cercanos a la gente del campo, es que líderes como Santamaría eran considerados “enemigos” por paramilitares, políticos, empresarios, terratenientes, industriales y narcotraficantes. Cuatro años después de aquella intervención pública, se gestó en esa región antioqueña, rica en oro, una fuerza lúgubre, autodenominada Muerte a Revolucionarios del Nordeste, que bajo el auspicio del cacique del Partido Liberal César Pérez García perpetró una masacre el 11 de noviembre de 1988 en el vecino municipio de Segovia, que dejó 43 muertos, muchos de ellos militantes y simpatizantes de la UP.
“Luego de la masacre, la represión contra la población fue muy dura. La Unión Patriótica tenía mucho respaldo en la zona, no solo en Segovia, también en Remedios y Zaragoza. Por esa razón, cualquier poblador de esos municipios era considerado guerrillero. Al pasar por un retén militar no podíamos decir que éramos de esos municipios. Si la cédula era de alguno de esos lugares era un indicio de que se pertenecía a la UP. Eso fue una estigmatización muy fuerte”, recuerda una defensora de derechos humanos que, aún hoy, prefiere ocultar su identidad.
Uno de los pocos criminales que tiene registros escritos sobre lo ocurrido a Santamaría es el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’. Los detalles de su versión fueron conocidos el 19 de abril de 2015 durante una diligencia judicial adelantada por investigadores de la Fiscalía General de la Nación en el penal F.D.C. de Miami, Estados Unidos. Ese día leyó fragmentos de sus escritos, en particular uno, titulado «Los Suizos»:
“Los hermanos Fidel y Carlos Castaño lo declaran objetivo militar al considerar que estaba al servicio de sus más acérrimos enemigos, las Farc, guerrilla de corte comunista (…) Carlos después de analizar cuál es la mejor forma de acabar con la vida de Gabriel Santamaría toma la decisión de hacerlo a través de un suicida, recluta para ello a un joven de Itagüí, municipio perteneciente al área metropolitana de Medellín, nombre Marco Antonio, una persona con el valor y arrojo y dispuesto a perpetrar dicha acción (…) Carlos lo entrenó durante varios días en Montecasino, el cuartel general de las autodefensas en Medellín (…) También había reclutado a varios escoltas del DAS encargados de escoltar al Diputado, convenciéndolos que les hacía un servicio a la paz, además, recibían como incentivo una gruesa suma de dinero. Los detectives le informan todos los movimientos que hace el señor Santamaría, incluyendo su esquema de seguridad (…) Un crimen perfecto, no hay pistas, nadie investiga nada, en ese momento la UP es el enemigo del país”.
Directivos, bases políticas y simpatizantes estaban en la mira de quienes los consideraban “sus enemigos”, Santamaría entre ellos. El acoso era letal. Antes de su muerte, sufrió por lo menos dos ataques, el primero de ellos el 3 de julio de 1985. Ese día sicarios balearon su vehículo y le ocasionaron heridas de poca gravedad; el segundo sucedió el 17 de diciembre de 1987, cuando dos desconocidos dispararon contra el vehículo en el que se desplazaba y le arrojaron una granada, ocasionándoles graves heridas a él y al conductor, un viejo amigo de militancia política.
Dada la situación de inseguridad que los rodeaba, Santamaría no vivía con su esposa y sus dos hijas. Los riesgos que corrían los hizo separarse. Se veían esporádicamente y a escondidas. Justamente momentos antes de sufrir el último atentado, salía de visitar a su familia. Durante cinco años sobrevivió de hotel en hotel y en casas de amigos. Quienes querían asesinarlo, no le perdían la pista, siempre estaba bajo observación. Y las amenazas, que venían de tiempo atrás, persistían.
“Yo tenía una lista de casas de amigos”, recuerda Consuelo. “Muchos, incluso, no militaban en el Partido Comunista, simplemente nos ayudaban. Lo llevaba de un lado a otro para evitar que lo mataran”. Por recomendación de ella, así como de amigos y de las directivas del PCC, estuvo varias veces fuera del país. Pasó por México, Alemania Democrática, Cuba y la Unión Soviética, pero siempre regresaba. Ella recuerda cómo le aliviaba su migraña verlo salir en un avión hacia algún destino en el extranjero, pero también cómo le angustiaba su regreso.
Vivir solo fuera del país, agobiado por el riesgo que corría su familia y las condiciones que padecían sus compañeros de causa política, no era su opción de vida. Confiaba en que soplarían vientos a favor. En el último retorno y semanas antes de su muerte se expresaba ilusionado: “Tenemos todos los días el alma destrozada por la muerte de los mejores amigos y compañeros, pero tenemos optimismo de encontrar la luz al final de este oscuro túnel”.
Sin duda era alguien que veía con ojos de esperanza aquello que otros se obstinaban en mostrar con total fatalismo. Pero así era él, un soñador, inspirado tal vez en las tonadas de su padre, el maestro de música Jaime Santamaría. Animado por ese optimismo, regresó por última vez al país. Según el periodista Roberto Romero Ospina, volvió “para organizar la campaña presidencial de su amigo del alma, Bernardo Jaramillo, y ser suplente en un escaño para el Senado”. Pero la persecución sin tregua que padecía la UP también se llevó por delante a Jaramillo: fue asesinado el 22 de marzo de 1990.
La ráfaga disparada contra Santamaría silenció la vida de un espíritu rebelde que se forjó en la agitada década del sesenta, cuando el futuro líder del PCC apenas llegaba a la mayoría de edad. Sus lecturas sobre el marxismo-leninismo, los viajes de estudio a diferentes países de Europa Oriental y a la Unión Soviética, la agitación social y política en América Latina, y las eternas conversaciones sobre estos temas con su esposa, sus amigos y contertulios forjaron su camino político.
Sus intereses académicos también estaban puestos en las ciencias exactas, por lo que se matriculó en el programa de Química de la Universidad de Antioquia en 1965. En esos años, el activismo estudiantil era intenso, las protestas contra las políticas estatales que afectaban la educación pública bullían en todo el país y Santamaría se había convertido en un protagonista de primera línea, destacándose por sus discursos emotivos y su capacidad de convocar a los jóvenes.
“En esa época la juventud era muy rica ideológicamente”, dice su esposa. Para esa época, ella estaba dedicada al “teatro revolucionario” interpretando a dramaturgos marxistas. “Yo hacía parte del club obrero-estudiantil de integración juvenil”, recuerda. Ambos coincidieron en la JUCO, donde forjaron una profunda relación que combinó amor y política por más de veinte años.
Los estudios de Química terminaron abruptamente para Santamaría en 1968 cuando fue expulsado de la universidad por liderar asambleas estudiantiles. Su inquietud académica no se frenó allí. Pese a que este centro de estudios envió referencias académicas negativas a diversas instituciones públicas de educación superior en el país para que no lo admitieran, la Universidad Autónoma Latinoamericana decidió recibirlo y se matriculó en el programa de Ingeniería Industrial.
Este centro de educación superior, fundado en 1966 por un grupo de docentes y estudiantes que abandonaron la Universidad de Medellín en rechazo a la pésima calidad académica y el maltrato de las directivas, se convirtió en espacio de reflexión crítica sobre temas políticos, sociales, culturales y económicos, y se nutrió de diversas corrientes ideológicas, lo que enriquecía las discusiones académicas, el activismo y la protesta social. Allí también se destacó Santamaría, no solo como estudiante, sino como docente.
Para finales de la década del sesenta y comienzos del setenta, estaba dedicado a sus cursos de ingeniería, pero también a trabajar con distintos sindicatos en el país. El compromiso con la clase obrera era profundo. Su esposa recuerda que “él era de la corriente de académicos del Partido”, lo que le permitía entablar diálogos con diversos sectores sociales y participar en agitadas movilizaciones. En un semblante escrito a propósito de la conmemoración de los 25 años de su asesinato, Romero Ospina resaltó su paso de la JUCO al PCC a mediados de la década del setenta, “donde descolló con fuerza llegando a ser dirigente regional y a quien se le veía en todas las comarcas”.
Pero los tiempos de agitación social y política traen consigo una labor sistemática de vigilancia y control por parte de funcionarios de organismos de seguridad del Estado sobre quienes se destacan en las marchas callejeras, en los mítines estudiantiles y obreros, así como en las actividades políticas y académicas en las que se abordaban temas relacionados con la evolución del comunismo internacional. Investigadores infiltrados en huelgas, centros educativos, sindicatos, partidos político de izquierda, organizaciones barriales y asociaciones campesinas, entre otras, redactaban informes secretos, incluso a mano, que describían no solo los hechos, sino los discursos y quiénes los pronunciaban. También recogían los volantes que se repartían en las calles promoviendo la revuelta social. Todo ese material se iba acumulando en las oscuras oficinas del DAS, la Policía e Inteligencia del Ejército.
Sendos informes de esos que hoy se encuentran archivados en diversos repositorios son testigos silenciosos de las tareas encomendadas a los investigadores policiales y militares. Uno de esos documentos, fechado el 2 de junio de 1969 y elaborado por el Grupo de Orden Público del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Seccional Antioquia, ofrece una visión clara sobre las órdenes que recibían los investigadores. (<a href=»https://verdadabierta.com/wp-content/uploads/2018/02/Archivo-UP-Santamaria.pdf»>Descargue el informe</a>)
“En cumplimiento a la orden verbal impartida por la Jefatura de Orden Público de esta repartición relacionada con identificar a los elementos que participaron como activistas y agitadores en el reciente problema y disturbios estudiantiles efectuados en esta ciudad, se adelantaron averiguaciones encaminadas a tal fin”.
El documento lo elaboraron cinco detectives, quienes firmaron solo con la huella del dedo índice y se identificaron con los números 1812, 2032, 2000, 2206 y 1322.
Consuelo, la esposa del diputado asesinado, recuerda aquellos años. “A nosotros nos allanaban cada rato. Buscaban siempre documentos, pero nunca encontraron nada en nuestra casa”. Ambos estaban ya bajo observación y seguimiento desde finales de la década del sesenta por los organismos de seguridad del Estado. De hecho, uno de los resultados de aquella tarea investigativa adelantada por el DAS fue la reseña de Santamaría:
“GABRIEL JAIME SANTAMARÍA MONTOYA, C.C. 8238231 de Medellín, nació el 20 de noviembre de 1946 en Medellín, el día 31 de mayo de corriente año cuando participaba en una manifestación estudiantil programada por los consejos de las Universidades Nacional y Antioquia; SANTAMARÍA MONTOYA portaba la bandera de EE.UU. gritando abajos a Rockefeller, a la cabeza de un grupo de estudiantes que respondían animadamente los gritos haciendo un recorrido por las principales calles de la ciudad. La policía disolvió el tumulto e impidió que el pabellón fuera quemado. No se estableció la universidad a la cual pertenece. Ha sido retenido varias veces por su activa participación en mítines violentos”.
La tarea encomendada a los cinco detectives era una reacción a las expresiones de rechazo de diversos sectores sociales, sindicales, estudiantiles y políticos a la visita del entonces gobernador del estado de New York, Nelson Rockefeller, a Colombia, como parte de una gira por varias naciones de América Latina, en representación del presidente Richard Nixon. La visita generó múltiples protestas, con saldos trágicos en algunos países y cancelación de la agenda en Venezuela, Perú y Chile, por considerarla inconveniente.
El sentimiento de rechazo en Medellín quedó consignado en multitud de volantes y pequeños órganos informativos, como Eco Sindical, producido por el Sindicato de Trabajadores de Empresas Públicas de Medellín. El 16 de mayo de 1969, días antes de la visita divulgaron su punto de vista: “En América Latina se levanta un poderoso movimiento antimperialista que ya no se detendrá nunca, hasta la derrota final y definitiva de los monopolios norteamericanos”. Este tipo de arengas estimulaban a las juventudes que salían a las calles.
Pero los efectos represivos que impuso el entonces presidente de la República Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) fueron bastante drásticos en ciudades como Bogotá y Medellín, donde se registraron intensos disturbios. En la capital antioqueña piquetes de la Policía dispararon de manera indiscriminada contra los manifestantes. Para contrarrestar las protestas, el gobierno ordenó a la fuerza pública tomarse los campus de la Universidad Nacional, en la capital del país, y la Universidad de Antioquia. Ambas cesaron actividades durante mes y medio.
En el recuerdo de la esposa de Santamaría está aquella toma de la Universidad de Antioquia por parte de las autoridades. “Para esa época el campus era abierto, no tenía mallas, y los estudiantes se habían congregado en varios bloques, dispuestos a no dejarse sacar. Los militares la tenían rodeada y se temía que los mataran. La noticia le llegó a Jaime, el papá de Gabriel Jaime, y se fue hasta allá y conversó con uno de los oficiales al mando de la operación. A través de un megáfono llamaron a Gabriel Jaime para que saliera, que allí estaba su padre. Y él salió, a regañadientes”.
Pero el activismo del futuro diputado no paró allí, por el contrario, se fue consolidando poco a poco dentro del PCC, hasta llegar a cuadros directivos del partido. Desde esa posición privilegiada y ya finalizando la década del setenta se embarcó en un proyecto de gran envergadura: mostrar el rostro de los guerrilleros de las Farc a distintos sectores políticos tradicionales de Antioquia y hablar de la dejación de armas. “Lo hizo mucho antes que se dieran los diálogos con el presidente Belisario Betancur”, afirma su esposa.
Santamaría tenía buenas relaciones con células guerrilleras en el Urabá antioqueño y allí viajaba constantemente a hablar de paz. Una de las fotos, rescatada por su hija, Luisa, para el proyecto “Álbumes de memoria y narraciones visuales. Galería Unión Patriótica”, muestra a su padre con un guerrillero y a su lado Fabio Valencia Cossio, líder político del Partido Conservador en Antioquia. La imagen tiene un escrito a mano: “Diálogos de acercamiento con las Farc Urabá con invitados especiales”.
A la par de sus visitas a los campamentos a hablar de paz, comenzaron a llegar los panfletos amenazantes. “Eran frases escritas con letras de periódicos”, recuerda Consuelo, y se lamenta de no haber guardado uno de esos volantes. Pero también se intensificaron los seguimientos de los organismos de seguridad del Estado y de aquellos que se oponían a cualquier diálogo con las Farc.
Eran los tiempos del Estatuto de Seguridad impuesto por el presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) a través del Decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978 al amparo del estado de sitio, que se sustentaba en la alteración del orden público y la seguridad ciudadana. La decisión estatal reforzó los conceptos del “enemigo interno”, les otorgó amplias funciones y facultades a los organismos de seguridad del Estado, permitió que civiles fueran juzgados en tribunales militares a través de los llamados consejos de guerra verbales y endureció las penas de cárcel a quienes participaran en manifestaciones estudiantiles, paros cívicos y huelgas.
La “amenaza comunista” cobró nuevos bríos y todos aquellos que promovían sus ideas eran considerados “elementos peligrosos”. Además, el Estatuto de Seguridad promovía la participación ciudadana en las tareas de la fuerza pública, lo que puso un ingrediente conflictivo en las relaciones personales y se incrementó la desconfianza colectiva. Los gremios económicos reforzaron esas ideas: “Queremos hacer explícito reconocimiento de la obra reparadora de las Fuerzas Armadas, que en su encargo de defender la nación, deben tener el apoyo solidario y permanente de todos los estamentos sociales”, registró el diario El Tiempo el 3 de marzo de 1979.
Los abusos en los que incurrieron las fuerzas de seguridad del Estado comenzaron a recibir críticas de diversos estamentos, incluidos militares en retiro, altos prelados de la Iglesia Católica y Senadores de la república. La medida del estado de sitio y, por ende, el Estatuto de Seguridad, fue desmontada en junio de 1982, dos meses antes del fin del gobierno de Turbay Ayala. Atrás quedó una estela de torturas y desapariciones forzadas.
Con la llegada de Belisario Betancur a la Casa de Nariño el 7 a agosto de 1982, se impuso un discurso radicalmente contrario al de Turbay Ayala. Se abrieron las expectativas por una solución negociada a la confrontación armada con las guerrillas y proliferaron por todo el país las “palomitas de la paz”. Las actividades de Santamaría en los campamentos guerrilleros se vieron avaladas, lo que estimuló aún más su trabajo político, adhiriéndose a la UP como cuota del PCC. Corrían nuevos aires y la visión optimista de este líder político se fortalecía.
Pero el aire se fue viciando con la inconformidad de sectores políticos, económicos y estatales, sobre todo de militares y policías, quienes se sintieron respaldados por los nacientes grupos paramilitares en el Magdalena Medio, y se inició la cacería contra todos los que tuvieran relación con la UP. En medio de esa zozobra, Santamaría recibió sus primeros escoltas, y sus últimos cinco años estuvo bajo cuidados de los organismos estatales, pero también bajo observación, tal como lo reportaron en sus informes a finales de los sesenta.
«Yo desconfiaba mucho de los escoltas”, dice ahora Consuelo. “Fue tanta mi preocupación por Gabriel Jaime que alguna vez me dijeron que yo era más escolta que los escoltas, situación que preocupaba a mi esposo, quien decía que yo era demasiado dura con ellos”. Su inquietud aumentó días antes del asesinato, cuando le cambiaron un escolta. “El que llegó no me gustaba”, recuerda.
Y sus sospechas se hicieron realidad aquella tarde del 27 de octubre de 1989, cuando el sicario Marco Antonio Meneses, protegido por el personal de escoltas del DAS, ingresó al recinto de la Asamblea Departamental, pasó los controles de ingreso sin ningún problema, subió al segundo piso y sin asomo de vacilación apuntó a la cabeza del diputado Santamaría y descargó una ráfaga con la subametralladora Ingram.
El cuerpo del líder político de la UP fue velado durante tres días en la Asamblea y luego, bajo una intensa lluvia, llevado en su última marcha callejera por el centro de la ciudad hasta el cementerio San Pedro, donde lo despidió su familia, junto a sus amigos más cercanos y sus correligionarios. Así llegó a su fin un hombre que desde muy joven estuvo bajo observación. Un cielo gris y lúgubre extendía un sombrío augurio sobre el futuro del país.
Esta crónica hace parte del libro “Memorias: 12 historias que nos deja la guerra”, una iniciativa de Consejo de Redacción y la Fundación Konrad Adenauer. Invitamos a leer todas las historias en la versión digital del libro.
Este documento es producido por VerdadAbierta.com con base en archivos tomados del Proyecto Guerra Sorda (CODI, UdeA, 2014)
