Saber lo que ha pasado en un conflicto armado es una de las principales tareas de cualquier comisión de la verdad. En el caso de Colombia, la misión está frente a una guerra que ha durado cuando menos 50 años, si se calcula desde la fundación de las guerrillas de las Farc y el Eln. Pero lo difícil no solo está en cómo encontrar esa información, sino en definir quién la guardará porque tendrá un su poder una herramienta eficaz para hacer justicia y memoria sobre lo que pasó durante la confrontación armada.
Una mirada a varias de las 17 experiencias de comisiones de la verdad que han existido en el mundo desde 2001 puede ofrecer algunas claves para saber qué hacer en Colombia con respecto a la memoria documental.
En Perú, dos años después de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregara su informe, 150 oficiales fueron enjuiciados por los casos derivados de esta investigación y esa misma información sirvió para identificar que el Partido Comunista Sendero Luminoso era responsable del 54% de las desapariciones y asesinatos. En Chile se identificaron 14 tipos de tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet. En Uganda se documentaron más de 300 casos de desaparición y en Guatemala, con un solo documento que identificó a más de 180 víctimas, se develó la existencia de una estrategia política para desaparecer ciudadanos aparentemente opositores al gobierno. (Descargue el documento de Guatemala en PDF)
Además de ayudar a la justicia, las verdades también sirvenpara recordar lo que pasó y reparar a las víctimas, sostiene el español Ramón Alberch, fundador de la organización internacional Archiveros sin Fronteras y uno de los cinco expertos internacionales que asesora en Colombia, desde principios de este año, al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). A su juicio, en la mayoría de los casos los archivos han sido definitivos en las comisiones de la verdad porque muchas veces los testimonios que estas recopilan son contradictorios, mientras que un documento es más contundente.
Cuando han intentado saber qué pasó en otras partes del mundo, uno de los mayores obstáculos ha sido la actitud de los gobiernos y la Fuerza Pública, de donde provienen los principales archivos. En la búsqueda de la verdad cualquier papel, fotografía, video o audio puede ser fundamental. En entrevista para el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la especialista norteamericana Trudy Peterson, quien trabajó 24 años con los Archivos Nacionales de Estados Unidos, puso como ejemplo una experiencia vivida en Perú: “Recuerdo que durante la Comisión de la verdad, leí un artículo en que se le preguntaba a la gente de la calle qué pensaba del reporte de la Comisión y un hombre respondió: ‘Ellos no me dijeron que pasó con mi hermano’. Y esa es la verdad, aunque haya una comisión de la verdad, los documentos son esenciales para empezar a seguirle la pista de lo que pudo haber pasado con alguien que desapareció”.
“Generalmente el gobernante sólo se preocupa por cómo lo puede afectar un archivo y no lo ve en positivo, como algo para construir memoria”, explica Alberch. Una de las primeras reacciones de las instituciones del Estado en las primeras fases de la época de posconflicto es proceder a la destrucción masiva de documentos, con lo que se pretende borrar toda huella de sus estrategias de control de la seguridad que, en muchos países, generaron graves violaciones a los derechos humanos.
En Argentina, por ejemplo, “se dio orden de quemar todos los archivos antes de que los militares abandonaran el poder y se hizo a conciencia”. Así lo narra Priscilla Hayner, cofundadora del Centro Internacional para la Justicia Internacional (ICTJ), en su libro Verdades innombrables. En Guatemala, la extinta Policía Nacional guardó más de 12 millones de documentos, que de ponerse en línea recta uno detrás de otro medirían casi 8 km. Estos fueron encontrados por casualidad en 2005, durante un procedimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos de ese país en una vieja edificación de la ciudad de la capital guatemalteca.
El tema es tan importante que desde La Habana, Cuba, sede de las negociaciones entre la guerrilla de las Farc y la administración del presidente Juan Manuel Santos, para terminar con 50 años de confrontación armada, voceros del grupo insurgente solicitaron el pasado 4 de marzo la apertura de los archivos estatales y la desclasificación definitiva de la información reservada sobre los asuntos relacionados con el conflicto y su persistencia, lo que, a su juicio, contribuiría con el esclarecimiento de la verdad.
De allí la importancia de qué hacer con la información que se recopile en una eventual comisión de la verdad en Colombia. El gobierno ya tomó una parte de la decisión en 2011 al designar al Centro Nacional de Memoria Histórica para esta tarea.
En quiénes confiaron los otros
Cuando la comisión de Guatemala entregó su informe, a Kate Doyle una de las investigadoras le llegó una lista con la reseña y fotografía de más de 180 desaparecidos por la Policía. Luego, esta se conoció como Diario Militar. Foto: VerdadAbierta.com.
En 1992, los alemanes se la jugaron por el Estado, para que guardara 40 millones de documentos, miles de grabaciones y fotografías sobre lo que pasó en la dictadura de la República Democrática Alemana, que vigiló a los ciudadanos a través de una compleja red de espías e informantes articulados al Ministerio para la Seguridad del Estado, conocido como la Stasi.
Seis años después, el parlamento germano siguió las sugerencias de las dos comisiones de la verdad que habían existido hasta el momento y creó una fundación para discutir sobre la dictadura y guardar los archivos recopilados, que hasta entonces estaban en su poder. Hoy, gran parte de esa información está publicada en internet y en el museo de la Stasi en Berlin, que es frecuentemente consultada por víctimas del régimen comunista para obtener pruebas que son llevadas a los estrados judiciales en busca de una reparación. (Leer: Los ‘muros’ que tendrá que derribar Colombia para el posconflicto y “Si quieres una democracia real, los ciudadanos deben tener datos”)
“En Alemania, los archivos los guarda el Estado, pero porque la gente confía. En gran parte debido a que el director (comisionado federal) de los archivos es elegido por mayoría en el Parlamento. Cada candidato tiene que mostrar que es la persona más preparada, ecuánime, con un currículo limpio, con un pasado de primera y que no hay dudas de su probidad”, detalla Alberch.
El Archivo de la Stasi es independiente de cualquier estamento político y define sus propias líneas a seguir. Una muestra de lo que significa estar a la cabeza de esta institución es que su primer director, Joachim Gauck, es el actual presidente de Alemania.
Pero no todos los casos en los que le dieron potestad al Estado han sido exitosos. En Bolivia, el Ministerio del Interior era la cabeza de la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados, pero hoy no se saben dónde están los documentos que recopilaron.
En Chile se le entregó el reporte al entonces presidente Patricio Aylwin y luego toda la información pasó al Ministerio del Interior. Actualmente, los registros se reservan para uso oficial. Sólo existe una “copia genuina” de la investigación, que está en manos de la organización no gubernamental Corporación Justicia y Democracia, puesto que a todos los archivos manejados por otras entidades le agregaron o borraron partes.
Otra alternativa es confiar en organismos internacionales. En El Salvador los jesuitas impidieron la idea inicial de crear un cuerpo académico en Estados Unidos, con participación de salvadoreños, que tuviera los archivos. Al final, la información fue enviada para la custodia del Secretario General de la ONU, establecido en Nueva York, y desde entonces está restringida para usos de investigación.
Difusión y pedagogía
Ramón Alberch es uno de los seis expertos (incluyendo al colombiano Gonzalo Sánchez) que conforman el Comité Asesor Internacional del CNMH. Foto: Cortesía del Centro de Memoria Histórica.
Alberch cree que más que dónde guardar los documentos, lo principal es cómodifundirlos. “Se debe utilizar una pedagogía para que el ciudadano tome conciencia de lo que pasó”, indica.
En Sierra Leona se hizo una versión infantil de los resultados de la comisión. En Perú, un libro de fotografías y un resumen de los principales hallazgos de su comisión de la verdad fueron distribuidos durante cinco semanas como suplemento de un periódico de amplia circulación nacional. En Nigeria se trasmitieron en vivo las sesiones de la comisión durante todo un año.
“En España recuerdo mucho un documental que nos pasaron cuando estábamos en bachillerato. Éramos unos niños que veíamos la guerra civil como algo pasado, pero al ver eso nos dimos cuenta que las consecuencias llegaban hasta nuestros días”, recuerda Alberch.
En Colombia casi todo el camino está por recorrer. El CNMH está construyendo una política pública para el manejo de archivos (descargue versión PDF y todavía no se ha conformado una comisión de la verdad. Su tiempo es limitado puesto que por ley sólo va hasta 2021. Aun así, Alberch considera que el CMH es quizá el organismo en el mundo que tiene mejor estructuradas sus políticas y le da “mucho mérito” al caso colombiano pues “es uno de los pocos países en donde las iniciativas de archivos han venido del gobierno” (lea ‘Los archivos de la Operación Sirirí’). En cuanto al tiempo, dice que no le preocupa puesto que el Archivo de la Stasi también tenía un límite y lo han prolongado tres veces desde 1996.
Además, este experto califica como “algo único” el hecho de que en Colombia se quiera restituir tierras, reparar a las víctimas y recuperar la memoria sin que el conflicto haya terminado pues en otros casos hubo una ruptura para empezar a hacer esto. “En España se acabó la guerra civil y luego se intentó reparar. En Alemania, finalizó la guerra mundial y se buscaron en un sólo país los que antes estaban divididos. En Argentina, se terminó la dictadura y empezó la democracia. Pero en Colombia todo sigue en marcha”, indica.
A pesar de los buenos pronósticos existen dificultades que preocupan a los expertos. Trudy Peterson señala que el reto más grande es saber dónde están los archivos de las guerrillas y los paramilitares, mientras que al CNMH “le llama la atención” el aumento de la reserva del sumario de 30 a 45 años sobre documentos judiciales, a lo que se debe agregar la presunta desaparición de los archivos del DAS que muestran los excesos que cometió al investigar a ciudadanos, miembros de la Justicia y opositores al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
La discusión apenas empieza y, a diferencia de otros países, se deberá resolver en medio del conflicto, lo que es un avance, pero también un gran riesgo.
