La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) promete revelar información del conflicto armado que no se ha conocido hasta ahora. Para lograrlo, tiene entre sus tareas acceder a datos de archivos de inteligencia y contrainteligencia de la Fuerzas Pública y a todo tipo de documentos del Estado que hasta ahora han sido reservados. Así lo determinó el Decreto 588 del 5 de abril de 2017, con el cual se creó esta instancia: “la CEV podrá requerir de las instituciones públicas la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna”.
Pero llevar esto a la realidad será más complicado de lo que muchos piensan. Hasta ahora en Colombia no ha sido nada fácil acceder a archivos estatales y tampoco está garantizada su seguridad, como ocurre con la documentación de todas las interceptaciones ilegales que hizo en su momento el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra magistrados, periodistas y activistas sociales, contradictores del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), hoy senador por el partido Centro Democrático.
El DAS y la gran conspiración contra la justicia
Cerca de 11mil cajas están guardadas en el Archivo General de la Nación desde 2014, a la espera que se defina qué entidad deberá conservarlos y qué información se debe eliminar. Sin embargo, durante la espera ya han desaparecido documentos clave para entender el procedimiento de la institución de inteligencia, como ocurrió con todo lo relacionado con las interceptaciones realizadas a la periodista Claudia Julieta Duque.
Es por esto que las víctimas insisten en la importancia de hacer todo lo que se pueda para proteger esos archivos y una de las vías para ello es que se levante la reserva de los documentos o por lo menos que se garantice que la Comisión de la Verdad sí tendrá un acceso real a ellos y sean públicos.
“No vemos qué sentido tiene que la CEV pueda acceder a archivos, si dicha información no podrá publicarse, reproducirse y, en realidad, se mantiene una reserva sobre la misma que atenta contra el derecho de la sociedad a saber la verdad, como presupuesto de la no repetición de los más graves crímenes”, aseveró el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) en una intervención que presentó el pasado 12 de mayo ante la Corte Constitucional. Actualmente, ese alto tribunal estudia si el Decreto 588 está ajustado a la Constitución. (Descargar Decreto)
La norma, creada bajo los acuerdos firmados entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc para poner fin a la confrontación armada, establece que cuando la “información, archivos, documentos o datos requeridos por la CEV correspondan a información clasificada, calificada o reservada, la institución poseedora deberá aportar, junto con la información requerida, un reporte en el que sustente la reserva o la clasificación, de acuerdo a las siguientes reglas: i) hacerlo por escrito; ii) precisar las normas jurídicas que sustentan la reserva o clasificación; iii) argumentar si existe un riesgo presente, probable y específico de dañar el interés protegido que sustenta la restricción de la información y iv) demostrar el daño que puede producirse con la publicidadde estos archivos e información”.
El Decreto también previó la posibilidad de que a la Comisión no le entreguen la documentación solicitada, razón por la cual determinó que “la negativa o negligencia de un funcionario o servidor público que impida o dificulte el desarrollo de las funciones de la CEV constituirá causal de mala conducta”.
Fuerza Pública puja por la memoria histórica
Asimismo, estableció que aquella información que tiene reserva legal “podrá ser utilizada por la CEV en el cumplimiento de sus funciones, pero no podrá ser pública”, y la Comisión deberá garantizar “por escrito su reserva legal, seguridad y protección de la información, especificando la imposibilidad de su reproducción en forma mecánica o virtual”.
Ante esas restricciones, el Cajar aseguró ante la Corte Constitucional que “no tiene ningún sentido que la información de la que conozca la CEV no pueda ser publicada” pues así la Comisión solo archivaría la información, pero no cumpliría con su deber primordial: el de dar a conocer la verdad a las víctimas y al país. Además, la legislación colombiana ya ha dicho que ningún archivo que contenga datos sobre violaciones a derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario podrá ser reservada.
“Lo lógico es que si se levanta la reserva, el documento pueda ser conocido públicamente”, afirmó Soraya Gutiérrez, integrante del Cajar y vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado que participó en la intervención ante la Corte.
Las víctimas han insistido de múltiples maneras que para que la Comisión de la Verdad funcione a plenitud, deberá tener acceso a los archivos oficiales, pues esa información ayudaría a develar los “modos concretos de dicha criminalidad” en temas como persecución a la oposición política o a los defensores de derechos humanos, que son precisamente uno de los objetivos por esclarecer que tiene esta instancia transicional.
Este debate no es menor. Tanto la Corte Constitucional como el decreto que creó la Comisión de la Verdad y el mismo Acuerdo de Paz reconocen la importancia de los archivos para saber realmente qué ha pasado en las últimas décadas en relación con el conflicto armado.
¿Están destruyendo archivos?
Cada guarnición militar encargada de labores de inteligencia y contrainteligencia tiene una comisión propia para depurar los archivos pero esto debe ceñirse a la Ley y a las recomendaciones de la Comisión de Depuración. Foto: archivo Semana.
Pese a la importancia que tiene esta documentación, su riesgo es inminente. Desde el año pasado corren rumores entre las organizaciones de derechos humanos de que sectores militares están destruyendo archivos antes de que opere la Comisión de la Verdad, pero nada de esto se ha comprobado ni nadie habla con mucha precisión sobre el tema.
La única entidad que hizo referencias al respecto fue la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia en su informe sobre la situación del país en 2016: “El Gobierno indicó a la Oficina que las Fuerzas Militares han ‘depurado’ información de sus archivos. Preocupa que esto se ha hecho antes de ser avaladas y formalizadas las recomendaciones de la Comisión Interinstitucional de Depuración, generando el riesgo de que se pudieran haber eliminado evidencias de violaciones de derechos humanos”.
La instancia a la que hace alusión la ONU es la Comisión Asesora para la Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, creada por la Ley 1621 de abril de 2013 con el fin de revisar cuál era el estado de los archivos que han recopilado durante años las Fuerzas Militares y hacer recomendaciones al respecto.
De esa Comisión hicieron parte el Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de Memoria Histórica, la Defensoría del Pueblo, organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado, un experto en el tema y un representante de la sociedad civil. Todos ellos acompañados por la Procuraduría General de la Nación.
Entre sus tareas estuvo la producción de informe durante los años 2015 y 2016 dirigido a la Presidencia de la República que estableciera los criterios de permanencia de datos y archivos de los organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado, así como el destino de aquellos documentos que sean excluidos de las bases de datos.
La tarea de la Comisión Asesora para la Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia culminó el 21 de julio de 2016, cuando presentó su informe al presidente Juan Manuel Santos, que sería la base para crear un sistema de depuración. A pesar de que la Ley 1621 le ordena al mandatario hacer público el documento, pasados diez meses no se ha cumplido con la norma y el contenido es todo un misterio.
El tema de archivos documentales estatales, sobre todo aquellos que podrían reflejar conductas violatorias de los derechos humanos, no ha sido fácil ni siquiera para esta Comisión. De acuerdo con diversas fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, su trabajo se tuvo que hacer en términos muy generales.
Miles de documentos reposan en anaqueles y sistemas digitales bajo la custodia de la Fuerza Pública. La pregunta es: ¿se conocerán algún día? Foto: Juan Diego Restrepo E.
“No tuvimos acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia, por eso formulamos unos criterios teóricos y no prácticos de cómo debe ser la permanencia, el retiro y el destino de los archivos”, señaló uno de los miembros de la Comisión de Depuración, quien pidió la reserva de su nombre.
Sobre la advertencia que lanzó la ONU, la misma fuente explicó a este medio que la palabra depuración no necesariamente significa destruirlos. “Incluso la regla general es no destruirlos: algunos son para hacerlos públicos porque ya perdieron vigencia; otros, para trasladarlos a archivo de derechos humanos, así la documentación sea ilegal, pero para no perder justamente la constancia de que tuvo esa ilegalidad; y otros sí se destruyen, pero controlando las previsiones para que quede una constancia”.
En teoría era eso lo que debió haber recomendado la Comisión de Depuración, qué se depura y cómo se depura, pero ni ellos tuvieron acceso a los archivos para poder hacer a plenitud su trabajo ni Presidencia ha dado a conocer el informe ni es de público conocimiento en qué estado va la depuración en cada guarnición militar.
La pregunta que se hacen diversas organizaciones sociales es: si esas restricciones se presentaron con una comisión creada por ley, liderada por un representante del Presidente de la República, ¿qué podrá pasar con la Comisión de la Verdad?
Desde mayo de 2016, Michael Evans, conocedor de Colombia, investigador del National Security Archive (NSA), con sede en Washington, y especialista en desclasificación de archivos, advirtió su preocupación al respecto. A su juicio, puede suceder que “los grupos investigativos del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición enfrenten los mismos obstáculos de acceso a la información […] pues no hay nada que sugiera que las Fuerzas Armadas están preparadas para desclasificar la información”.
Luces y sombras del nuevo archivo sobre el conflicto armado
Ante los temores que suscitan las restricciones de acceso a la información de inteligencia y los rumores cada vez más fuertes de destrucción de archivos, organizaciones como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) han insistido en que se garantice la protección de los archivos y su desclasificación.
En ese sentido se pronunció el pasado 5 de abril, durante la firma de los decretos que crearon la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad: “exigimos al presidente de la República que haga efectiva la facultad que le otorga la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia para desclasificar dichos archivos. Este es el momento para que demuestre su compromiso con la reconciliación. La apertura de los archivos de inteligencia contribuye al efectivo ejercicio de los derechos de las víctimas del conflicto, así como a la construcción de la memoria individual y colectiva”.
Guardar la memoria
Parte del trabajo de la Comisión de la Verdad es definir dónde se guardarán los archivos que nutran su tarea de esclarecimiento histórico. Foto: Juan Diego Restrepo E.
Otra de las inquietudes que se discute en los entornos del tema de archivos relacionados con violaciones a los derechos humanos es dónde y cómo se guardará toda la información que obtenga la Comisión de la Verdad. En la actualidad, no están centralizados en un mismo lugar ni son guardados por una única institución, todo lo contrario, están dispersos según quién los haya producido.
La Fuerza Pública, siguiendo la ley, guarda los archivos de inteligencia y contrainteligencia que todavía tienen reserva; algunos que ya tienen la reserva levantada se conservan en el Archivo General de la Nación, entre ellos los del DAS; el Centro Nacional de Memoria Histórica publica en su sitio web documentación relacionada con el conflicto armado, pero producida por las mismas organizaciones sociales y no por los militares; mientras que las organizaciones sociales y cada víctima tienen sus archivos particulares.
Un espejo de lo que puede ocurrir se presenta con los miles de registros documentales generados en los estrados del sistema de Justicia y Paz, creado por la Ley 975 de 2005, a través del cual se juzga a los paramilitares y guerrilleros que se acogieron a sus beneficios penales. Hasta el momento, todavía no existe una directriz clara sobre cómo se deben guardar todos los archivos que se han producido durante este proceso de justicia transicional.
¿Qué pasa con los archivos de Justicia y Paz?
El Decreto que crea la Comisión de la Verdad estableció que una de sus funciones será precisamente definir “la entidad que será depositaria de sus archivos y que los custodiará”, sin especificar si le dará esa responsabilidad a alguna de las instituciones que ya trabaja en el tema o creará un centro de archivos donde se centralice toda la información a la que tenga acceso.
La última palabra al respecto dependerá de los comisionados, quienes están en proceso de elección. Serán ellos los que deberán “establecerlos protocolos, lineamientos y demás aspectos necesarios, para la entrega de archivos en custodia a la entidad que decida, para asegurar su preservación”.
Mientras pasan todos estos trámites, se agita el debate sobre los alcances de que tendrá la Comisión de la Verdad y del nivel de acceso que podrá tener en el mar de información que por más de 50 años ha producido el estamento militar y policial, clave para conocer la otra cara de la guerra en el país.
Nota de la redacción: VerdadAbierta.com intentó contactarse con Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y referida por varias fuentes como la funcionaria gubernamental encargada en el tema de archivos, pero no fue posible obtener su opinión debido a sus ocupaciones.