Mes: noviembre 2015

Aquí había un caserío
Aquí era el campo donde jugábamos béisbol
Este era el colegio
Por aquí estaba una casita
Aquí daban hasta quinto año de primaria
Aquí se hacían las fiestas
Había que hacerlas de aquel lado
Venían de Mampuján, San Pablo, Palenque, San Cayetano, Las Brisas, Arroyohondo.
Colindábamos hasta allá, hasta Las Brisas, en donde hubo la masacre […].
[Uno de los que mataron] era el que ganaba el concurso del ñame más grande que se hacía en San Cayetano…

La Bonga es uno de los caseríos, veredas y municipios que fueron abandonados por sus pobladores, entre el 10 y el 11 de marzo del año 2000, tras la masacre ocurrida en la vereda Las Brisas, conocida como la masacre de Mampuján, en la que fueron sacados de sus casas al amanecer, torturados y asesinados en el campo, 12 campesinos acusados de ser colaboradores de la guerrilla, por parte de los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María. De La Bonga hoy no queda nada. O quedan las fantasmagorías que describen las palabras de sus antiguos pobladores y que ellos llevan consigo, puesto que la memoria es siempre restos de algo. Tal como lo escuchamos en las palabras del hombre de La Bonga, los testimonios orales nombran las cosas en contemporaneidad con sus ruinas, señalándolas. No expresan solo el espíritu de quien las dice sino el de las cosas que ya no vemos. Una es la mirada del hombre que habla, pletórica de pasado; otra es la de quien escucha atentamente y reconoce la presencia y la realidad de lo que se nombra.

Sabemos que “el testimonio le transmite a la historia la energía de la memoria”, en palabras de Ricoeur. Por esa razón, en nuestro trabajo parecemos estar de algún modo llamados a testificar. Lo que ha pasado y está pasando aún en Colombia está exigiendo ser contado y repetido; no solo por sus víctimas, pues eso nos convertiría en espectadores de nuestro propio conflicto; sino también por nosotros, pues está exigiendo que nos convirtamos tambiénen testigos. La memoria del conflicto mira hacia el pasado y escucha; pero también mira hacia el futuro, y transmite de boca en boca; genera de las ruinas un sentido común, enraizado en el habla de las personas. Esta es también una manera de salvar el presente, que siempre se lleva la peor parte en la sucesión de la temporalidad, estrangulado entre el pasado y el futuro: si antes estábamos muy dominados por el pasado, hoy estamos muy exigidos por el futuro.

Aquí no estamos diciendo: “de eso no se habla”; ni decimos tampoco: “nuestra experiencia es innombrable”. Miles de testimonios orales demuestran que se puede hablar de todo, y que aun el silencio es elocuente. La pregunta es: ¿cómo transmitir esa experiencia, para que no sea nuestra memoria histórica simplemente un acumularse incesante de ruinas sobre ruinas, una memoria “tumbada” como la de los muertos de Rulfo?

La oralidad es la fuente en la que beben todas las narraciones, todas las historias. Un testimonio oral, para que sea capaz de ser transmitido de boca en boca tiene implícita una específica idea de memoria. Una experiencia como la nuestra parecería estar reclamando ahora mismo su narrador, su historiador, pero también testigos que sean capaces de transmitirla de boca en boca. Exige crear una comunidad de los que tienen el oído atento, es decir, de gente que sea capaz de escuchar.

Los archivos estatales

Otro tema importante es el de los papeles y documentos que produce un Estado y que se organizan en forma de expedientes. Uno podría preguntarse ¿qué poder tiene una hoja de papel para: los derechos humanos, los reclamos de las víctimas, y la documentación del conflicto?

Una hoja de papel, un papelito impreso tremendamente subversivo cayó en manos de Antonio Nariño. Este, un joven de fortuna, ilustrado, tuvo la osadía de traducir y publicar con sus propios medios ese papelito que había llegado a sus manos, cuyo contenido no era otro que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y que divulgado se convirtió rápidamente en un documento determinante para lo que sería la Independencia de la Nueva Granada y para la construcción de nuestro primer discurso anticolonial y democrático. Desde entonces conocemos el vínculo orgánico que existe entre el documento y la democracia.

Pero esta perspectiva tiene su contracara, pues ese mismo papel inauguró el expediente que se empezó a reunir en contra de Nariño y que determinaría su exilio por traición a la Corona Española y 16 años de prisión. Con lo que se demuestra que los archivos han fungido también como recurso del poder burocrático e imperial. El Foreign Office británico —para dar un ejemplo de magnitud enorme—, probablemente el más sistemático agente de documentación de los poderes coloniales, se convirtió en un factor fundamental de reproducción de la dominación colonial. Pero solo en 2012 supimos de las medidas que se tomaron en Inglaterra para evitar que esos archivos llegaran a manos de los gobiernos de las naciones independizadas del poder imperial. Una de las instrucciones indicaba: “Los archivos heredados no deben dejar tras de sí ningún material susceptible de observación. De hecho, la existencia misma de dichos archivos, aunque pudierasuponerse, nunca debe ser revelada”.

Producir información es producir poder. Ocultar información es establecer privilegios controlados para el abuso. Los sistemas policiales tratan a toda costa de exhibir información y conocimiento como recursos de presión sobre sus vigilados.

En una investigación que adelantaba sobre las sociedades masónicas de principios del siglo XX en Colombia, descubrí que la policía secreta seguía de cerca, entre otros, a los masones. Ritualmente anotaban los agentes: “Fulano entró a las 10am. Salió a las 12m.”. Los agentes secretos probablemente no lograban saber nada de lo tratado en las muy cerradas sesiones masónicas, pero su control de los horarios y los itinerarios creaba una imagen de fragilidad en los vigilados que les permitiría a los policiales obtener más información usando el miedo como recurso.

Sobre los archivos pesan prohibiciones, restricciones y otras barreras de orden político o normativo, pero también en circunstancias especiales pueden estar sometidos a amenazas directas de destrucción: no dejo de mencionar, cuando abordo estos temas, lo que sucedió con el Archivo del Ministerio de Gobierno de Colombia cuando su titular, en 1967, decidió declarar técnica pero también simbólicamente “archivo muerto” a gran parte del archivo de 1949 a 1958 que documentaba precisamente el período de la Violencia. Era una manera gráfica de matar la memoria de la Violencia.

El universo de los archivos, como todo el universo de la memoria, es un campo de disputas. Son evidentes por ejemplo las tensiones entre las reservas que se producen frente al acceso a los archivos para proteger el poder o los poderes, y la necesidad en muchas ocasiones de limitar el uso de los documentos con miras a la protección de los derechos. En suma, los archivos son recursos de poder, pero también pueden ser recursos para el ejercicio de los derechos de las víctimas.

En momentos de turbulencia revolucionaria los archivos del poder en crisis pueden ser destruidos al calor de la ira popular contra los opresores. Eso hubiera podido pasar con los archivos de la Stasi, la policía secreta del regimen comunista en la RDA, tras la caída del muro, pero para fortuna de las víctimas y de la sociedad alemana del futuro, los activistas sociales que se tomaron estas instalaciones decidieron no destruir sino, por el contrario, proteger los archivos que a la postre servirían de base para documentar la subordinación de los individuos al gran aparato represivo y burocrático, ahora en ruinas.

Si el Foreign Office montaba un sistema de control de los territorios coloniales, la Stasi se revelaba como un gran sistema de control de los ciudadanos. Lo que quiero subrayar con esto es que las tareas asociadas a los archivos conciernen no sólo a individuos u organizaciones sino a sociedades enteras.

Por eso también, como una medida de salvamento, se entrega la custodia de estos materiales a figuras o instituciones de alto poder simbólico. En estos días los llamados Archivos del Terror del Paraguay, descubiertos en 1992 por una ONG, fueron entregados en copia a las Naciones Unidas y al Papa Francisco.

Podremos hablar de plena democracia en materia de archivos cuando los expedientes creados para la represión sean transformados en fuentes para el esclarecimiento de las atrocidades cometidas y el restablecimiento de la dignidad atropellada, y cuando las prohibiciones y las alambradas, cuya creación a menudo se impulsa desde los poderes estatales, se forjen para garantizar el cumplimiento de su deber de proteger a las víctimas, y no para facilitar y estimular la impunidad de los perpetradores de flagrantes violaciones de los derechos humanos.

 

Los ministros estaban orgullosos de pertenecer al gabinete del presidente Belisario Betancur. Cuando acabó la retoma del Palacio de Justicia, ese 7 de noviembre de 1985, se felicitaron mutuamente por salvar las instituciones. Ya habían debatido la inconveniencia de la negociación, habían debatido que solo habría cese al fuego si había rendición del M19 y habían silenciado a los medios.

Al mediodía del 6 de noviembre, cuando sonaron los primeros disparos al presidente Betancur le dijeron que alguien se había apoderado del Palacio de Justicia y por eso le ordenó a Víctor G. Ricardo, jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia, que llamara a los magistrados y reuniera a los ministros.

Betancur también ordenó que toda la información se concentrara en la Secretaría General de la Presidencia “con el fin de que lo enteraran de toda novedad en forma minuciosa e inmediata”. En ese momento, la información provenía de la radio, de sus comunicaciones telefónicas  con los magistrados que estaban en el Palacio y de las Fuerzas Militares. Además, el primer mandatario envió a la Guardia Presidencial a acordonar la Plaza de Bolívar.

Casi en simultáneo con la toma, llegaron las Fuerzas Militares al Palacio de Justicia, por orden del jefe de la cartera de Defensa, general Miguel Vega Uribe, como quedó registrado en la constancia de la reunión de los ministros el6 de noviembre. Sólo una hora después, el presidente supo que se trataba de una acción del M-19, pues así lo informó el entonces coronel Miguel Maza Márquez, jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Mientras los ministros llegaban uno a uno a la Casa de Nariño, en la radio se escuchaban las voces de varios magistrados. Algunos de ellos, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, le imploraron a Betancur que ordenara el cese al fuego.

Audio: Caracol Radio.

Sin embargo, la reacción de la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, fue advertirles a las emisoras que no podían transmitir en directo lo que sucedía en el Palacio. Según la constancia, Sanín “dio instrucciones al personal de control de la radio, recordándoles las consecuencias que un mal manejo del medio trajo consigo el 9 de abril de 1948” y enviaron el primer telegrama con olor a censura.

Estas son las palabras textuales del telegrama, transcritas en la constancia del 6 de noviembre de 1985.A los pocos minutos, Fernando Barrero, director del Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión) llamó a la ministra para preguntarle si autorizaba “transmitir por televisión en directo, vía microondas, los hechos del Palacio de Justicia, según solicitud de algunos noticieros”. Sanín respondió que era mejor no cambiar la programación por “las repercusiones en el orden público que podía conllevar una transmisión cuando no había claridad sobre lo que estaba ocurriendo”, según la constancia del libro del Consejo de Ministros.

Fue así como se transmitió el partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena, casi al mismo tiempo que empezaba el primero de los tres incendios en el Palacio de Justicia.

Paradójicamente, Betancur y sus ministros se enteraron de qué quería el M-19 cuando Sanín llamó a Mauricio Gómez, director del noticiero ‘24 horas’, para pedirle que no transmitiera nada del Palacio. Él había recibido un casete de la guerrilla y, antes de reproducirlo, la ministra amplificó la llamada para que todos los que estaban en el despacho la escucharan.

“Procedida por el himno del M-19, la grabación contenía una explicación de la llamada ‘Operación Nariño’, que los terroristas habían empezado a ejecutar, y presentaba como ‘exigencias’ principales la divulgación masiva de sus pretensiones y la realización de un ‘juicio memorable’ al Gobierno, y a las ‘minorías apátridas’ que debía adelantarse con la presencia personal del presidente de la República o de un enviado suyo, juicio que tendría ‘la altura, la grandeza y la fuerza de un acto del nuevo gobierno’”, según quedó consignado en el libro del Consejo de Ministros.

En la misma proclama del M-19, a la que tuvo acceso VerdadAbierta.com, la guerrilla rechazaba que “mediante un impopular y escandaloso tratado de Extradición, se entrega nuestra juridicidad – la más reciente y novedosa de todas las entregas -, que es golpe mortal contra la soberanía nacional”.

Cuando la grabación terminó, los ministros comenzaron a debatir. Una de las decisiones fue censurar a la prensa y enviar el siguiente telegrama, ahora sí con una prohibición explícita.

Estas son las palabras textuales del telegrama, transcritas en la constancia del 6 de noviembre de 1985.Ahora, 30 años después, Sanín sostuvo en conversación con VerdadAbierta.com, que fue el director de Inravisión quien mantuvo la programación “para que no hubiera otro 9 de abril” y que si bien se emitió un partido de fútbol, “cada 10 minutos se transmitía un flash con información de cómo iban las cosas y se presentaba un informe”. Además, la exministra calificó la carta de censura como una “leyenda”.

Ya sin la información de la radio, el presidente insistió “en la urgencia de una comunicación constante con la Corte Suprema y con el Consejo de Estado, y se comunicó por teléfono con el director del DAS para enterarse en detalle sobre lo conocido hasta el momento”. Otra es la versión que rindió ante la Comisión de la Verdad Yesid Reyes, el hijo del entonces presidente de la Corte y hoy ministro de Justicia. Él sostuvo que durante las primeras horas de la toma, su papá y él pidieron varias veces hablar con Belisario Betancur pero este nunca pasó al teléfono.

Nada de negociar

Cuando la grabación acabó, Betancur quería consejos sobre qué hacer y llamó uno por uno a los expresidentes Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana, Julio César Turbay y Alfonso López Michelsen y a los candidatos presidenciales Virgilio Barco, Álvaro Gómez y Luis Carlos Galán. Y es que la decisión no era nada fácil. El hecho de negociar o no, afectaba directamente a los casi 400 rehenes que a esa hora había dentro del Palacio y las operaciones militares que ya estaban en curso, como el ingreso de los tanques y el lanzamiento de rockets.

Sin embargo, en ese momento ningún funcionario ni el mismo Betancur conocían los detalles de la acción de las Fuerzas Armadas pues “no se consultaba cada paso ni la manera como ese paso iba a darse, porque ello correspondía a la respectiva responsabilidad de los mandos militares que lo estaban ejecutando”, a pesar de que sí hubo una coordinación en el sentido de “garantizar el orden público, de mantener las instituciones” y proteger la vida de los rehenes, según declaró Betancur a la Fiscalía en 2006.

La deliberación comenzó y los ministros consideraron que el Gobierno no podía ceder a ninguna de las solicitudes del M-19. “No es el caso proceder a entablar directamente o a través de mediadores, clase alguna de negociación con los asaltantes, porque el solo intento de realizarlas comprometía seriamente la independencia y el funcionamiento regular de los poderes públicos”, se escribió en la constancia.

Con el fantasma de la toma de la Embajada de República Dominicana, con la que el M-19 logró la liberación de varios de sus presos políticos y un vuelo a Cuba, el presidente y los ministros concluyeron que negociar esta vez era un “negativo precedente” que hacía creer que los convencían a punta de asaltos.

En ese momento, cuando ya eran casi las 4:00 de la tarde, el presidente pidió que el ministro Vega; el general Víctor Delgado Mallarino, director de la Policía, y el general Manuel Guerrero Paz, jefe del Estado Mayor Conjunto fueran a la Presidencia. Al llegar, le transmitieron “las noticias por ellos recibidas de los servicios de inteligencia y le informan con detenimiento sobre la situación”, según se registró en la constancia.

El debate siguió, ya con militares a bordo, alrededor de la financiación del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia. Las primeras conjeturas apuntaron a los carteles de drogas, específicamente a Pablo Escobar. Era la época en la que el país convulsionaba por la guerra que habían declarado los narcotraficantes y hacía más de un año habían asesinado al entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

Además, desde septiembre ‘Los Extraditables’ amenazaban con cartas y llamadas a los magistrados de la Sala Penal y la Sala Constitucional de la Corte. Todo por el Tratado de Extradición. Como si fuera poco, el Gobierno ya tenía listas ocho resoluciones para enviar a Estados Unidos a varios narcos y su futuro dependía de lo que las Altas Cortes decidieran justo ese 6 de noviembre. Ante este panorama el presidente y los ministros eligieron no negociar.

“La decisión de no negociar se tomó después de una amplia deliberación, noporque hubiera vacío de poder”, expresó a VerdadAbierta.com el exministro de Gobierno Jaime Castro.

Para ese momento, Reyes Echandía había intentado hablar personalmente con el presidente pero este no le contestaba el teléfono. Entonces, el magistrado habló con Álvaro Villegas, presidente del Senado, para que él le dijera a Betancur que cesara el fuego. El congresista le dio el mensaje al presidente y este no le volvió a contestar sus llamadas, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad.

Sin embargo, luego de la comunicación, “el presidente pidió que, sin ceder en la decisión de no negociar, se ofreciera a los terroristas el respeto a sus vidas e integridad personal y el adelantamiento de un juicio imparcial”, como consta en el libro del Consejo de Ministros.

Habían pasado más de cuatro horas. En el Palacio de Justicia seguían los disparos del M-19, también los de los militares y los rockets de la Fuerza Pública; en la Casa de Nariño optaron por no negociar con la guerrilla pero la petición de Reyes pareció conmoverlos.

El ministro de Justicia, Enrique Parejo, aseguró que el Consejo de Ministros «no fue lo suficientemente informado». Foto: archivo Semana.Después del mensaje, la ministra de Educación, Liliam Suárez, creyó que era procedente dialogar para evitar “en lo posible” la muerte de los rehenes. El ministro Parejo y Sanín también apoyaron la idea de dialogar, sin negociar, para que los guerrilleros se enteraran de las nuevas condiciones que el Gobierno les ofrecía.

Fue así como “el presidente y los ministros decidieron que el cese al fuego sólo se podía convenir si con él se conseguía la libertad de los rehenes y la recuperación del Palacio, pues tal como lo informaron los militares presentes, no se podía permitir que los terroristas se fortificaran todavía más, mejoraran sus posiciones, tomaran la iniciativa y condujeran al Gobierno así a una situación más precaria aún que la que se estabaviviendo”, según el libro del Consejo de Ministros.

En ese momento, salió una nueva comunicación desde la Casa de Nariño hacia el Palacio de Justicia.

La última llamada

“Quien llamara, hablaría con el M-19”, relató Jaime Castro a VerdadAbierta.com. Según él, fue por eso que decidieron que Betancur no se comunicara con Reyes y a cambio aceptaron el ofrecimiento del general Delgado, quien era amigo personal del magistrado.

La llamada entró a las 4:45 de la tarde. Todos los ministros, los militares y el mismo Betancur estaban escuchando cuando al otro lado de la bocina Reyes Echandía informó que con él estaban varios guerrilleros que le apuntaban con metralletas. “‘Nos van a matar’, dijo. Con vehemencia pidió la suspensión del operativo militar. De por medio estaba la vida de todos los rehenes. El general Delgado Mallarino le manifestó que la Fuerza Pública estaba haciendo todo lo posible por su vida y la de los demás, pero que estaban de por medio las instituciones y los deberes para con ellas del Gobierno. Ante la evidencia de que era imposible sostener una conversación en la que el interlocutor pudiera hablar con libertad, (el general Delgado) solicitó que le pasara al teléfono al dirigente de los guerrilleros que lo acompañaba”, dice la constancia.

El día de la toma, el entonces ministro de Gobierno, Jaime Castro, estaba en el debate del Senado sobre la elección popular de alcaldes. Foto: VerdadAbierta.com.Se escuchó la voz de Luis Otero, el guerrillero al mando de la operación. El director de la Policía le transmitió las promesas del presidente sobre un juicio imparcial y el respeto a sus vidas. Otero le respondió que ellos habían ido a ejecutar una operación político militar, “que debía adelantarse a cualquier precio y que los magistrados eran rehenes precisamente como garantía de que ello se cumpliría”. Castro recuerda que el guerrillero también afirmó que habían ido a “vencer o morir” y que el general Delgado no era una autoridad moral para hablarle a él, pues dirigía una “institución asesina”. El general le contestó que lo reflexionara con los demás guerrilleros y que si cambiaba de opinión lo llamara de vuelta. Pero Otero nunca llamó.

De hecho, esa fue la última comunicación entre los funcionarios que estaban en la Casa de Nariño y los magistrados del Palacio. Desde las 5:00 de la tarde los teléfonos dejaron de funcionar a pesar de que las secretarias, los ministros y hasta el presidente llamaron, con directorio en mano, a cada oficina de los magistrados. “Quedó la impresión de que se había cortado toda comunicación con el Palacio”, dice la constancia.

Sin otra salida, los ministros acudieron a la radio, la misma a la que le prohibieron involucrarse. Ellos creían que los guerrilleros escuchaban las transmisiones y por medio de los periodistas Enrique Santos, Yamid Amat y Juan Gossaín, intentaron hacerles llegar sus contrapropuestas.

Los ministros, al parecer, creían que las Fuerzas Militares todavía no habían llegado al cuarto piso y que allí, los guerrilleros que todavía estaban vivos, tenían como rehenes a todos los magistrados. Su peligro era inminente. El Consejo aceptó que el ministro de justicia Enrique Parejo llamara personalmente a Andrés Almarales, el segundo al mando de la toma del M-19, pues era su paisano y compañero de colegio y quizá lo escucharía antes de que la tragedia empeorara.

Parejo, Sanín y Suárez plantearon que mientras entraba la comunicación, se suspendieran todas las operaciones que la Policía había anunciado para tomarse el cuarto piso, donde estaban los magistrados. La propuesta “se consideró conveniente”. Pero de nada sirvió. Casi al tiempo la Policía llegó a la azotea en helicópteros y voló la puerta que comunicaba con el último recodo del Palacio. Al tiempo, el Ejército subía desde la planta baja. Una hora después, el Palacio de Justicia ardía en llamas. “Unos ministros preguntamos qué pasó… si no habíamos hecho la llamada”, dijo Sanín a este medio de comunicación.

Durante la toma, Betancur llamó a varios expresidentes, dentro de ellos Alfonso López Michelsen. Foto: archivo Semana.La versión de Betancur, ante el Tribunal Especial de Instrucción Criminal en 1986, fue que “varios de los ministros presentes en la tarde del 6 hablaron de la conveniencia de suspender el operativo mientras se producía una posible entrevista telefónica entre el Ministro de Justicia y el guerrillero Almarales. Pero la entrevista no se produjo porque se cortaron las comunicaciones. Por consiguiente el operativo continuó, previa la consideración de los mandos militares […] en el sentido de que si el operativo se suspendía era consecuencia de que el Palacio fuera desalojado y los rehenes liberados vivos”. En cambio, para Castro nunca se ordenó un cese al fuego en el cuarto piso y eso fue sólo “una interpretación de Parejo”.

Un walkie talkie en vano

La llamarada se veía desde la Casa de Nariño pero todavía ni el Presidente ni sus ministros parecían, según los documentos existentes, dimensionar los hechos. Entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de noviembre, creyeron que aún podían comunicarse con la guerrilla, y le encomendaron a Carlos Martínez, el director de la Cruz Roja, que entrara al Palacio para llevarle una carta del Gobierno y un radio teléfono al M-19.

En la mañana del 7 de noviembre, Martínez llegó al Museo 20 de Julio, donde estaba temporalmente el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas. “Encontré el más amplio apoyo por parte de las Fuerzas Militares, quienes me pidieron tener un momento de calma para intentar mi ingreso al edificio, puesto que en ese momento se desarrollaba una operación de enorme actividad entre ocupantes y Fuerzas Armadas sobre la Plaza de Bolívar”, le escribió el director de la Cruz Roja a Víctor G. Ricardo en el informe de evaluación que presentó días después y que conoció VerdadAbierta.com.

 Carta de la Cruz Roja a Víctor G. Ricardo

Horas después, pasado el mediodía, Martínez entró al Palacio con cinco socorristas, la bandera de la Cruz Roja en alto y un megáfono. Sólo pudieron subir hasta el tercer piso. “La única contestación que tuvimos […] fue una ráfaga de ametralladora”, aseguró en la misiva.

“Súbitamente cesó el fuegoy descendió del cuarto piso, un grupo de soldados que dieron parte al general (Jesús Armando) Arias de misión cumplida, lo cual nos indicó que la situación había variado por completo y ante la imposibilidad de haber entregado el mensaje del Gobierno, los medicamentos solicitados por algunos magistrados y los demás elementos que se quería que recibieran los ocupantes, comprendimos que nuestra misión ya no tenía objeto”, dice la carta.

Días después se conoció que el Ejército pidió “apurar, apurar a consolidar y acabar con todo” antes de que llegara la Cruz Roja, como se evidenció en la llamada del Ejército, general Rafael Samudio, apodado ‘Paladín 6’ y el comandante de la Brigada XIII, general Jesús Armando Arias Cabrales, llamado ‘Arcano 6’.

Ya había terminado la ‘Operación Rastrillo’ de los militares para acabar la retoma del Palacio y en la Casa de Nariño se enteraron por los medios, según consta en el acta del Consejo de Ministros.

“La narración de la radio indica que se ha presentado el desenlace de la tragedia. El Consejo escucha en silencio absoluto”, narra el acta del 7 de noviembre. Sólo hasta entonces supieron que había rehenes muertos, incluidos 7 magistrados y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Todavía no se consolidaba la cifra final de 94 fallecidos.

“El país, pero sobre todo la justicia difícilmente se recuperará de este golpe”, advirtió el ministro Parejo y acto seguido pidió investigar los hechos para que no quedara duda de lo qué hicieron el Gobierno y las Fuerzas Armadas.

“De otra parte, tengo la sensación de que el Consejo de Ministros no fue suficientemente informado sobre el desarrollo del operativo militar. La propuesta de conversar con el señor Andrés Almarales, y que el Consejo de Ministros acogió, muy probablemente se vio frustrada por la precipitada toma del cuarto piso […] Si bien el juicio de la historia será muy severo frente a estos hechos, lo va a ser también el juicio de la opinión nacional y el de la Rama Jurisdiccional, que sin duda van a culpar al Gobierno de imprevisión en el manejo de esta emergencia”, recalcó Parejo.

Ante la postura crítica del ministro, Betancur aclaró que primero debían tener más información para “continuar con los juicios”. “Se debe hacer un acto heroico de serenidad, reflexión y ponderación pues estamos envueltos en el torbellino de los acontecimientos, y no debemos ser presa de precipitud en nuestros juicios”, dijo el presidente. Luego, uno por uno, los ministros respaldaron las decisiones que tomaron y expresaron su orgullo de pertenecer al gabinete.

El ministro de Gobierno advirtió que todos tenían que “ser muy coherentes y defender la misma posición” y 30 años después sostiene que “ese precio altísimo se tuvo que pagar para que no hubiera un narcoestado a manos de Pablo Escobar y para que se evitara una tragedia mayor, como la pérdida de instituciones”.

La exministra de Comunicaciones Noemí Sanín sostuvo en el aniversario de los 30 años del holocausto que no encuentra por qué pedir perdón. Foto: archivo Semana.Aquel 7 de noviembre Noemí Sanín recalcó que todos, “sin excepciones” se sentían orgullosos de hacer parte de este Gobierno y aclaró que “también estamos muy adoloridos y afectados con lo que ha sucedido, pero no debemos tener dudas respecto de las decisiones que se tomaron. Nos ha impresionado mucho la muerte del Presidente de la Corte Suprema, pero debemos recordar que cuando lo escuchábamos no era una persona libre”.

El ministro de Agricultura, Roberto Mejía, afirmó que “el país ha quedado notificado de la lógica de la búsqueda de la paz: el que quiere la paz tendrá paz, el que quiere la guerra tendrá guerra”. Y el general Vega concluyó que “las Fuerzas Armadas rodearon al Gobierno legítimamente constituido una vez más, aunque ello nos cueste muchas vidas”.

Cuando todos los ministros terminaron de hablar y los militares, por su parte, anunciaban el éxito de la operación, Belisario Betancur pronunció estas palabras:

“Muchas gracias señores ministros. Vamos a estudiar el futuro. En el proyecto de alocución que leí, digo que yo asumo la responsabilidad. El único responsable es el presidente de la República. Por supuesto que también digo que consulté. Está culminando uno de los más tremendos capítulos de nuestra historia que tendrá repercusión universal. La más grande enfermedad del género humano, que es el terrorismo, ha recibido un tratamiento ejemplar. La autocrítica es muy importante pero muy difícil pues uno siempre se ve muy bien cuando se mira. Es difícil reconocer los errores. A veces es necesario poner los ojos muy arriba, como en el poema de Carranza ‘oigo voces desde las alturas’”.