Guerra Sorda

Autor: jrestrepo@verdadabierta.com

Del Partido Comunista Colombiano a periodistas, el rastro del espionaje estatal

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Especial para VerdadAbierta.com: Maria Camila Paladines y Nicolás Díaz Roldán, de la Unidad de Investigación Periodística Politécnico Grancolombiano.

Colombia. Año 1964. La Violencia bipartidista había afectado a gran parte del territorio nacional. Las zonas rurales del país sufrían una metamorfosis obligada por la guerra. Colombia era una nación en estado bélico, en permanente Estado de Sitio desde 1958. En ese contexto, campesinos de distintas zonas del país se empezaron a organizar bajo ideologías comunistas, con mucha fuerza, en el sur del departamento de Tolima.

El gobierno colombiano, encabezado por Guillermo León Valencia (1962-1966), consideraba que en esos territorios de colonización campesina se estaban conformando ‘Repúblicas Independientes’. Al respecto, en entrevista para este portal, Jaime Caycedo, actual secretario general del Partido Comunista Colombiano (PCC), sostuvo que esas zonas representaban para aquel gobierno “un desafío a la soberanía nacional, porque se trataba de unas repúblicas comunistas en pleno corazón del país”.

Valencia y la cúpula militar dialogaban con Estados Unidos, de acuerdo con Caycedo, ideando estrategias militares para enfrentar a su mayor enemigo: la guerrilla campesina comunista en Marquetalia.

Al mismo tiempo, el PCC, que ya cumplía 34 años de surgimiento, se movilizaba, nacional e internacionalmente, a través del periódico Voz, denunciando que se estaba planeando una agresión violenta, desproporcionada y, según Caycedo, sin ninguna justificación real “contra unos campesinos ¡a quienes se les acusaba del gravísimo delito de ser comunistas!”. Las denuncias no fueron suficientes. La Operación Soberanía, más conocida como Operación Marquetalia, se desplegó y tuvo una duración de un mes, desde mayo hasta junio de 1964. (Leer más en: ‘Operación Marquetalia’, bajo la mirada de archivos de inteligencia)

Desde entonces, lo único que ha cambiado en ese ambiente de agitación en Colombia es la derogación del Estado de Sitio y el nombre del Presidente de la República.

Entre archivos

El portal VerdadAbierta.com tuvo acceso a archivos desclasificados del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que evidencian los seguimientos y el espionaje del Estado hacia diversos integrantes del PCC, además de la estigmatización hacia los campesinos comunistas. En esos documentos se encuentra información sobre actividades del partido político, particularmente en Antioquia, en los años 1963 y 1964.

De acuerdo con algunos de los archivos, el PCC realizaba reuniones en casas de los barrios Fátima y Castilla en Medellín, donde se daban instrucciones de defensa propia y se pedía que se investigara a miembros de las Fuerzas Armadas “a fin de prepararse para cuando llegue la hora de la revolución”.

Uno de los miembros del PCC observado en aquellos años por el DAS fue Delimiro Moreno, quien, en 1963, desarrolló una intensa actividad política en medio de las huelgas de trabajadores y de las manifestaciones obreras en el departamento de Antioquia. (Leer más en: “Soy un ‘francotirador’ de izquierda”: Delimiro Moreno)

En varios de los documentos, efectivamente, se registraron las denuncias que hizo el Partido Comunista sobre los planes militares en Marquetalia. En uno de ellos, fechado el 31 de marzo de 1964, se reportan campañas que el PCC llevaba a cabo para, presuntamente, recolectar fondos y enviarlos a Manuel Marulanda, alias ‘Tirofijo’, cofundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

En ese reporte se lee que “Santiago Medina (a. Guachafa) se encuentra en esta ciudad y ha manifestado que a William Ángel Aranguren (a. Desquite) lo reemplazó su segundo, apodado Comino. Asimismo, manifiesta que al bandolero alias ‘Tiro Fijo’ elemento que opera en la región Marquetalia lo sostienen las casas comunistas de Ibagué y Bogotá, que de dichas casas le envían armas y municiones, y que los atracos y secuestros son organizados de común acuerdo con el fin de recolectar fondos para la Causa Comunista”.

El 15 de junio de ese mismo año, el DAS reportó que “las juventudes del Partido Comunista Regional Antioquia en la presente quincena, se dedicaron a hacer propaganda a las Repúblicas Independientes del Sur del Tolima y límites con el Huila, que son Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero, con boletines, hojas volantes y carteles murales, donde dicen «LA AGRESIÓN A MARQUETALIA ES UN NUEVO CRIMEN CONTRA LAS CLASES POPULARES, DEFENDAMOS A MARQUETALIA, COMO EJEMPLO DE DIGNIDAD NACIONAL» (sic). Así sucesivamente diferentes clases de propagandas, otras desacreditando al Gobierno actual y a las Fuerzas Armadas”.

Un mes después, ese organismo de seguridad reportó desde Medellín que “de acuerdo con investigaciones realizadas, se tiene conocimiento que el Partido Comunista continúa recolectado dinero por intermedio de sindicados afiliados al (P.C.) (sic) y organizando fiestas y rifas con el único fin de ayudar a sus afiliados que están en la región de Marquetalia”.

Al respecto, Caycedo indicó que “es realmente inverosímil que un partido político que no hace parte del gobierno, que no está en el poder, que no tiene recursos económicos, pueda financiar una organización guerrillera como las Farc. Entonces, no hay manera de establecer alguna explicación racional en dirección a esa versión de las cosas. No hay relación”. Para el Secretario del PCC el nexo era exclusivamente político.

Este portal le preguntó a Sandra Ramírez, excombatiente y actual senadora del partido Comunes, sobre la supuesta financiación del PCC hacia las Farc, pero no emitió respuesta alguna. Sin embargo, frente a las razones por las que el DAS les hacía seguimiento a miembros del PCC, afirmó que debido a que el Partido expresaba su apoyo político a la guerrilla comunista naciente, eso “motivó para que el Estado colombiano, a través de sus servicios de seguridad, hiciera un seguimiento a todas las personas: dónde se visitaba, quiénes hacían, qué hacían, qué no hacían, cómo lo hacían”.

Además, Ramírez fue enfática al asegurar que esos seguimientos eran permanentes, y los realizaban personajes encubiertos como vendedoras de zapatos, de tinto o de ‘chucherías’, y asegura que “muchas eran mujeres”. 

Sin embargo, el PCC y quienes empezaron a llevar consigo la bandera de las Farc fueron tomando rumbos distintos: unos, el de la participación política; y otros, el de la acción armada.

Quienes tomaron la vía de las armas para luchar por los ideales comunistas se convirtieron, en la década de los noventa, una máquina de guerra con un repertorio de violencia que incluía tomas de pueblos, masacres y secuestros, actos que, según Caycedo, generaron una distancia importante entre los que alguna vez se consideraron compañeros.  (Leer más en: Tomas guerrilleras, la oportunidad de desentrañar la guerra de las FARC-EP)

“Para el PPC y la Juventud Comunista, esas acciones correspondían a algo completamente ajeno a nuestra actividad política, social, ideológica, propagandística”, le dijo a este portal el actual Secretario General del PCC.

Y agregó: “Uno las puede entender en el marco de la guerra, de la comprensión de lo que implica una guerra, una guerra de guerrillas, una guerra de resistencia y una guerra que también tiene que autofinanciarse. (…) En varios de estos casos, nosotros sí tomamos distancia, por ejemplo, del secuestro. El Partido Comunista siempre se opuso y siempre señaló su total rechazo al secuestro extorsivo como una práctica contraproducente que terminaría creando grandes dificultades para la propia lucha que libraban los guerrilleros de las Farc”. (Leer más en: El secuestro económico estuvo en el ADN de las Farc)

Esas acciones criminales marcaron el final de la década de los noventa y los primeros años del dos mil. El nuevo siglo arrancó, paradójicamente, con un intento fallido de paz entre las Farc y el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), y el robustecimiento de las organizaciones paramilitares, encabezadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que buscaban, a toda costa, combatir a la insurgencia y a sus bases de apoyo, afectando, en gran medida, a comunidades ajenas al conflicto armado.

Nuevo enfoque de seguridad

Ilustración: Valentina Martínez.

El fracaso de las negociaciones entre el gobierno de Pastrana y la guerrilla de las Farc, catapultó la candidatura a la Presidencia de la República del exgobernador de Antioquia Álvaro Uribe, quien enfocó su campaña en un discurso bélico contra esa organización insurgente y de diálogo con los grupos paramilitares, lo que a la postre lo llevó a ganar las elecciones y posesionarse el 7 de agosto de 2002.

Su concepto de seguridad generó un incremento de las acciones de la inteligencia militar a través del desarrollo deliberado de espionajes y perfilamientos a quienes, particularmente, actuaban o pensaban desde ideologías de izquierda y cuestionaban su modelo de seguridad.

Así se reveló en 2009 a través de una serie de artículos publicados por la revista SEMANA, en los que se dio a conocer que durante los dos mandatos del gobierno del presidente Uribe (2002-2006 y 2006-2010) se interceptaron las comunicaciones de magistrados de las altas cortes, políticos de oposición, periodistas y voceros de distintas organizaciones no gubernamentales.

La tecnología se convirtió, en este nuevo enfoque de seguridad nacional, en un factor crucial para el espionaje, marcando un hito con respecto a aquellos reportes quincenales de 1964.

Julián F. Martínez, periodista y autor del libro ChuzaDAS (Ediciones B, 2016), le dijo a este portal que toda la recaudación de información en estos espionajes es útil para que el gobierno nacional tome decisiones. 

En el caso de las interceptaciones ilegales, agregó, sirven, “fundamentalmente, para encontrarle puntos débiles a los blancos –como se refieren a quienes son interceptados– y fabricar montajes judiciales para quitarles sus derechos políticos, para chantajear y para saber cómo psicológicamente los pueden atacar. Son estrategias perversas en realidad”.

Y es que, con la revelación de estas prácticas ilegales, quedó en evidencia que aquellos ‘blancos’ a los que se espiaba no necesariamente eran “bandoleros” o “antisociales” como se llegó a calificar en la década de los años sesenta a quienes actuaban desde la izquierda, sino más bien a cualquier persona u organización que cuestionara o estuviera en contra de las políticas del gobierno de turno. En consecuencia, en el año 2011, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018), el DAS, permeado de escándalos e investigaciones irregulares, fue suprimido, dejando a su paso más de 20 condenados en el 2015 por delitos como espionaje ilegal y hostigamiento.

El tema escaló a nivel internacional y en 2012, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su informe anual, se pronunció frente al espionaje ilegal. En su documento indicó que los servicios de inteligencia militar colombianos “necesitan una normativa pública que enmarque y delimite sus acciones. Sus mecanismos de control internos y de rendición de cuentas necesitan ser fortalecidos considerablemente. Es importante corregir estas falencias, en particular, a la luz del aumento de recursos destinados a la inteligencia militar, previsto en la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad de 2011”.

Se dijo, además, en ese documento de ese organismo multilateral, que “en octubre se suprimió el DAS y se creó en su lugar la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, junto con un mecanismo específico para supervisar su funcionamiento. No se ha podido constatar todavía el impacto de estas reformas y su eficacia en la prevención de nuevos abusos”.

Tal pronunciamiento cobró sentido ocho años más tarde, cuando, en mayo de 2020, la revista SEMANA publicó otra investigación, titulada “Las carpetas secretas”, en la que reveló nuevas interceptaciones, esta vez a cargo de las Fuerzas Militares.

“Entre febrero y los primeros días de diciembre del año pasado, las actividades de más de 130 ciudadanos fueron blanco de lo que los militares llamaron perfilaciones y trabajos especiales”, se lee al iniciar el artículo, dejando en evidencia el uso de la inteligencia estatal para aplicarla a numerosas personas con alguna relevancia nacional, especialmente a periodistas.

Martínez, al respecto, llamó la atención la manera como ha variado la descripción de esas labores: “En el pasado, el DAS perseguía a la gente, la interceptaba, la espiaba; y ahora a lo mismo le llaman perfilamientos. Pero como la tecnología va avanzando, ahora la inteligencia no solamente te intercepta una comunicación telefónica, sino que pueden tener acceso a tus fotos, pueden incluso activar tu cámara, activar el micrófono, oírte, ¡hay tantas cosas que pueden hacer que ni siquiera la misma persona es consciente!”.

Aquel escandaloso espionaje surgió en medio de fuertes cuestionamientos al gobierno nacional y a las Fuerzas Armadas por las constantes violaciones a los derechos humanos. El rechazo y la desaprobación por lo que pasaba en el país en asuntos como la educación, el trabajo y la salud, eran evidentes, y la gente salió a las calles y se movilizó en redes sociales para exigir cambios en esos sectores fundamentales para cualquier sociedad.

“Han construido unos árboles de relación con personas con las que interactuamos en redes sociales. En algunos casos, hay teléfonos y nombres nuestros como familiares. Esos árboles de relación son bastante malucos. Hay una fotografía en la que estoy yo como director del medio y están todos mis compañeros con un número en la cabeza, yo aparezco arriba como si fuese el jefe de una banda”, comentó para este artículo Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto, uno de los medios de comunicación víctima de los llamados perfilamientos revelados por SEMANA.

Hechos como este ponen en evidencia la estigmatización y persecución de la que son víctimas aquellos que cuestione las prácticas estatales. Si bien en el pasado la inteligencia estatal se enfocó en los comunistas, hoy ha trascendido. A la lista se suman los de izquierda, centro-izquierda, periodistas y medios de comunicación, o cualquiera que, en las calles o en las redes sociales, exprese sus inconformidades.

Más de 50 años han pasado y las estrategias de espionaje por parte de los gobiernos a quienes los contradicen se mantienen y, contrario a detenerse, aumentan sofisticadamente al ritmo que la tecnología impone.

“Soy un ‘francotirador’ de izquierda”: Delimiro Moreno

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Especial para VerdadAbierta.com: Laura María Poveda Molina y Natalia Lancheros Rodríguez, de la Unidad de Investigación Periodística Politécnico Grancolombiano.

Su voz grave, pausada y, ocasionalmente temblorosa, delatan la avanzada edad de Delimiro Moreno Calderón, un antioqueño autodidacta, dedicado a la historia, profundo conocedor del comunismo y el periodismo en Colombia, quien reside, desde hace varios años en la ciudad de Neiva, Huila.

El tono al hablar está impregnado de un aire de cortesía y caballerosidad. Se percibe en sus respuestas a un hombre sabio y con experiencias de una vida singular, registrada, por fragmentos, en documentos de organismos de Seguridad del Estado por sus labores “comunistas”, hace más de cinco décadas, y conocidos por este portal.

Su memoria es alucinante y la capacidad de narrar las anécdotas que están ligadas a la historia del país sorprende. Pero asombra más que se defina, sin miedo, como “un ‘francotirador’ de izquierda”, porque no se inclina, ni subyuga, ante ningún partido político.

Delimiro nació en 1932 en el municipio de Bello, Antioquia. Las vivencias en aquella ciudad obrera, donde había varias empresas de textiles, le enseñaron, desde temprana edad, a estar inconforme con el modelo de vida establecido, la política tradicional y el trato desigual que recibía la clase trabajadora.

Creció en un hogar de clase media en el que era el mayor de ocho hermanos. Su madre, María Mercedes Calderón Zuluaga, era ama de casa y tenía un pensamiento conservador, circunstancia que la llevaría a distanciarse de su hijo en su juventud.

Su padre, Octavio Moreno Arango, fue ejemplo de un trabajador digno. Le enseñó a confeccionar peines y otros artículos de la cornamenta de las vacas. Laboraba como independiente para sostener a su familia, sin necesidad de trabajar en una fábrica. Delimiro resalta que él le inculcó el respeto y la tolerancia por el pensamiento de los demás, así fuera muy distinto al suyo. 

Surge el PCC

En los albores de la década de los años treinta, la batalla del proletariado por mejores condiciones de vida, tanto en el campo como en la ciudad, y sus persistentes críticas contra sectores políticos hegemónicos y el modelo capitalista, se empezó a sentir con mucha fuerza, lo que dio origen, en 1930, a la fundación del Partido Comunista de Colombia (PCC), que alzaba sus banderas en el país para expresar su respaldo a los trabajadores, la lucha por la tierra y por un salario más justo.

Muchos jóvenes se sintieron identificados con esa lucha, entre ellos Delimiro. Tras dedicar parte de su tiempo a la lectura y el estudio del pensamiento del caudillo del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, con el que se sentía representado, decidió unirse al Partido Comunista cuando contaba con 16 años de edad.

“Las condiciones de trabajo de los obreros y el salario que recibían eran humillante porque no era de acuerdo a las necesidades del ser humano”, explica Delimiro, quien agrega que esas circunstancias lo impulsaron a militar activamente en el PCC, en las ciudades de Medellín y Bogotá. Su labor implicaba “no sólo repartir volantes sino también redactarlos», y así llegó a ser secretario político del Partido, un honroso cargo para aquellos convulsionados años.

Los primeros pasos de Delimiro en el PCC fueron guiados por “un señor agitador comunista, Erohin Grajales”, quien lo introdujo en un movimiento que venía con gran fuerza para pelear por quienes lo necesitaban, siguiendo las luchas que daba el comunismo en varias partes del mundo. Sus primeros compañeros de militancia fueron Pastor Pérez y Gerardo Campos.

En tono reflexivo, explica que la militancia en un movimiento político de izquierda implicaba un camino de logros, pero también de grandes dificultades: «Prácticamente fui aislado de la familia desde que tenía 18 años. Durante mi militancia estuve trabajando en la Agencia France-Presse con Alberto Aguirre y luego en El Correo como redactor. Cuando el director de ese diario se dio cuenta de que yo era comunista, me echó”.

Y agrega: “Cuando ingresé al Partido yo era redactor de noticias, traductor de francés al castellano en la Agencia France-Presse de Medellín, entonces para el Partido en general, no solamente para la célula a la que había ingresado, no solo para la dirección nacional del partido, me convertí en un personaje importante porque por el hecho de trabajar en la France-Presse tenía información de los países socialistas”.

Perseguido

Ilustración: Vanessa Martínez.

Pero no sólo los empresarios tenían serios reparos con activistas que, como Delimiro, pertenecían al PCC a mediados del siglo XX. Los organismos de seguridad estatales consideraban que sus labores en sindicatos, universidades y barrios marginales eran desestabilizadoras y generaban desorden público, por lo que eran observados constantemente y sus andanzas registradas en informes secretos.

En la década de los sesenta, cuando se sentía con rigor en el mundo la llamada Guerra Fría, que enfrentaba a Estados Unidos con la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), y que en América Latina se expresaba a través de las tensiones que generó el triunfo, en 1959, de la revolución cubana, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue acucioso en reportar las actividades de los miembros del PCC en el país, y especialmente en Antioquia.

Delimiro fue uno de los observados en aquellos años. Así consta en un reporte quincenal preparado por el DAS para sus superiores en Bogotá y remitido a las autoridades antioqueñas el 10 de enero de 1963. El informe alude a uno de sus discursos, pronunciado durante una huelga de la empresa de textiles Coltejer, en el que se evidencian tensiones entre el PCC nacional y las fuerzas de izquierda antioqueñas.

“Dice nuestro informante: con motivo de los acontecimientos suscitados en la huelga de Coltejer, se presentaron algunas diferencias entre elementos del P.C y P.R.S y FUAR y demás movimientos revolucionarios, el grupo más activo el del PRS formuló fuertes críticas al PC por su ‘inconducente intervención en el conflicto y elaboró la acción del PRS por intermedio de su dirigente DELIMIRO MORENO’. Dijo este que el movimiento trabajó con gran altura porque en todo momento estuvo planteando a los trabajadores la tesis de que mientras viviéramos en un país capitalista las luchas por reivindicaciones económicas se presentarían”.

Por el cargo que alcanzó Delimiro dentro del Partido, sus actividades comenzaron a ser registradas con más detalle en los informes de inteligencia. Así quedó expresado en uno de los reportes, fechado el 15 de mayo de 1963: “Se tiene conocimiento que varios camaradas entre ellos DELIMIRO MORENO CALDERÓN (sic), repartieron en esa ciudad varias hojas volantes de carácter subversivo donde se critica la actuación del gobierno y solicita la nacionalización de los petróleos”.

Esas actividades eran consideradas por las autoridades estatales como incitadoras del desorden social, por eso es que, según Delimiro, “había que ser clandestino, no decir que era comunista. Había que utilizar para el trabajo un seudónimo, un alias, llamarse de otra manera”. A él lo reconocían como ‘Luis’.

“Ser comunista en los años sesenta y setenta era prácticamente un delito, prácticamente era ser señalado como un enemigo de la sociedad”, afirma Delimiro, quien relata que, en diferentes ocasiones, fue intimidado y amenazado por “la Policía, el Ejército y el DAS. Los agentes estaban dedicados no solamente a perseguir la delincuencia, sino a la inconformidad social y, ante todo, a perseguir a los comunistas”.

Fue detenido en dos ocasiones, recuerda, pero de eso habla poco, aunque reconoce que “recibí muchas persecuciones y muchas estigmatizaciones del establecimiento y de sus líderes políticos”. Además, explica que “la persecución contra el comunista empezaba fundamentalmente privándoles de su derecho al trabajo, no los empleaban en ninguna parte, en ninguna fábrica, en ninguna oficina. “Dañar por hambre a las personas”, esa era la expresión.

Se retira del PCC

En los primeros años de la década de los sesenta, debido a divergencias entre los comités del PCC, decidió retirarse con otros miembros para conformar la organización Acción Revolucionaria Colombiana (ARCO) que, en 1963, se fusionó con grupos de estudiantes e intelectuales de Bogotá para formar el Partido de la Revolución Socialista (PRS), entre ellos estaba el intelectual Estanislao Zuleta.

Pero al poco tiempo, por nuevas diferencias con sus camaradas, Delimiro se retiró. Para el mes de septiembre de ese año había dejado toda actividad política para, posteriormente, radicarse en Neiva, donde continuaría su labor como periodista.

No obstante, el DAS continuó siguiéndole los pasos. Un reporte quincenal, fechado el 9 de febrero de 1964, evidencia que lo mantenían bajo observación. El informe dice que “se ha notado gran actividad por parte de los camaradas antioqueños, Elohín Grajales, Joaquín Herrón Secretario Político del Partido, Mario Solorzano, Horacio Ruiz, Rafael Arredondo Builes, Joaquín Araque, Helena López, Jaime Jaramillo, Argemiro Jaramillo Arbeláez quien se unió al grupo ANAPO, Gastón Iván López, Delimiro Moreno Calderón quien se radicó definitivamente en Neiva (Huila) y visita semanalmente a esta ciudad”.

En la capital huilense se desempeñó como jefe de redacción del Radio Periódico del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y luego del periódico Diario del Huila en el que trabajó por varias décadas. Hoy, a sus 88 años y con la sabiduría que lo caracteriza, Delimiro pone en retrospectiva la situación actual de los jóvenes afines con la izquierda y la compara con lo que se vivía hace más de 50 años.

“Los que están en este momento en la actividad política revolucionaria sienten que son perseguidos, pero no saben que la persecución en nuestro tiempo era mucho mayor, hasta el punto de que nos silenciaban casi totalmente”, dice.

Y agrega: “La actividad nuestra tenía que ser boca a boca, en reuniones pequeñísimas. No se expresaba, como ahora, por la radio, por la televisión, por la gran prensa, por los medios audiovisuales, las redes sociales, el Internet, todos los medios que actualmente están a disposición de todo el mundo. Ahora hay mayor libertad de expresión, mayor libertad de prensa, los medios, los hombres y las ideas de izquierda tienen por lo menos divulgación en los grandes medios”. 

Delimiro recuerda qué se sentía en su juventud, como parte del PCC, lejos de sus seres queridos, y en medio de la confrontación ideológica con el Estado en defensa de las comunidades menos favorecidas: “Adrenalina y mucha fuerza y mucha energía y mucha consciencia. Creo que las luchas y las persecuciones nos impulsaban a ser cada vez más serios y más radicales en nuestras ideas. Miedo poco, porque si nos hubiera dado miedo simplemente no hubiéramos persistido en la acción”.

En su lugar de retiro en Neiva y tras más de 30 años de labor periodística, Delimiro vive tranquilo y en familia, sin parar de leer, ni escribir, disfrutando de su pensión: “Estoy jubilado, haciendo una tarea de divulgación intelectual, pero reafirmo, no de activista político. Creo estar viviendo una de mis mejores épocas”.

El Partido Comunista de Colombia en informes de organismos de seguridad del Estado

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Por Juan Diego Restrepo E.

La década del sesenta despuntaba en América Latina con una fuerte tensión generada por el triunfo de la revolución en la Isla de Cuba, liderada por el comandante guerrillero Fidel Castro. Su entrada triunfal a La Habana, el 8 enero de 1959, marcó un hito en el continente y muchos pensaron que esa gesta podría replicarse, entre ellos los militantes del Partido Comunista de Colombia.

Fundado oficialmente el 17 de julio de 1930, los integrantes de ese movimiento político, inspirados en las ideas provenientes de la Unión Soviética (URSS) y en la gesta cubana, estaban convencidos de que sus proyectos de transformación eran realizables y se avocaron a promover sus ideas con mayor intensidad entre obreros, maestros, campesinos, estudiantes e intelectuales.

Sus discursos le sacaban provecho a la convulsionada situación social y política, expresada en bajos salarios, aumentos constantes en los precios de productos de primera necesidad y en los pasajes del transporte público, así como en el favorecimiento a las clases más pudientes. Tales circunstancias llevaron a que a muchos ciudadanos salieran a las calles a protestar contra los gobiernos de turno.

En el ámbito político, la situación para “los comunistas” también era de exclusión, estigmatización y persecución. El movimiento venía de un periodo de prohibición establecido desde el gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez (1946-1950) a través del Acto Legislativo 6 del 7 de septiembre de 1954 que, en el primero de dos artículos, decretó: “Queda prohibida la actividad política del comunismo internacional. La ley reglamentará la manera de hacer efectiva esta prohibición”.

La reglamentación vino dos años después, durante el gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). Mediante el Decreto 434, fechado el 1 de marzo de 1956, se determinó que el comunismo “atenta contra la tradición y las instituciones cristianas y democráticas de la República, y perturba la tranquilidad y el sosiego públicos”.

En su primer artículo fija la decisión sustancial: “Quien tome parte en actividades políticas de índole comunista, incurrirá en presidio de uno a cinco años o en relegación a Colonia Agrícola Penal por igual término; en interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas por diez años; en incapacidad para actuar como dirigente sindical por el mismo tiempo, y quedará impedido absolutamente para pertenecer en el futuro a las Fuerzas Armadas. Si se tratare de un miembro de ellas, la sanción se aumentará al doble y se impondrá, además, la degradación pública”.

Una vez aprobado el plebiscito el 1 de diciembre de 1957, que puso fin a más de una década de violencia bipartidista y al gobierno militar de Rojas Pinilla, se derogó ese decreto, pero no fue suficiente por cuanto se abrió el camino para instaurar el Frente Nacional, un mecanismo de alternancia en el poder entre los partidos Liberal y Conservador, que dejó por fuera del debate político y electoral al Partido Comunista de Colombia.

Pese a la derogación y a su aparente legalización, las actividades consideradas comunistas fueron observadas con especial celo por los organismos de seguridad del Estado, que diseñaron estrategias de seguimiento a sus principales líderes en el país. Además, buscaron establecer nexos entre ellos y los líderes de la revolución cubana, así como de la infiltración en el país de activistas venidos de la isla del Caribe, y de todos aquellos, nacionales y extranjeros, que iban y venían de la Unión Soviética y de países de la esfera socialista.

Esa situación se complicó durante el gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo (1958-1962), quien, el 9 de diciembre de 1961, decidió romper relaciones con Cuba argumentando que el nuevo régimen cubano significaba “una grave amenaza para la integridad, la soberanía, la paz y la independencia de los estados americanos”, entre otras razones por la influencia que tenía en ese momento la Unión Soviética sobre el régimen castrista.

El gobierno de Estados Unidos, que para aquella época enfrentaba tensiones con la Unión Soviética bajo la llamada Guerra Fría, también se involucró en la política anticomunista de Colombia y fortaleció la formación de agentes de organismos de seguridad del Estado en ese sentido.

VerdadAbierta.com revisó decenas de documentos generados por distintas entidades estatales entre los años 1963 y 1968, en los que se plasmaron las estrategias de observación de los líderes del Partido Comunista de Colombia y aquellos que giraban en su entorno, así como sus nexos con Cuba y la Unión Soviética, y con la naciente guerrilla de las Farc.

Presentamos en este artículo varios de esos documentos en un contexto especial: la convocatoria que le hizo la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, al secretario del Partido Comunista, Jaime Caycedo, para escucharlo en los llamados Espacios de Contribución a la Verdad, y cuya primera cita será mañana a las 10:30 de la mañana en la sede de la entidad, en Bogotá.

La Comisión le ha pedido a Caycedo que se refiera a tres temas en particular: Frente Nacional y revolución cubana; paridad bipartidista y participación en coaliciones políticas; y solución negociada del conflicto armado.

“Los temas que se abordarán con Jaime Caycedo se enmarcan en los núcleos temáticos que investiga la Comisión y que tienen que ver con la democracia y conflicto armado, papel y responsabilidad del Estado en el conflicto armado, y el de actores armados y otros participantes en las dinámicas de la guerra”, informó la Comisión en un comunicado.

Cuba, tras bambalinas

En los primeros meses de la administración del presidente Guillermo León Valencia (1962-1966), los organismos de seguridad del Estado en Antioquia estaban particularmente inquietos por la agitación social y política en Medellín y en diversos municipios del departamento; así como el papel del Partido Comunista de Colombia en ese ambiente y sus estrategias de movilización ciudadana, en apariencia apoyadas desde Cuba.

Uno de los primeros reportes de 1963 da cuenta de esas circunstancias: “[…] se tiene informaciones en esta ciudad hay varios grupos de Comunistas (Células) que están llevando a cabo un plan subversivo entre ellos figura un médico de nombre ALDEMAR LONDOÑO quien posee un aparato receptor-transmisor donde comunican todos sus problemas al Primer Ministro de Cuba Fidel Castro; en la actualidad estamos investigando activamente esta información con el fin de capturar a los responsables”.

Este documento, fechado el 31 de enero de ese año, fue remitido por Arcenio Serrano Núñez, Jefe de Orden Público del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Seccional Antioquia, al Jefe de la División de Orden Público del DAS en Bogotá, como parte de sus reportes quincenales en los que daba cuenta de las actividades de “los comunistas” en la ciudad y el departamento.

El médico Londoño, oriundo de Cartago, Valle del Cauca, hizo parte del grupo de fundadores del Ejército Popular de Liberación, en 1965. En un intento por conciliar posiciones ideológicas con la guerrilla de las Farc en ese momento, fue enviado, junto con una guerrillera campesina a una zona montañosa entre el sur de Tolima y límites con Huila, de donde nunca regresaron. “Al parecer una vez hicieron contactos e iniciaron los debates fueron detenidos, juzgados como traidores y fusilados”, escribió al respecto el historiador Frank Molano Camargo.

En medio de las agitaciones sociales que se expresaban en las calles de la capital antioqueña actuaban de manera encubierta decenas de investigadores de organismos de seguridad del Estado y sus informantes, quienes reportaban sus hallazgos a sus mandos superiores.

“En la manifestación llevada cabo el día 18 en la Plaza de Cisneros de esta ciudad el Partido Comunista infiltró elementos especializados en la agitación y según comentarios de un informante en esta manifestación participaron algunos cubanos que dicen estar huyendo del régimen de Castro pero que no son otra cosa que Agentes de este Gobierno o por lo menos Comunistas Agitadores”, se lee en el reporte del 31 de enero de 1963.

El rastro de las supuestas relaciones de Cuba con el Partido Comunista de Colombia llegó hasta las alcaldías de municipios vecinos a Medellín. En un reporte enviado el 15 de febrero de 1963 al entonces gobernador del departamento, Fernando Gómez Martínez, el jefe Sseccional del DAS en Antioquia, Carlos Zuluaga Gómez, remitió una queja de un informante que hizo referencia a lo que estaba sucediendo en Envigado, sur del área metropolitana.

“Es francamente desconcertante que el Gobierno Departamental de Antioquia esté tolerando a algunos Alcaldes reconocidamente comunistas como el burgomaestre de Envigado, S. Castillo. A solicitud de éste la Secretaría de Higiene ha trasladado desde Caldas (Ant.) para Envigado al médico comunista Alan Smith quien viajó a Cuba hace algún tiempo. Este médico dirigirá en Envigado el Centro de Salud. Es fácil suponer los buenos servicios que prestará allí a los elementos comunistas de ese lugar”, dice ese reporte.

De acuerdo con los documentos revisados por VerdadAbierta.com, el DAS contaba en aquel año con un grupo de informantes que constantemente reportaban acciones de supuestas organizaciones comunistas. Uno de esos informes, fechado el 9 de abril de 1963 y también puesto en conocimiento del Gobernador de Antioquia, refirió la creación de una organización de mujeres a quienes se les señaló de ser procastristas.

“Dice nuestro informante: la organización de Mujeres Democráticas de Antioquia con sede en Medellín, acaban de cambiarse por la sigla Movimiento Femenino Revolucionario Unión Mujeres Demócratas”, a la que se le relaciona con “la Célula 31 Femenina del P.C. Comité Regional de Antioquia”.

De acuerdo con ese reporte, las integrantes de esa organización femenina “se lanzarán a las calles y a plazas públicas empezando por Medellín, para ensartar su acción comunista y así lograr incautar a ingenuas mujeres de todas las tendencias que bajo el mando de la democracia, los derechos femeninos, caerán en las redes del comunismo”. Además, “harán campaña a favor de la Revolución Cubana y fortalecerán la agrupación o Comité de Amigos de Cuba, con la consigna de Defendemos a América en Cuba”.

En un particular reporte de Serrano Núñez, fechado el 15 de abril de 1963, se resaltó la actividad del Partido Comunista de Colombia en zona rural del municipio de Cimitarra, Magdalena Medio santandereano: “Este Partido ha intensificado sus campañas de adoctrinamiento, instrucción e infiltración, especialmente en la zona rural del río Magdalena, donde por intermedio del camarada Secundino González han efectuado en la zona de Vuelta Acuña buscando adeptos e instruyendo a los campesinos para lo que llaman la ‘Revolución colombiana’ que se avecina”.

Esa proyección rural también fue reseñada en varios de informes remitidos por Zuluaga Gómez, jefe seccional del DAS en Antioquia, al gobernador Gómez Martínez, basados en informantes que mantenían un constante monitoreo sobre las actividades del Partido Comunista de Colombia en el departamento.

En uno de esos reportes, fechado el 24 de abril de 1963, se registró su actividad en el suroeste antioqueño: “Desde finales de diciembre hablamos sobre Castro-comunismo en Tapartó (corregimiento del municipio de Andes) y de los viajes de los Camaradas ALFONSO RESTREPO, ÁLVARO VÉLEZ RESTREPO, y otros a fin de organizar la agitación y adiestramiento de los amigos de la Revolución Cubana”.

Dos días después, Zuluaga Gómez remitió un nuevo informe donde un informante aseguró que “la más descarada y grave infiltración marxista y castrista de los últimos tiempos se viene perpetrando bajo el amparo de la organización de las mal llamadas ‘Sindicatos Agrarios’ que funcionan y empiezan a funcionar en todo el departamento especialmente desde La Dorada a Puerto Berrío y Medellín”.

Adicional a ello, auguró un oscuro panorama para buena parte del departamento: “Antes de cuatro meses la región del Río Magdalena, Urabá y parte del Suroeste antioqueño, tendrán que afrontar la violencia desatada con tanta gravedad como en años anteriores especialmente a lo largo del Río; esta será violencia política orientada por el comunismo internacional y auspiciada por Cuba”.

Para 1964, el DAS intensificó su estrategia de inteligencia contra miembros del Partido Comunista de Colombia en Medellín. En uno de sus informes, del 31 de marzo de ese año, Serrano Núñez reportó la existencia de un grupo de ese movimiento político en el barrio Castilla, noroccidente de la ciudad: “[la célula] funciona en la casa de Eliodoro Cruz Empleado de la Lotería de Medellín, en esta casa se dan instrucciones sobre auto-defensa. En las reuniones se ha pedido a los concurrentes que se investiguen a los efectivos de las Fuerzas Armadas en cada guarnición a fin de prepararse para cuando llegue la revolución”.

Además, se identificó a un supuesto militante, Santiago Medina, alias ‘Guachafa’, como el responsable de la formación en sabotajes, “quien ha viajado a Cuba y parece está vinculado en actos terroristas en la Capital de la República”. Asimismo, se precisó que es el encargado de reclutar “personal que quiera hacer parte de los Cuerpos Armados de resistencia en los campos”.

“Defendamos a Marquetalia”

Para 1964, los documentos de inteligencia de diversos organismos de seguridad del Estado comenzaron a reseñar la conversión en el sur de Tolima de integrantes de las guerrillas liberales y grupos guerrilleros, disidentes de las propuestas de desmovilización planteadas por el régimen de Rojas Pinilla en 1953 y 1957, a organización insurgente, la que luego se conocería como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), liderada por Pedro Antonio Marín, alias ‘Tirofijo’, quien luego adoptaría como nombre de guerra el de ‘Manuel Marulanda Vélez’.

Justo el informe de Serrano Núñez del 31 de marzo de ese año arrojó información al respecto tras dar cuenta de versiones atribuidas a alias ‘Guachafa’ que habrían sido expuestas en algunas reuniones en Medellín: “Asimismo manifiesta que el bandolero alias ‘tiro fijo’ elemento que opera en la región de Marquetalia lo sostienen las casas comunistas de Ibagué y Bogotá, que dichas casas le envían armas y municiones y que los atracos y secuestros son organizados de común acuerdo con el fin de recolectar fondos para la Causa Comunista”.

El gobierno de Estados Unidos se involucró en contrarrestar la amenaza comunista en el país. Así lo reveló un reporte de la División de Seguridad Pública del Departamento de Estado enviado desde Bogotá el 26 de mayo de 1964, en el que daba cuenta de varias de sus actividades, entre ellas la formación de agentes de Policía con el apoyo del Servicio de Información de los Estados Unidos (USIS, por sus siglas en inglés)

“El USIS está apoyando a la División de Seguridad Pública en la impresión de un folleto de adoctrinamiento anticomunista para ser distribuido a todo el personal de la Policía Nacional. El folleto está muy bien organizado e ilustrado con dibujos animados significativos. Explica claramente los diseños y operaciones de comunistas, los peligros involucrados en el comunismo, las condiciones locales que pueden alentar los esfuerzos subversivos, cómo la policía puede combatir estas condiciones y cómo pueden combatir directamente la subversión militante”, se detalla en su reporte mensual enviado a Washington.

Un día después de enviado ese reporte, el Estado colombiano, a través de sus Fuerzas Armadas y con el apoyo de Estados Unidos, inició la Operación Marquetalia, que concentró un contingente de 16 mil soldados con los cuales pretendía acabar los núcleos guerrilleros campesinos en aquellas zonas conocidas como “repúblicas independientes” situadas en Marquetalia y Riochiquito (Tolima), y Pato y Guayabero (Huila).

El operativo militar, realizado entre el 27 de mayo y el 14 de junio, modificó de alguna manera la agenda pública del Partido Comunista de Colombia, según se observa en los documentos de inteligencia. En las intervenciones públicas, sus líderes comenzaron a criticar al gobierno del presidente Valencia por esa acción y por la injerencia de Estados Unidos en la política interna.

El DAS, seccional Antioquia, dio cuenta en su informe quincenal del 30 de mayo de 1964 de las actividades del Partido Comunista relacionadas con el ataque militar a los guerrilleros: “Durante la presente quincena desplegó gran actividad, especialmente en la infiltración en sindicatos y factorías, propagando contra el Gobierno y las Fuerzas armadas por la operación Marquetalia. Los camaradas se han dedicado a colocar carteles murales y hojas volantes con leyendas grandes donde dicen ‘Defendamos a Marquetalia’”.

La Operación Marquetalia tuvo un efecto adverso: generó las condiciones para que el 20 de julio de ese año surgiera de manera oficial la guerrilla de las Farc. La base fundacional de este grupo insurgente fue la expedición del Programa Agrario de los Guerrilleros de Marquetalia, considerado por el investigador Carlos Medina Gallego como su “principal programa agrario y político revolucionario”.

Lo que sobresale en reportes de los meses de junio, julio, agosto y septiembre de ese año son constantes alusiones a los apoyos económicos y logísticos que el Partido Comunista de Colombia, regional Antioquia, enviaba a los guerrilleros atacados en Marquetalia y demás “repúblicas independientes”, liderados por alias ‘Tiro Fijo’. En los documentos consultados se destacó la vinculación del Partido Revolucionario Socialista y el Frente Unido de Acción Revolucionaria, así como de varios sindicatos afiliados a la Federación de Trabajadores de Antioquia (Fedeta), a esa causa.

Entre los reportes del segundo semestre de 1964 sobresale un informe suscrito por el Jefe de la Sección de Información de Criminalidad y Estadística del Comando del Departamento de Policía Antioquia enviado el 29 de septiembre de ese año al Secretario de Gobierno Departamental, en el que se reseña una concentración “de carácter comunista” realizada el día anterior en el Teatro Colón, en Medellín, con el fin de conmemorar los cien años de la “Internacional de Trabajadores”.

Según este reporte, varios de los asistentes, entre ellos algunos dirigentes del Partido Comunista de Antioquia, “se refirieron contra el Frente Nacional, el Gobierno, las Fuerzas Armadas en general, manifestaron públicamente y con amenazas a las Fuerzas Armadas el apoyo a Marquetalia y manifestaron que ellos tienen los campesinos de las Regiones de Marquetalia y otras circunvecinas armados para enfrentárseles a las fuerzas armadas que en la actualidad están en acción en esos lugares”.

Temporada de persecuciones

La Junta de Inteligencia Nacional (JIN) y la Junta de Inteligencia Seccional (JIS), creadas mediante el Decreto 978, del 26 de mayo de 1967, sancionado por el presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), se convirtieron en escenarios de análisis de las difíciles condiciones que vivía el país para aquellos años y de posibles estigmatizaciones contra supuestos simpatizantes de la causa comunista.

Diversos boletines de la JIN, rotulados de “SECRETO” y generados uno o dos días después de las reuniones, también daban cuenta de la actividad comunista en el país. Las instituciones que conformaban esa Junta, entre ellas los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Gobierno, así como las Fuerzas Armadas, aportaban información de todos aquellos que estuvieran ligados al comunismo en sus distintas tendencias. Las reseñas incluían a los nacionales que hubiese viajado a la Unión Soviética y a países de Europa Oriental, así como a Cuba, y a los extranjeros que provinieran de esas naciones.

Ejemplo de ello se reportó desde Bogotá en el boletín de la JIN del 11 de diciembre de 1967: “Personal femenino del PCC prepara una misión a la cabeceras del río San Juan en el Chocó. Se trata de desarrollar ideas de MARIA ARANGO DE MARROQUIN quien regresó procedente de los países socialistas. Se pretende una campaña de auxilios y sanidad con gentes paupérrimas de la región […] El programa contempla asociarse a religiosas que viajan a esos lugares y pedir auxilios a entidades que deseen cooperar sin que estas conozcan que en el fondo va envuelta una campaña de proselitismo comunista”.

Veinte años después de ese reporte, el 16 de abril de 1998, esta mujer, antropóloga de formación y considerada líder social y defensora de derechos humanos, quien se había retirado del Partido Comunista diez años atrás, fue asesinada por sicarios en la puerta de su casa, en la zona de La Calera, en el oriente de Bogotá. El crimen no ha sido esclarecido.

Las actividades de los organismos de seguridad del Estado también estaban rodeadas de algunas contradicciones. En uno de los boletines del JIN, fechado el 12 de diciembre de 1967, se deja constancia de una solicitud “para que se unifique el criterio de la Fuerza Pública respecto al decomiso de propaganda subversiva” y se puso como ejemplo una campaña de suscripciones a revistas de la Unión Soviética difundida en el diario El Tiempo, de Bogotá, en su edición del 22 de octubre de ese año.

“Esta Jefatura considera necesario que las autoridades pertinentes tomen las medidas que el caso requiere pues mientras por los periódicos se hace propaganda abierta para la adquisición de estas revistas por otra parte existen órdenes para su decomiso”, se registra en este boletín.

El crecimiento y sostenimiento de la guerrilla de las Farc también fue motivo de registro de la JIN en sus boletines. Uno de ellos, fechado el 25 de junio de 1968, le atribuyó al Partido Comunista de Colombia varias tareas en ese sentido: “El P.C.C. se preocupa actualmente por incrementar la acción en torno al fortalecimiento de las denominadas FARC, creando nuevos frentes en regiones desoladas de los Departamentos del Valle, Cauca, Chocó, Córdoba, Llanos Orientales y otros; por ahora, se formarán centros de adoctrinamiento y entrenamiento a jóvenes y gentes de las zonas rurales, para que en un futuro operen como centros de violencia bajo el control del P.C. y encajados dentro de las denominadas FARC”.

En cuanto a la financiación de ese grupo alzado en armas, otro reporte de la JIN de finales de junio dio cuenta de los seguimientos realizado a un hombre identificado como Camilo Santacruz, quien, según las autoridades, “viajó recientemente a QUITO (Ecuador), en donde tomó contacto con dos periodistas de nacionalidad rusa y de quienes recibió cierta cantidad de dinero con destino a las F.A.R.C. Este sujeto está siendo buscado policivas y al parecer se encuentra en IPIALES”.

Días después, en el boletín del 11 de julio de ese año, se relacionó una organización llamada Servicio Especial de Prensa, la que, según las autoridades, “se encarga de procurar finanzas a los grupos extremistas pro-chinos y castristas. Sus directores son ANIBAL PINEDA GUTIERREZ y OLGA NAVIA DE CANAL”.

Días antes, en una reunión en Medellín de la Junta de Inteligencia Seccional de Antioquia, a la que asistieron representantes de los organismos de seguridad del Estado, el gobernador de Antioquia, Octavio Arizmendi Posada, llamó la atención sobre el recaudo de dinero que hacían algunos sindicatos con destino al Partido Comunista de Colombia y pidió tomar medidas al respecto: “Solicitó al Comando de la Brigada se entreguen a las Agencias copia de las listas de los Sindicatos y personas que contribuyen con dineros al PC”, se lee en el informe de la reunión, fechado el 2 de julio.

En respuesta a esa petición, el alto oficial de la guarnición militar “manifestó que es mejor adelantar seguimientos y vigilancia sobre tales sujetos antes que arrestos, asimismo una propaganda negra de acción sicológica”.

Nota del editor: se respetó en este artículo la escritura original de los reportes.