Autor: NAIJULU

Dar garantías, generar confianza y que cada actor reconozca sus responsabilidades son algunas de la lecciones que dejan las comisiones de la verdad en el mundo.

El exsecretario general de la ONU Kofi Annan estuvo entre este lunes y jueves en el país para conocer los detalles del proceso de paz y hablar de comisiones de la verdad. Foto: archivo Semana.

Desde mediados del año pasado, la Mesa de Conversaciones de La Habana viene discutiendo cómo resarcir a las víctimas de una guerra larga y degradada. Como parte de esa discusión, ha surgido el tema de un mecanismo para que se conozca la verdad del conflicto. Así lo anunció el presidente Juan Manuel Santos al confirmar que sus negociadores partieron a La Habana el 24 de febrero para entrar en esta materia.

Pero la verdad no sólo es para las víctimas sino para toda la sociedad como concluyeron diferentes expertos nacionales e internacionales en el foro ‘Comisiones de la verdad y procesos de paz: experiencias internacionales y desafíos para Colombia’, realizado por la Fundación Kofi Annan, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y Foros Semana en Bogotá.

Justo cuando el país comienza a pensar la mejor manera de conocer toda la verdad posible, quiénes deben hablar, quiénes recibirán esos testimonios, qué hacer con la información y cómo guardarla, conocedores del tema de la talla del exsecretario general de la ONU Kofi Annan vinieron al país para hablar de múltiples ejemplos, especialmente de las comisiones que hubo en Argentina, Guatemala y Kenia.

Annan planteó que todo se trata de un balance entre una justicia sin impunidad pero que no sea un impedimento para la paz. “Hay que ser lo suficientemente ambiciosos para buscar la justicia y la paz y lo suficientemente sabios para saber cómo hacerlo”. (Ver: Las lecciones de Kofi Annan para el país)

Por su parte, David Tolbert, presidente del ICTJ aseguró que la paz no se puede basar en una “amnesia del pasado” donde se olvide la responsabilidad de todos los actores, incluyendo la del Estado. Al respecto, reconoció que en el país se han hecho algunos procesos para llegar a la verdad, como Justicia y Paz, pero que no se ha llegado al fondo del asunto. “No pueden hacerse los ciegos frente a las violaciones ocurridas”, expresó.

De las más de 40 comisiones de verdad que han existido en todo el mundo, todas sirven como un ejemplo para Colombia, ya sea por su éxito o su fracaso. Un punto en común que los panelistas plantearon fue que por lo general las comisiones que más ambiciosas son a la hora de investigar son las que mayores posibilidades tienen de fracasar. Además, señalaron la importancia de que la gente confíe en las instituciones, de que cada comisión se haga según el contexto del país y de la necesidad de reconocer que habrá límites pues no todo se sabrá ni se resolverá con el informe que se produzca. Una comisión de verdad es sólo el punto de partida.

A estas opiniones, el gobierno respondió que se busca el “máximo de justicia posible”, como lo dijo Santos. “El esclarecimiento nos mostrará que verdades hay muchas, algunas muy incómodas, y que todas tienen que aflorar”, agregó el mandatario.

El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, fue mucho más contundente que Santos frente a la responsabilidad estatal. “No podemos decir que de nuestro lado no hay culpas. Si las reconocemos, podemos exigirles mucho más a los otros, como las Farc y el Eln”, aclaró.

El funcionario puso sobre la mesa un tema que ha sido discutido para la justicia transicional pero que también cabe en la comisión de la verdad: ¿quiénes deben participar? Jaramillo cree que se deben incluir a víctimas, victimarios, empresarios, políticos y a todos los que tengan que ver con este conflicto. “Es una participación para dignificar a las víctimas que también debe tener en cuenta la dignidad de los combatientes”, sostuvo.

Con toda la discusión de fondo de qué es una comisión de la verdad, al final del foro hubo un panel para pensar cuáles son los puntos más difíciles qué se vienen con este tema.

En el último panel del foro se afirmó que los esfuerzos por la verdad en Colombia han sido de parte de la sociedad, la comunidad de derechos humanos y el gobierno. Foto: archivo Semana.

Lo primero que reconocieron es que no se empieza desde un vacío. Existen aportes hechos por la ‘Comisión de Estudios de la Violencia’ en 1958, el libro ‘Colombia, violencia y democracia’ en 1987, el trabajo de la Ruta Pacífica por las Mujeres en 2010, el informe ‘Basta Ya’ del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en 2013, la reciente publicación de la Comisión Histórica, entre otros.

Además, los colombianos ya saben lo que pasó y ahora “lo que se necesita es un reconocimiento pero, ¿cuáles serán sus alcances?”, se pregunta Gonzalo Sánchez, director del CNMH.

Los panelistas Ronald Syle, excomisionado de la verdad en Kenia; Priscila Hayner, consultora independiente, y Marina Gallego, directora de la Ruta Pacífica, señalaron las cuatro mayores dificultades de una comisión de la verdad.

La primera de ellas es que haya una sociedad fuerte. Según Hayner, en los países donde la sociedad civil ha tenido la suficiente fuerza como para poner sus temas sobre la mesa, las comisiones han tenido éxito.

El otro punto son las garantías para quienes hablarán y respecto a quienes recibirán la información. En el caso de Kenia, a los declarantes les ofrecían ciertas condiciones de seguridad. El problema es que no eran muy altas puesto que el gobierno no tenía un programa fuerte de protección a testigos. “Dependíamos de nuestros propios recursos y muchos prefirieron no hablar por miedo”, precisó Syle.

En el caso de la Ruta Pacífica por las Mujeres, que reunió más de mil relatos de violencia en todo el país, acordaron que ningún nombre aparecería para evitar que las volvieran a victimizar.

En cuanto a los integrantes de la comisión, deben ser independientes e íntegros para que la sociedad confíe en ellos, como planteó Annan.

Ya durante la implementación, el mayor desafío es el acceso a la información, tanto de los archivos como de las personas. En un principio, el gobierno keniano puso a disposición de los comisionados todos los datos estatales, pero cuando los necesitaron, las instituciones ralentizaron todo el proceso y al final no los dejaron acceder, especialmente porque sabían que habían altos funcionarios involucrados en la investigación.

En ese caso, sectores como los empresarios o la fuerza pública se negaron a hablar. “Por eso les explicamos que en esta conversación sobre la historia la gente hablaría de ellos y ellos decidían si hablar o no para corregir las posibles imprecisiones. Así los atrajimos para que también participaran”, relató Syle.

Por último, existe una dificultad a la que ninguno de los panelistas supo plantearle una posible solución. Cuando la comisión termine su labor y se disuelva, ¿dónde debe quedar la información que recogieron?

En Perú, se destinó una caja fuerte para guardar ciertos archivos y su contenido era tan delicado que sólo tres de los 12 comisionados tenían acceso a ellos. Dos años y medio después, cuando la labor terminó, no había quien controlara esos archivos con la confianza suficiente.

En cuanto a Kenia, se desconoce el paradero de todos los informes de verdad. “No sé dónde están nuestros documentos ahora, nadie nos responde y nadie tiene acceso a ellos. Se dice que los tiene el mismo gobierno que fue uno de los actores del conflicto”, concluyó Syle.

Colombia apenas comienza un camino largo en temas de verdad. En la discusión se deberá resolver quiénes hace una comisión de la verdad, cuáles serán los planteamientos básicos y hasta dónde le contarán al país qué fue lo que realmente pasó, por qué pasó y quiénes son los responsables de más de 50 años de guerra. Por el momento, tiene a su disposición ejemplos internacionales que le muestran parámetros básicos de éxito o fracaso. El camino lo deciden lo colombianos. 

Treinta años han pasado desde que desaparecieron a su hijo Luis Fernando, el mayor de los cuatro que tuvo, y 18 desde que el Ejército le entregó los restos. Durante todo este tiempo, Fabiola Lalinde guardó recortes de prensa, fotografías, expedientes y textos sobre su caso y llenó agendas con información recogida de diversas fuentes hasta conformar lo que es hoy el archivo más completo de la primera ejecución extrajudicial por la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA responsabilizó al Estado colombiano. Además, el pasado 23 de octubre de 2015 la Unesco lo incluyó dentro del Patrimonio Documental de América Latina y el Caribe.

Fabiola Lalinde creía que las desapariciones “sólo sucedían en dictaduras como la de Chile o Argentina”, y recuerda que su hijo Luis Fernando, un estudiante de último semestre de sociología en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín y miembro del Partido Comunista Marxista Leninista, le explicó varias veces que él tenía amigos desaparecidos.

Lo que no sospechó en aquella época era la tragedia que se le avecinaba. El 3 de octubre de 1984, Luis Fernando se convirtió en el desaparecido número 329 en el país. Así lo registró Héctor Abad Gómez, en ese entonces presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia y quien ayudó con el caso.

“Mi hijo trabajaba en la reinserción del Epl. El 2 de octubre se fue a la vereda Verdún, en el municipio antioqueño de Jardín, para ayudar a un guerrillero herido en combate”, recuerda Fabiola. Desde su llegada a la Presidencia de la República, en 1982, Belisario Betancur se acercó a las Farc, al M-19, a las Farc, a la Autodefensa Obrera (Ado) y al Ejército Popular de Liberación (Epl) para unas posibles negociaciones de paz. En marzo de 1984 se firmó el cese al fuego con las Farc y el 23 de agosto con los demás grupos subversivos. (Ver: Acuerdos de cese al fuego entre 1984 y 1986)

Parte de los registros del archivo de Fabiola Lalinde. Foto: cortesía familia Lalinde.

Pero el archivo de Lalinde muestra que en zonas como Verdún las operaciones contrainsurgentes adelantadas por las Fuerzas Militares no cedieron. La prueba de ello fue la desaparición de Luis Fernando. Campesinos del lugarle contaron a Mauricio Lalinde, otro hijo de Fabiola, que habían visto a un hombre con las características de su hermano capturado por tropas del Ejército.

“A las 5 y media de la mañana del 3 de octubre un encapuchado lo cogió y lo colgó en una pesebrera hasta las 8. Luego lo amarraron a un árbol a todo el frente de la escuela, cuando los niños estaban entrando. La gente lo vio muy golpeado, botaba sangre, y asegura que los soldados le pegaban patadas. A las 6 de la tarde lo montaron en un camión del Ejército con rumbo desconocido. De ahí en adelante, los militares siempre aseguraron de que había un NN alias ‘Jacinto’, del que primero dijeron que había muerto en combate y luego que había sido dado de baja por intento de fuga”, recuerda Fabiola.

La información que recopiló la familia Lalinde sobre el Batallón Ayacucho adscrito a la Brigada VIII del Ejército, unidad militar responsable de ese crimen, le sirvió a Fabiola para concebir lo que luego ella llamó la Operación Cirirí. “Los militares hicieron la Operación Cuervos para desaparecer a Luis, entonces yo me inventé mi propia operación. De niña, mi papá me decía que yo era un Cirirí y cuando le pregunté el significado, me respondió que era un pájaro muy insistente que defendía a sus crías de los cuervos sin matarlos”, detalla la señora.

Su archivo personal comenzó a construirse en noviembre de 1984, cuando decidió anotar todo lo que ocurría sobre su hijo en una de las libretas que tenía de cuando trabajaba en los almacenes Ley. En ella, y en muchas más a través de los años, fue registrando los eventos más importantes, como cuando Abad Gómez envió el caso a la CIDH en 1985 (lea la resolución de 1988), su asesinato a manos de paramilitares, las decisiones judiciales que se fueron tomando en el caso de Luis Fernando, los inconvenientes con las exhumaciones y los hechos que muestran cómo nadie ha sido culpado por esta ejecución extrajudicial, a pesar de las pruebas existentes.

A las madres que ha conocido durante los últimos 30 años y que viven casos similares al suyo les recomienda que escriban todo en una libreta y guarden los documentos que vayan consiguiendo. “Si yo he sido capaz de hacer esto, que no tenía experiencia, que creía en el Estado y que enfrenté la cárcel y el exilio, los otros pueden alentarse”, dice. El archivo de la familia Lalinde es una de las documentaciones privadas más completas sobre una víctima, por eso decenas de académicos lo han consultado desde 1998.

Acto de desprendimiento

Parte de los registros de Fabiola Lalinde. Foto: cortesía familia Lalinde.
A finales de octubre de 2014, Fabiola decidió entregarle una copia del archivo que tiene en su casa al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entidad que, de acuerdo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es la encargada de recopilar y preservar todos los archivos que evidencien las graves violaciones de los derechos humanos y al DerechoInternacional Humanitario. Su deber fundamental es con la información institucional, pero también con los archivos privados de las personas u organizaciones que los entreguen voluntariamente.

“Hay tanta memoria dolorosa reunida en torno a la operación Cirirí: memoria del coraje y la constancia de una madre emblemática, memoria de la persecución a la que ella y su familia fueron sometidos […] Es lección de muchas cosas, pero también una apuesta muy constructiva por la colaboración entre la memoria y la justicia”, afirmó Gonzalo Sánchez, director del CNMH, durante el recibimiento del archivo de Fabiola.

Parte de esa apuesta se convertirá un documental con la historia de Luis Fernando que debe producirse antes de que termine 2015 y proyectarse en todas las salas de cine del país, en colegios y escuelas, como le ordenó el Consejo de Estado al Ministerio de Defensa en octubre de 2013. El cortometraje lo hará el CNMH. (Ver sentencia)

Antes de entregar una copia, Fabiola expresó que su requisito era que “lo hicieran circular, ojalá digitalmente y entre la gente joven, para que conozcan la historia”. Su petición de subirlo a la web es porque teme que “lo elimine cualquier gobierno que siga” o que los militares borren la información, como asegura que sucedió con varios papeles que quemaron en la Brigada VIII, relativos a Luis Fernando.

El archivo privado consta de cartas dirigidas a la Procuraduría, Fiscalía, Medicina Legal, Defensoría y a muchas más entidades del Estado, que reflejan la insistencia de la familia Lalinde para que atendieran su caso; también contiene los documentos relativos al proceso de búsqueda de Luis Fernando, recortes de prensa, textos elaborados a máquina y a mano durante los últimos 30 años, y de fotografías de la exhumación.

La decisión de entregar toda esta documentación va por la misma línea de la política pública de manejo de archivos de derechos humanos y derecho internacional humanitario que está construyendo el CNMH. En la semana en la que Fabiola decidió entregar una copia de sus documentos, esta entidad estatal difundió un primer borrador con los elementos para conservar esta clase de archivos.

“El acopio de archivos siempre pretenderá hacerse por medio de copias fidedignas, garantizando que los propietarios o competentes mantengan la tenencia y la responsabilidad de los archivos originales y de manera íntegra”, se aclara en el informe. Además, el CNMH pretende que la preservación sea más virtual que física. (Vea el informe)

Fabiola entregó una copia de su documentación privada sin conocer esta propuesta de política pública, pero afirma que lo hizo porque “confío en el Centro de Memoria Histórica. No es un asunto de partidos que dependa de las alcaldías, sino un equipo interdisciplinario”.

La confianza es la base para conservar los archivos privados. Así lo asegura Patricia Linares, abogada asesora del CNMH: “Toda esa documentación como la de Fabiola u otras personas u organizaciones puede significar la reconstrucción de la verdad de lo que ha pasado en más de 50 años de conflicto, especialmente en los procesos judiciales donde no hay una prueba reina”.

Linares asegura que la historia de otros países ha demostrado que estos archivos son más vulnerables cuando se acerca un proceso de paz porque muchas partes no querrán que sus verdades se conozcan. Por eso la importancia de decidir qué entidad los preservará. “Hay desconfianza de las víctimas frente al Estado, con el agravante de que el conflicto continúa. No había legitimidad en ninguna institución para ser depositario de semejante confianza. El Legislador lo tuvo en cuenta y por eso en la Ley 1448 de 2011 (De Víctimas) le da esa tarea a un ente autónomo, como el Centro de Memoria Histórica”, señala Linares.

Memoria, confianza y verdad es lo que está en juego con los archivos tanto públicos como privados y en medio de todo está el dolor de las víctimas. “La denuncia permanente me ha ayudado a aliviar mi dolor. Aunque documentar lo sucedido duele mucho, sirve para que la muerte de un ser querido no sea en vano, para que él no se muera del todo”, concluye Fabiola.

 

-Botaban muchísima gente al río. La gente del pueblo, o sea, allá se vivía mucho del pescado, y la gente ya no quería ir a pescar porque normalmente tiraban la atarraya y sacaban con la manta un brazo, la cabeza, una pierna… Eso es muy, muy triste, como ya le digo… el río, decía una señora allá: “El río llora por tantos crímenes”.

La persona que hace el relato se refiere al río Magdalena, el principal afluente que bordea el occidente de Santander, el camino que une a la región del Magdalena Medio y que ha sido testigo de que las tierras más productivas fueron azotadas con una violencia de cinco décadas. La narración hace parte del Archivo Oral de Memoria de las Víctimas (Amovi), un proyecto de la Escuela de Historia y Archivística de la Universidad Industrial de Santander (UIS), financiado por Colciencias y con la asesoría de la Corporación Compromiso.

“Este es un archivo que busca construir la verdad y la memoria a partir de las voces de las víctimas. Pero esta es una memoria razonada e incluyente, es decir, que no sólo permite saber y entender lo que sucedió sino tomar conciencia y actuar”, dice Ivonne Suárez Pinzón, directora de Asomovi. Para la historiadora y especialista en archivística, esta es una iniciativa de la academia que hace una propuesta política “para llegar a cumplir el sueño de verdad, justicia y reparación”.

Aunque Amovi comenzó en junio de 2013, el proyecto echó raíces desde marzo de 2011 cuando la Escuela comenzó a trabajar con víctimas de desplazamiento forzado de diferentes regiones del país que llegaron al barrio Café Madrid de Bucaramanga, un lugar que nació a finales de los años 90 sobre las antiguas instalaciones de la estación de los Ferrocarriles Nacionales, conocida por la torre de la campana y varias bodegas, que cerraron sus puertas en 1992 y terminaron consumidas en un incendio en 2012.

-“Nosotros estábamos en la casa, en la casa, y de ahí llegaron y se metieron. Los guerrilleros cercaron al pueblo y lo invitaron a uno a la plaza para arengarlos. Allí tenían detenidos a los policías… En la incursión lo primero que mataron fue un policía que estaba afuera en la puerta, en el puesto de Policía. Y ahí sí siguió la balacera como hasta las siete de la mañana. Después de las siete nos sacaron a todos al parque… dijeron que eran del Eln”, relató una víctima que se desplazó proveniente del sur de Bolívar.

Esta porción de relato hace parte de una compilación de 25 testimonios, producto de la investigación en el Café Madrid que se publicó en 2013 como Voces contra el silencio, memoria contra el olvido (descargue aquí el libro). “De este proyecto nace la idea de salvaguardar los testimonios, de seguir documentando la historia de víctimas de todos los delitos y de todos los actores armados”, explicó Diana Novoa, investigadora de Amovi.

-“Ya se puso la situación muy difícil porque allá llegaban los grupos armados a amenazarlo a uno: que uno hacía parte del tal grupo. Nosotros “Que no”. Y a la hora de la verdad uno estaba entre la espada y la pared… Pues nosotros veíamos que por lo menos ahí, al principio, bajaba era puro Ejército, llegaban a las casas y uno tenía que cocinarles a ellos”-, recordó una víctima desplazada de una vereda de Lebrija, Santander.

“La verdad está compuesta de silencios”
El Archivo Oral de Memoria de las Víctimas está en el cuarto piso de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de Santander. Quienes estén interesados en contar su historia pueden escribir a los correos electrónicos amoviuis2013@gmail.com o isuarez@uis.edu.co, o comunicarle a los teléfonos (7)634-4000 extensiones 1097 ó 1187. Foto: VerdadAbierta.com.

Amovi basa su investigación en que la memoria no puede quedar preservada en documentos. “Además de un componente académico hay uno político, que busca reivindicación para que la violencia no se repita”, dice Novoa. La investigadora explica que comparten la teoría de la socióloga Elizabeth Yelin, quien plantea que existen dos tipos de memoria: la pasiva y la activa. La primera corresponde a la creación de archivos; la segunda a cómo las personas usan la memoria para lograr cambios.

Con esta idea, el proyecto construye un centro de documentación que completa 2 mil volúmenes de historia del conflicto armado, archivos sobre derechos humanos elaborados por movimientos sociales y 250 entrevistas a víctimas que viven en Santander, algunas de ellas de la región y otras originarias de otros departamentos.

El Centro tiene una colección de documentos de la organización no gubernamental Fundación para la Promoción de la Cultura y la Educación (Funprocep); una investigación sobre desplazamiento realizada por la Universidad Pontificia Bolivariana; archivos sobre violencia relacionadas con la construcción de Hidrosogamoso; la obra inédita el poeta Chucho Peña, asesinado 1986; informes de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos); y las entrevistas realizadas a víctimas en el Café Madrid, Bucaramanga, el área Metropolitana, Lebrija, Barrancabermeja, Sabana de Torres y Puerto Wilches.

Aunque las bases de datos, informes y entrevistas se preserven, Suárez Pinto aclara que el centro de documentación seguirá creciendo y los investigadores de Amovi analizarán la información para elaborar investigaciones que serán públicas. “Hay que contextualizar cada uno de los testimonios y contaremos las verdades de las víctimas. Estas no son historias sobre un solo delito o actor. No creemos en esa selección. Nos enfrentamos a una realidad en la que hubo interrelaciones de distintos actores”, afirma.

Según la historiadora, “la verdad está compuesta de silencios” porque según los relatos de las víctimas aún hay temor, le perdieron credibilidad a las instituciones del Estado y sólo tienen confianza en sí mismas.

Santander ha sido víctima de las guerrillas del Eln, las Farc, y el Epl; de los paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y recientemente, de las bandas criminales ‘Águilas Negras’, ‘Rastrojos’, ‘Urabeños’, ‘Paisas’ y ‘Botalones’.

El Registro Único de la Unidad de Víctimas advierte que estos actores armados expulsaron del departamento a 132 mil personas y son las responsables de que otros 201 mil desplazados buscaran refugio en Santander.

El Centro de Documentación cuenta con 2 mil volúmenes de consulta, entre ellos, libros sobre conflicto armado e informes sobre derechos humanos. Foto: VerdadAbierta.com.

La investigación en el Café Madrid llevó a advertir que solo en el área metropolitana, el mayor centro urbano receptor de víctimas de desplazamiento del nororiente, habría por lo menos 11 mil familias desplazadas sobreviviendo en asentamientos.

Para Amovi, el subregistro del desplazamiento y de otros delitos es alto. Pinzón explica que gran parte de los relatos que ha recopilado el Archivo corresponden justo a esas víctimas que no aparecen en las bases de datos oficiales.

Según los testimonios, los investigadores han ido concluyendo que la violencia en la región fue provocada por varios actores, siendo el gobierno el principal por desatención. También determinaron que los paramilitares son los que más han actuado con sevicia; que el narcotráfico no operó de forma independiente sino aliado a guerrillas y paramilitares; y que sectores de las Fuerzas Militares fueron cómplices de la barbarie.

“Somos conscientes de que hay mucha gente interesada en que no exista la memoria. Por ejemplo, a la gente le impresionó saber que en Buenaventura (Valle del Cauca) había las llamas ‘casas de pique’. En Bucaramanga, también las hubo. Los silencios hacen parte de la verdad que no conocemos y se mantendrán si no hay factores de confianza y de justicia para que pueda haber verdad”, asegura la historiadora.

Para proteger el centro de documentación, Amovi realizó convenios con el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y Amnistía Internacional. Ante Colciencias tienen una propuesta para garantizar la continuidad del proyecto y gestionan en la Dirección de la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander (UIS) una reforma del organigrama para que el Archivo Oral no se quede en un proyecto de investigación sino que exista en la estructura orgánica de la Universidad.

Cualquier persona puede acceder al centro de documentación, es decir al material bibliográfico así como al registro testimonial de las víctimas. Sin embargo, para el último caso Amovi diseñó una metodología en el que las entrevistas originales, cuya identidad de las víctimas son protegidas, grabadas y transcritas de forma textual, son reservadas. El público sólo podrá acceder a una versión de consulta presentando una solicitud formal, indicando el motivo de la búsqueda e informando qué aparte de la versión utilizó.

Diana Novoa explica que dada la cantidad de víctimas de la región, el Archivo ha capacitado a cien gestores de formación de la memoria, llevando talleres a víctimas, campesinosy profesionales. De momento, Asomovi trabaja con tres investigadores, un auxiliar y quince practicantes de Historia para realizar las entrevistas y participar de todo el proceso de documentación.

“Las víctimas crearon su archivo, nos dieron su palabra y estamos comprometidos a abrir el camino de la confianza”, concluye Ivonne Pinzón.

 

Conocer los documentos de inteligencia militar cambia la relación de un gobierno con la gente dice en entrevista con VerdadAbierta.com esta especialista alemana en el manejo de los archivos de la Stasi, la desaparecida policía secreta de su país.

Dagmar Hovestadt, portavoz oficial del Comisionado Federal para los Archivos de la Stasi En la antigua República Democrática Alemana (RDA) la vida cotidiana de sus habitantes era vigilada de manera férrea por el Ministerio para la Seguridad del Estado, conocido también como la Stasi, la temida policía secreta que documentaba todas sus operaciones en contra de potenciales enemigos del régimen.

Susrelatos eran guardados celosamente y, poco a poco, se fueron acumulando. Fotografías y descripciones de los agentes secretos sobre sus posibles objetivos hacían parte de aquel archivo que comenzó a nutrirse desde el 8 de febrero de 1950, cuando comenzó operaciones la Stasi, alcanzó a tener 91 mil empleados y más de 300 mil colaboradores en todo el país.

Hasta su desaparición en 1989, tras la reunificación alemana, esta policía secreta logró almacenar en su sede central millones de documentos que si fueran puestos en una fila medirían 150 kilómetros, entre 1,7 millones de fotografías, 40 millones de documentos y miles de grabaciones, que trataron de ser incinerados luego de la caída del Muro de Berlín..

Las bolsas fueron guardadas celosamente con el fin de reconstruir lo que allí había y poner a disposición de la ciudadanía esos archivos, con el fin de revelar las actuaciones de la Stasi. El reto era mayúsculo y para tal fin se creó la figura del Comisionado Federal para los Archivos de la Stasi ((BtSU por sus siglas en alemán), quien tendría a cargo el proceso de recuperación y custodia de esos documentos. (Ver: www.bstu.bund.de/EN/Home/home_node.html)

Dado el interés que vienen cobrando los archivos, tanto públicos, como privados, para documentar casos de violaciones de derechos humanos, VerdadAbierta.com conversó con Dagmar Hovestadt, la portavoz oficial de BtSu, quien explicó la importancia de hallar y conservar este tipo de documentos, pues en ellos hay una historia que se debe no solo preservar sino revelar a la sociedad.

El tema es crucial en Colombia, sobre todo porque es poco lo que se sabe al respecto de los archivos que poseen los organismos de seguridad del Estado, protegidos celosamente a los ojos de la ciudadanía. ¿Qué podría pasar entonces si los archivos de inteligencia militar, por ejemplo, se hicieran públicos? ¿Qué historias habría en cada documento?

Hovestadt hizo referencia a estos asuntos, explicó algunos términos básicos y sugirió publicar información clasificada, aunque el conflicto esté vigente, como ocurre en Colombia, en aras de construir confianza entre el ciudadano y el Estado. VerdadAbierta habló con ella a su paso por Bogotá, donde presentó su experiencia en el seminario internacional ‘Archivos para la paz’, convocado por el Centro Nacional de Memoria Histórica.

VerdadAbierta.com (VA): ¿Qué es un archivo?
Dagmar Hovestadt (DH): Es un repositorio que reúne gran cantidad de documentos que podrían iluminar aspectos de la historia y que, en ese sentido, sirve para hablarle a las nuevas generaciones. La actividad de inteligencia sigue, pero lo que está en el archivo es el comportamiento pasado.

VA: ¿Cómo determinar cuál es el momento de publicarlos?
DH: Primero se tiene que distinguir entre archivos con un contenido histórico de aquellos que te dan acceso a la información actual de un gobierno. Yo represento un archivo histórico porque la Stasi existió, ya no está en operación y. por ende. no hay más documentación de esta actividad. De alguna manera es un poco más fácil porque es algo que ya acabó. Pero es diferente a acceder a información de algo que está ocurriendo.

VA: ¿Y qué hacer con los archivos cuando el conflicto sigue, como el caso de Colombia?
DH: Cuando le piden a un gobierno información actual, puede negarlo si la publicación daña algún proceso. Aunque es un hecho que si quieres una democracia real, los ciudadanos deben poder tener los datos.

VA: ¿Qué pasa cuando la información es de instituciones o de personas que no hacen parte del gobierno?
DH: Se les debe preguntar si están de acuerdo en publicarla, especialmente si hay muchaspersonas privadas comprometidas en esa información.

VA: En el caso de la información estatal, ¿siempre depende de la voluntad del gobierno de turno?
DH: No. Eso debe estar regulado por una ley para proteger la información mientras que los ciudadanos tienen el derecho a exigir el acceso a esos registros. En Alemania, por ejemplo, tenemos actos de libertad de información sólo desde 2005 a pesar de que empezamos a obtener los archivos de la Stasi en 1992, y fue mucho después que entendimos el concepto de acceder a la información del gobierno.

VA: ¿Qué tanto puede dañar al gobierno o a inteligencia militar que se publique información que hoy es secreta?
DH: Sí puede significar un daño, pero a veces es algo bueno porque si el gobierno esconde algo y la gente tiene acceso, entonces habrá transparencia. El hecho es negociar lo que para el gobierno quizá era una mala decisión. En Alemania se miraba con recelo el hecho de revelar la información, pero hoy ya se pueden encontrar hasta en internet y la gente puede visitar el lugar donde operaba la Stasi, pues lo convertimos en un museo sin cambiar nada de su estado original.

VA: En esos casos, ¿cuándo publicar la información que era secreta?
DH: Lo ideal es que una vez la operación acabe, permitan el acceso a la información y digan cómo la obtuvieron, si eso no pone en riesgo el futuro de prevenir otras acciones ilegales. Pero también está involucrada la confianza. Como ciudadano, ¿confío en que los servicios de inteligencia sean correctos en cuanto a qué debe ser secreto y qué no?

Esa pérdida de confianza es lo que ha pasado en Colombia, en muchos países de Latinoamérica y en Alemania. La gente se tomó los edificios de la Stasi en enero de 1990 porque estaba harta y reclamó la información. No había manera de que la Stasi se ganara otra vez la confianza de la gente.

VA: ¿Qué hacer en ese momento?
DH: Si la tradición es de abuso del poder y de utilizarlo para apoyar a un único partido o a un comandante militar, si se perdió la lealtad a la gente, entonces hay que pensar seriamente en acabar las instituciones. No se puede reconstruir una confianza completamente arruinada. Lo correcto sería acabar con ese servicio de inteligencia de raíz, llegar a sus archivos y empezar algo nuevo.

VA: ¿Qué tan fácil o difícil es?
DH: Necesitará tiempo y ciudadanos activos que lo demanden. Es un proceso complicado, tedioso y confuso. Una vez se sepa qué se quiere, se tiene que definir con claridad la relación del gobierno y su gente y en cómo la controla. Se trata de tener una ruta clara y de pedir lo mismo una y otra vez: transparencia. Pero no hay una palabra secreta que lo cambie todo y que permita decir que estará bien mañana.

VA: ¿Qué tiene que ver la confianza con los archivos?
DH: Porque si no hay confianza en las instituciones, si todavía se cree que el gobierno abusará de su poder, todo se vuelve más delicado si le dicen a la gente que no tendrá acceso a la información porque el gobierno necesita hacerlo “a su manera”.

VA: ¿Qué se necesita para entender uno de esos archivos?
DH: Desde mi experiencia con los archivos de la Stasi, puedo decir que uno empieza a leer y al inicio parece que no hay mucha información relevante porque no se entiende, es como un lenguaje propio y muy creativo. Para eso ayuda entender la estructura de la propia institución. Qué departamento escribe una carta a qué departamento, cómo se relacionan, cuál es su trabajo. Así sale poco a poco lo que dicen esos documentos.

VA: Y más allá de aprender a leer, ¿qué ayuda?
DH: Que conozcas gente dentro de las instituciones porque no todos están en contra. Hay personas quesaben que están ahí para servir al pueblo y necesitas encontrarlos para que te ayuden a entender el pasado que está en los documentos. Ellos saben lo que dicen los archivos y te lo simplifican.

VA: Después de toda la desclasificación que han hecho de los archivos de la Stasi, ¿se puede decir que la gente confía en el gobierno alemán?
DH: Diría que nunca es perfecto, pero creo firmemente en que si hay algo malo en el Estado, puedo ir a una Corte y tendré mis derechos. Al final hay justicia y también restricciones, incluso en el sistema en el que confías. Pero la confianza, que no se demoró un único día en construirse, está ahí.

 

El FBI acaba de desclasificar más de mil páginas de archivos secretos sobre Pablo Escobar, que revelan cómo le siguieron los pasos desde que empezó a lavar dólares en EE.UU hasta que se convirtió en el terrorista más perseguido en Colombia.

 

El FBI reveló miles de folios sobre Pablo Escobar. Fotomontaje VerdadAbierta.com – El expediente del FBI sobre Pablo Escobar (I parte)

Mientras en los sectores populares de Medellín, Escobar era un mecenas que construía barrios, se metía en los basureros y se hacía pasar por un Robin Hood, en Estados Unidos ya se le relacionaba con el tráfico de drogas.

Así lo confirma el primer informe del FBI sobre Escobar, realizado el 30 de marzo de 1984, cuando en Colombia el narco incursionaba en política como suplente del representante a la Cámara, Jairo Ortega, por el movimiento Alternativa Popular, que lideraba Alberto Santofimio Botero.

Para saber más sobre Escobar, agentes del FBI con sede en Newark, pidieron una autorización a sus superiores con el fin de desplegar una investigación que incluía interceptaciones telefónicas y agentes encubiertos que se harían pasar por vendedores de drogas o por hombres dispuestos a lavar dinero para Escobar.

La operación la bautizaron: “Pablo Escobar: Tema de estupefacientes” pero se cambió a “Operación Piscis” cuando el proyecto creció en su alcance.

Por razones de seguridad, muchos de los nombres y detalles en los documentos a los que tuvo acceso Verdadabieta.com fueron tachados y por eso no es posible ver toda la información de algunas páginas. Las identidades de los cómplices de Escobar, por ejemplo, son limitadas a “hombres blancos” sin antecedentes penales.

Sin embargo, aparecen descripciones del capo a lo largo de los documentos. Su entrada en la base de datos criminal del FBI señala: “Pablo Emilio Escobar Gaviria; Fecha de Nacimiento: 1 de diciembre de 1949; pelo negro; ojos marrones; anteojos; Ocupación: Senador; Alias : Pablo Escobar Carilla-Gariria, ‘Pablito’, ‘Emilio Gaviria’, Los Pablos Associates”.

En dos cartas al director del FBI, agentes federales citaron un artículo de Time Magazine en el cual Escobar se burla de la comparación entre él y las FARC: “Se me puede acusar de ser un narcotraficante, pero decir que estoy del mismo nivel que la guerrilla, así que realmente me duele la dignidad de persona”.

Otras descripciones lo califican como “el tercer hombre más rico del mundo”, “el narcotraficante más importante del mundo” o simplemente “un narcotraficante con sede en Colombia”.

En Colombia también empezaron los señalamientos. Mientras Escobar ganaba notoriedad en política, ese mismo año apareció el primer artículo periodístico publicado por el diario El Espectador, en el que lo relacionaban con el tráfico de drogas.

Su nombre, al igual que el de narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha, los hermanos Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa, Carlos Ledher Rivas, entre otros, estaban asociados a la creación de un grupo de justicia privada conocido como Muerte a Secuestradores (Mas), que le declaró la guerra a las guerrillas de las Farc y el M-19 por el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana menor de los Ochoa. Este grupo es considerado en Colombia como uno de las primeras organizaciones paramilitares del país financiada con dineros del narcotráfico.

Por su parte, en Estados Unidos, Escobar ya empezaba a ser referenciado como el máximo líder del Cartel de Medellín.

Pablo Escobar en sus inicios como jalador de carros. Foto Semana.

Pablo Escobary sus lavanderías
En ese primer informe, un agente del FBI explica que recibió información en la que se vincula al capo con un complot para sacar dólares desde los EE.UU y varios países de Suramérica a bancos extranjeros. La fuente identifica a Escobar como el dueño de “varias empresas en los EE.UU, incluso varias lavanderías y lavaderos de autos”.

Al parecer, de allí empieza a acuñarse el término “lavado de dólares”, porque en ese momento el delito -o la referencia que se hace de él- era el de transporte ilegal de moneda.

En los dos primeros documentos publicados por el FBI sobre Escobar, lo identifican como “el rey de drogas del mundo”, “un zar multimillonario de cocaína” y el líder de un plan para importar cantidades de cocaína no especificadas a los EE.UU y blanquear dinero.

“Dado la información proporcionada por nuestra fuente de Newark (Nueva Jersey), es muy probable que los señalados estén participando en el blanqueo de dinero ilegal de drogas”, dice un informedel 11 de abril de 1984, enviado al director del FBI.

Otro memorando del 10 de agosto de 1984 menciona que Escobar había sido recientemente acusado por un gran jurado federal de Miami en un caso de contrabando de cocaína y por eso era clasificado como fugitivo.

El mismo memorando hace hincapié en la necesidad de ampliar la operación, pidiendo los fondos para cubrir dos agentes especiales y material para chuzar a varios sospechosos de ser aliados o testaferros de Escobar en Nueva York y Miami.

Ante esa solicitud, el Gobierno Federal aprobó una operación encubierta: “Dada la información contenida en su solicitud, además que la otra información que he recibido sobre esta actividad clandestina, estoy seguro que está diseñado para llevar a cabo la detección y persecución de los delitos contra los EE.UU”, declara el jefe de la sala de crimen organizado, en una carta.

Esta investigación duró tres años y con ella se logró la detención de 220 narcotraficantes y la incautación de más que 5.000 kilos de cocaína. Aunque no lograron capturar a Escobar, la operación fue una de las más exitosas contra los narcotraficantes en la historia de los EE.UU.

En otro cable fechado el 19 de diciembre de 1984 y remitido al cuartel general del FBI, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá hizo un análisis de la situación que para ese momento enfrentaba Pablo Escobar y las posibilidades de extradición.

Según los documentos secretos, el principal problema para las autoridades federales de ese país era que el narcotraficante tenía inmunidad parlamentaria.

Sin embargo, el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, revelaría el prontuario delictivo de Escobar, por lo que el capo ordenó asesinarlo.

Tras la muerte de Lara, ocurrida el 30 de abril de 1984 en Bogotá, el Congreso promovió el 26 de octubre de ese año un debate tras el que Escobar perdería su inmunidad por ser señalado como el autor del asesinato del ministro, con lo que se dejaron las puertas abiertas para que el gobierno norteamericano pidiera su extradición.

Entonces, el gobierno de Belisario Betancur anunció que extraditaría a cualquier colombiano que estuviera involucrado en el tráfico de drogas, lo que desataría una de las peores oleadas de violencia por parte de Escobar y sus aliados contra el Estado colombiano.

La embajada norteamericana en Colombia informó en ese cable que “este multimillonario colombiano” había perdido su inmunidad por la muerte de Lara, pero aseguró que esa vinculación “no hace automáticamente susceptible a Escobar de ser extraditado a los Estados Unidos”, y explicó que la Cámara de Representantes estaba a la espera de una solicitud de extradición y “no sólo de una solicitud de detención provisional”.

Según el cable, “la Embajada presentó al Gobierno colombiano una solicitud de detención provisional de Escobar el 26 de julio de 1984”. También, que la “Embajada no ha recibido instrucciones para buscar la extradición de Escobar a los EE.UU”.

Al evaluar la situación de ese momento, la Embajada expuso varios escenarios en su análisis.

El primero de ellos tenía que ver con la captura de Escobar en el país. “En caso de que sea detenido en Colombia por el asesinato de Lara, se precipitaría una batalla legal que probablemente duraría hasta el final del mandato de Escobar como representante (a la Cámara) suplente”.

Otro escenario que contemplaban era hacer una captura en otro país: “Si Escobar es detenido en un tercer país, una petición del gobierno de Estados Unidos para su extradición es probable que compita con una solicitud de extradición de Escobar a Colombia”.

Después del asesinato del ministro Lara Bonilla, empezó la cacería a Escobar, por lo que los esfuerzos de las autoridades de Estados Unidos se orientarían a armar un expediente sólido que permitiera su extradición.

La División de Newark del FBI propuso entonces una gran operación encubierta contra Pablo Escobar y su organización, que incluía la interceptación de comunicaciones, con el fin de “aportar pruebas y testimonios” a la justicia norteamericana.

La operación fue descrita en el cable del 7 de marzo de 1985. En ese documento se indica que habría una infiltración a la organización de Escobar, específicamente para investigar las operaciones de blanqueo de dinero proveniente de actividades del narcotráfico y la importación y distribución de narcóticos. “Newark propone que esa investigación puede llevarse a cabo utilizando el actual personal del Newark a un costo mínimo”.

Escobar, preocupado por dinero en EE.UU.
Una de las mayores preocupaciones de Escobar que revelan los cables desclasificados del FBI, era el dinero que tenía en Estados Unidos. Son varios los cables en los que se indica su ansiedad por sacar esos recursos y llevarlos a otro lugar.

El tema fue abordado el 18 abril de 1985 en un cable enviado por agentes de Newark a la Dirección del FBI. En el documento se hace referencia a un posible escenario que se estaría configurando para esa época y que podría afectar el lavado de activos en Estados Unidos, pues Pablo Escobar quería sacar su dinero.

En relación al lavado de dinero, el FBI era consciente que parte de esos recursos “suministrados por los traficantes de cocaína colombianos emanan directamente de Pablo Escobar, cuya importancia en el comercio de la cocaína es bien reconocida”. Al parecer, el movimiento de dinero sería una práctica ilegal que violaría normas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El deseo de Escobar de sacar el dinero de ese país sería aprovechado por el FBI, que una vez enterado del asunto y ya infiltrada esa empresa criminal, proyectó una operación para involucrar al capo del Cartel de Medellín en delitos federales.

La idea era involucrarlo en un movimiento financiero de grandes proporciones utilizando “instrumentos financieros” que le permitieran al narcotraficante colombiano sacar el dinero de Estados Unidos, llevarlo a otro país y consignarlo en una cuenta que estaría bajo su control.

¿Operaciones encubiertas para sacarlo del país?
Un cable fechado el 22 de mayo de 1985 da cuenta de una operación encubierta a través de la cual se buscaba que Pablo Escobar montara un laboratorio de cocaína en República Dominicana. Para ello enviaron a un hombre desde Filadelfia, Estados Unidos, a hacerle la propuesta. “Desde entonces ha estadonegociando en Colombia con los representantes de Escobar”, advierte el cable.

De acuerdo con la información obtenida por la División Newark, el propósito de ese viaje era convencer a Escobar de «establecer» una operación de procesamiento de cocaína en República Dominicana y para seducirlo se dijo que esa operación estaría protegida por alguien que “mantiene contactos de alto nivel dentro del Gobierno”.

Sin embargo, el cable no da cuenta del resultado de esa propuesta, que estuvo monitoreada en Bogotá por funcionarios de la DEA. Al parecer, el propósito era buscar la manera de sacar a Pablo Escobar del país, para capturarlo.

Para la época de la propuesta, el presidente de República Dominicana era José Salvador Omar Jorge Blanco, quien gobernó ese país entre los años 1982 y 1986.

Compra controlada de cocaína
Por último, los cables también arrojan información sobre operaciones del FBI tendientes a identificar a miembros de la organización de Pablo Escobar asentados en Estados Unidos. Para ello diseñaron operaciones de compras controladas de cocaína, asunto que fue apoyado por la División Newark, pues considerada que esa estrategia “conduzca directamente a los miembros del cártel de Pablo en la sede de Florida, con quienes se debe negociar en los Estados Unidos”.

Si bien los investigadores eran conscientes de que ese tipo de compras no los llevaría hasta Escobar, se podría establecer la capacidad que tenía esa organización para proveer grandes cantidades de cocaína a los supuestos compradores.

Con esas compras controladas, la División del FBI en Newark consideraba que “daría lugar a otros delitos punibles y reforzaría la investigación en curso de Newark sobre la conspiración de narcóticos, gracias a la demostración de la estrecha relación con los colombianos”.

Además, la estrategia -consideraban los investigadores- “aumentaría su credibilidad con el cártel de Escobar”, lo que podría derivar en un interés “renovado de los colombianos por consumar el lavado de dinero”.

Espere en próxima entrega «La tregua frustrada de Pablo Escobar»