Especial para VerdadAbierta.com: Maria Camila Paladines y Nicolás Díaz Roldán, de la Unidad de Investigación Periodística Politécnico Grancolombiano.
Colombia. Año 1964. La Violencia bipartidista había afectado a gran parte del territorio nacional. Las zonas rurales del país sufrían una metamorfosis obligada por la guerra. Colombia era una nación en estado bélico, en permanente Estado de Sitio desde 1958. En ese contexto, campesinos de distintas zonas del país se empezaron a organizar bajo ideologías comunistas, con mucha fuerza, en el sur del departamento de Tolima.
El gobierno colombiano, encabezado por Guillermo León Valencia (1962-1966), consideraba que en esos territorios de colonización campesina se estaban conformando ‘Repúblicas Independientes’. Al respecto, en entrevista para este portal, Jaime Caycedo, actual secretario general del Partido Comunista Colombiano (PCC), sostuvo que esas zonas representaban para aquel gobierno “un desafío a la soberanía nacional, porque se trataba de unas repúblicas comunistas en pleno corazón del país”.
Valencia y la cúpula militar dialogaban con Estados Unidos, de acuerdo con Caycedo, ideando estrategias militares para enfrentar a su mayor enemigo: la guerrilla campesina comunista en Marquetalia.
Al mismo tiempo, el PCC, que ya cumplía 34 años de surgimiento, se movilizaba, nacional e internacionalmente, a través del periódico Voz, denunciando que se estaba planeando una agresión violenta, desproporcionada y, según Caycedo, sin ninguna justificación real “contra unos campesinos ¡a quienes se les acusaba del gravísimo delito de ser comunistas!”. Las denuncias no fueron suficientes. La Operación Soberanía, más conocida como Operación Marquetalia, se desplegó y tuvo una duración de un mes, desde mayo hasta junio de 1964. (Leer más en: ‘Operación Marquetalia’, bajo la mirada de archivos de inteligencia)
Desde entonces, lo único que ha cambiado en ese ambiente de agitación en Colombia es la derogación del Estado de Sitio y el nombre del Presidente de la República.
Entre archivos
El portal VerdadAbierta.com tuvo acceso a archivos desclasificados del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que evidencian los seguimientos y el espionaje del Estado hacia diversos integrantes del PCC, además de la estigmatización hacia los campesinos comunistas. En esos documentos se encuentra información sobre actividades del partido político, particularmente en Antioquia, en los años 1963 y 1964.
De acuerdo con algunos de los archivos, el PCC realizaba reuniones en casas de los barrios Fátima y Castilla en Medellín, donde se daban instrucciones de defensa propia y se pedía que se investigara a miembros de las Fuerzas Armadas “a fin de prepararse para cuando llegue la hora de la revolución”.
Uno de los miembros del PCC observado en aquellos años por el DAS fue Delimiro Moreno, quien, en 1963, desarrolló una intensa actividad política en medio de las huelgas de trabajadores y de las manifestaciones obreras en el departamento de Antioquia. (Leer más en: “Soy un ‘francotirador’ de izquierda”: Delimiro Moreno)
En varios de los documentos, efectivamente, se registraron las denuncias que hizo el Partido Comunista sobre los planes militares en Marquetalia. En uno de ellos, fechado el 31 de marzo de 1964, se reportan campañas que el PCC llevaba a cabo para, presuntamente, recolectar fondos y enviarlos a Manuel Marulanda, alias ‘Tirofijo’, cofundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
En ese reporte se lee que “Santiago Medina (a. Guachafa) se encuentra en esta ciudad y ha manifestado que a William Ángel Aranguren (a. Desquite) lo reemplazó su segundo, apodado Comino. Asimismo, manifiesta que al bandolero alias ‘Tiro Fijo’ elemento que opera en la región Marquetalia lo sostienen las casas comunistas de Ibagué y Bogotá, que de dichas casas le envían armas y municiones, y que los atracos y secuestros son organizados de común acuerdo con el fin de recolectar fondos para la Causa Comunista”.
El 15 de junio de ese mismo año, el DAS reportó que “las juventudes del Partido Comunista Regional Antioquia en la presente quincena, se dedicaron a hacer propaganda a las Repúblicas Independientes del Sur del Tolima y límites con el Huila, que son Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero, con boletines, hojas volantes y carteles murales, donde dicen «LA AGRESIÓN A MARQUETALIA ES UN NUEVO CRIMEN CONTRA LAS CLASES POPULARES, DEFENDAMOS A MARQUETALIA, COMO EJEMPLO DE DIGNIDAD NACIONAL» (sic). Así sucesivamente diferentes clases de propagandas, otras desacreditando al Gobierno actual y a las Fuerzas Armadas”.
Un mes después, ese organismo de seguridad reportó desde Medellín que “de acuerdo con investigaciones realizadas, se tiene conocimiento que el Partido Comunista continúa recolectado dinero por intermedio de sindicados afiliados al (P.C.) (sic) y organizando fiestas y rifas con el único fin de ayudar a sus afiliados que están en la región de Marquetalia”.
Al respecto, Caycedo indicó que “es realmente inverosímil que un partido político que no hace parte del gobierno, que no está en el poder, que no tiene recursos económicos, pueda financiar una organización guerrillera como las Farc. Entonces, no hay manera de establecer alguna explicación racional en dirección a esa versión de las cosas. No hay relación”. Para el Secretario del PCC el nexo era exclusivamente político.
Este portal le preguntó a Sandra Ramírez, excombatiente y actual senadora del partido Comunes, sobre la supuesta financiación del PCC hacia las Farc, pero no emitió respuesta alguna. Sin embargo, frente a las razones por las que el DAS les hacía seguimiento a miembros del PCC, afirmó que debido a que el Partido expresaba su apoyo político a la guerrilla comunista naciente, eso “motivó para que el Estado colombiano, a través de sus servicios de seguridad, hiciera un seguimiento a todas las personas: dónde se visitaba, quiénes hacían, qué hacían, qué no hacían, cómo lo hacían”.
Además, Ramírez fue enfática al asegurar que esos seguimientos eran permanentes, y los realizaban personajes encubiertos como vendedoras de zapatos, de tinto o de ‘chucherías’, y asegura que “muchas eran mujeres”.
Sin embargo, el PCC y quienes empezaron a llevar consigo la bandera de las Farc fueron tomando rumbos distintos: unos, el de la participación política; y otros, el de la acción armada.
Quienes tomaron la vía de las armas para luchar por los ideales comunistas se convirtieron, en la década de los noventa, una máquina de guerra con un repertorio de violencia que incluía tomas de pueblos, masacres y secuestros, actos que, según Caycedo, generaron una distancia importante entre los que alguna vez se consideraron compañeros. (Leer más en: Tomas guerrilleras, la oportunidad de desentrañar la guerra de las FARC-EP)
“Para el PPC y la Juventud Comunista, esas acciones correspondían a algo completamente ajeno a nuestra actividad política, social, ideológica, propagandística”, le dijo a este portal el actual Secretario General del PCC.
Y agregó: “Uno las puede entender en el marco de la guerra, de la comprensión de lo que implica una guerra, una guerra de guerrillas, una guerra de resistencia y una guerra que también tiene que autofinanciarse. (…) En varios de estos casos, nosotros sí tomamos distancia, por ejemplo, del secuestro. El Partido Comunista siempre se opuso y siempre señaló su total rechazo al secuestro extorsivo como una práctica contraproducente que terminaría creando grandes dificultades para la propia lucha que libraban los guerrilleros de las Farc”. (Leer más en: El secuestro económico estuvo en el ADN de las Farc)
Esas acciones criminales marcaron el final de la década de los noventa y los primeros años del dos mil. El nuevo siglo arrancó, paradójicamente, con un intento fallido de paz entre las Farc y el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), y el robustecimiento de las organizaciones paramilitares, encabezadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que buscaban, a toda costa, combatir a la insurgencia y a sus bases de apoyo, afectando, en gran medida, a comunidades ajenas al conflicto armado.
Nuevo enfoque de seguridad
El fracaso de las negociaciones entre el gobierno de Pastrana y la guerrilla de las Farc, catapultó la candidatura a la Presidencia de la República del exgobernador de Antioquia Álvaro Uribe, quien enfocó su campaña en un discurso bélico contra esa organización insurgente y de diálogo con los grupos paramilitares, lo que a la postre lo llevó a ganar las elecciones y posesionarse el 7 de agosto de 2002.
Su concepto de seguridad generó un incremento de las acciones de la inteligencia militar a través del desarrollo deliberado de espionajes y perfilamientos a quienes, particularmente, actuaban o pensaban desde ideologías de izquierda y cuestionaban su modelo de seguridad.
Así se reveló en 2009 a través de una serie de artículos publicados por la revista SEMANA, en los que se dio a conocer que durante los dos mandatos del gobierno del presidente Uribe (2002-2006 y 2006-2010) se interceptaron las comunicaciones de magistrados de las altas cortes, políticos de oposición, periodistas y voceros de distintas organizaciones no gubernamentales.
La tecnología se convirtió, en este nuevo enfoque de seguridad nacional, en un factor crucial para el espionaje, marcando un hito con respecto a aquellos reportes quincenales de 1964.
Julián F. Martínez, periodista y autor del libro ChuzaDAS (Ediciones B, 2016), le dijo a este portal que toda la recaudación de información en estos espionajes es útil para que el gobierno nacional tome decisiones.
En el caso de las interceptaciones ilegales, agregó, sirven, “fundamentalmente, para encontrarle puntos débiles a los blancos –como se refieren a quienes son interceptados– y fabricar montajes judiciales para quitarles sus derechos políticos, para chantajear y para saber cómo psicológicamente los pueden atacar. Son estrategias perversas en realidad”.
Y es que, con la revelación de estas prácticas ilegales, quedó en evidencia que aquellos ‘blancos’ a los que se espiaba no necesariamente eran “bandoleros” o “antisociales” como se llegó a calificar en la década de los años sesenta a quienes actuaban desde la izquierda, sino más bien a cualquier persona u organización que cuestionara o estuviera en contra de las políticas del gobierno de turno. En consecuencia, en el año 2011, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018), el DAS, permeado de escándalos e investigaciones irregulares, fue suprimido, dejando a su paso más de 20 condenados en el 2015 por delitos como espionaje ilegal y hostigamiento.
El tema escaló a nivel internacional y en 2012, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su informe anual, se pronunció frente al espionaje ilegal. En su documento indicó que los servicios de inteligencia militar colombianos “necesitan una normativa pública que enmarque y delimite sus acciones. Sus mecanismos de control internos y de rendición de cuentas necesitan ser fortalecidos considerablemente. Es importante corregir estas falencias, en particular, a la luz del aumento de recursos destinados a la inteligencia militar, previsto en la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad de 2011”.
Se dijo, además, en ese documento de ese organismo multilateral, que “en octubre se suprimió el DAS y se creó en su lugar la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, junto con un mecanismo específico para supervisar su funcionamiento. No se ha podido constatar todavía el impacto de estas reformas y su eficacia en la prevención de nuevos abusos”.
Tal pronunciamiento cobró sentido ocho años más tarde, cuando, en mayo de 2020, la revista SEMANA publicó otra investigación, titulada “Las carpetas secretas”, en la que reveló nuevas interceptaciones, esta vez a cargo de las Fuerzas Militares.
“Entre febrero y los primeros días de diciembre del año pasado, las actividades de más de 130 ciudadanos fueron blanco de lo que los militares llamaron perfilaciones y trabajos especiales”, se lee al iniciar el artículo, dejando en evidencia el uso de la inteligencia estatal para aplicarla a numerosas personas con alguna relevancia nacional, especialmente a periodistas.
Martínez, al respecto, llamó la atención la manera como ha variado la descripción de esas labores: “En el pasado, el DAS perseguía a la gente, la interceptaba, la espiaba; y ahora a lo mismo le llaman perfilamientos. Pero como la tecnología va avanzando, ahora la inteligencia no solamente te intercepta una comunicación telefónica, sino que pueden tener acceso a tus fotos, pueden incluso activar tu cámara, activar el micrófono, oírte, ¡hay tantas cosas que pueden hacer que ni siquiera la misma persona es consciente!”.
Aquel escandaloso espionaje surgió en medio de fuertes cuestionamientos al gobierno nacional y a las Fuerzas Armadas por las constantes violaciones a los derechos humanos. El rechazo y la desaprobación por lo que pasaba en el país en asuntos como la educación, el trabajo y la salud, eran evidentes, y la gente salió a las calles y se movilizó en redes sociales para exigir cambios en esos sectores fundamentales para cualquier sociedad.
“Han construido unos árboles de relación con personas con las que interactuamos en redes sociales. En algunos casos, hay teléfonos y nombres nuestros como familiares. Esos árboles de relación son bastante malucos. Hay una fotografía en la que estoy yo como director del medio y están todos mis compañeros con un número en la cabeza, yo aparezco arriba como si fuese el jefe de una banda”, comentó para este artículo Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto, uno de los medios de comunicación víctima de los llamados perfilamientos revelados por SEMANA.
Hechos como este ponen en evidencia la estigmatización y persecución de la que son víctimas aquellos que cuestione las prácticas estatales. Si bien en el pasado la inteligencia estatal se enfocó en los comunistas, hoy ha trascendido. A la lista se suman los de izquierda, centro-izquierda, periodistas y medios de comunicación, o cualquiera que, en las calles o en las redes sociales, exprese sus inconformidades.
Más de 50 años han pasado y las estrategias de espionaje por parte de los gobiernos a quienes los contradicen se mantienen y, contrario a detenerse, aumentan sofisticadamente al ritmo que la tecnología impone.