Autor: NAIJULU

En un emotivo discurso, pronunciado en la sede de la Universidad Nacional de Medellín, esta buscadora de la verdad le entregó al Alma Mater miles de documentos que contienen el drama de una madre que buscó desesperadamente a su hijo, torturado, asesinado y desaparecido por tropas del Ejército en Jardín, Antioquia. VerdadAbierta.com reproduce textualmente el texto de su intervención, por considerarlo una pieza de inmenso valor testimonial para el presente y el futuro.

“Soy una persona creyente, porque como decía mamá, orar es hablar con Dios y yo no le doy descanso a ÉL ni de día ni de noche. Y hablo tanto con ÉL, dicen los chismes por ahí, que cuando entro a una iglesia Jesús se pone la mano en la frente, cierra los ojos, baja la cara y dice: “ayyyy, mira quien llegó”. Pero también cuando era niña, papá me enseñó a no tragar entero, que las guerras no las ganan las armas sino las estrategias. Papá decía que yo era insistente, persistente e incómoda, que era como un cirirí, pues siempre estaba preguntando por qué, por qué, por qué… Ya de grande, como mamá, Luis Fernando me decía Jodelina, o Jode, con cariño, porque echaba mucha cantaleta.

Mis primeras palabras y pensamientos hoy son para ti Luis Fernando, hijo querido, para decirte que te seguimos extrañando, pero aquí estas con nosotros ¡Presente!

Luis Fernando, mi hijo, fue torturado, desaparecido y asesinado por el Ejército Nacional los días 3 y 4 de octubre de 1984, y desde entonces no hemos dejado de orar, de buscar y de preguntar.

En los últimos 34 años de mi vida me he dedicado a buscar, primero a mi hijo y luego a la verdad y la justicia. El año pasado, por ejemplo, hable con el comandante del Ejército, Alberto José Mejía, hoy comandante general de las Fuerzas Militares, quien dijo que el crimen de Luis Fernando nunca debió ocurrir. Nos abrazamos y agradecí sus palabras, pero volví a preguntarle por qué, por qué, por qué…

Quiero traer en este momento el recuerdo del médico, profesor universitario, presidente del Comité Permanente por los Derechos Humanos, Héctor Abad Gómez. Este ángel de carne hueso estuvo con nosotros desde los primeros días, nos acompañó a buscar y fue quien llevó el caso en la primera condena al Estado por la desaparición de Luis Fernando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. A él, como a otros tantos defensores de los Derechos Humanos, lo asesinaron, pero aquí está, aquí están con nosotros ¡Presentes! Todavía seguimos preguntando por qué, por qué, por qué…

Y encontramos otras respuestas. Como en el hermoso documental de su nieta Daniela Abad, “Carta a una Sombra”, la experiencia nos enseña que los humanistas nunca mueren.

Justo en los días que salió la condena al Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me llevaron presa, con falsas acusaciones de ser la jefa de la narcoguerrilla en Antioquia, terrorista y subversiva. En la cárcel, estaba desenredando unos nudos con las monjas y otras presas del Buen Pastor, y de repente se me vino a la mente la infancia, el cirirí, las enseñanzas de papá y mamá, y pensé —“¡Esperen y verán! Ahora si van a saber quién es Fabiola Lalinde, carajo, y se va a llamar Operación Cirirí y voy a buscar a Luis Fernando toda la vida, aunque no lo encuentre.”

Buscamos y buscamos, siempre diciendo la verdad, con respeto a la constitución y la ley, a través de un arduo trabajo interdisciplinario, con grupos de presión nacional e internacional. Son muchas las organizaciones y defensores de los derechos humanos que nos apoyaron en la búsqueda: Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Corporación Jurídica Libertad, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), Amnistía Internacional… Son muchos, muchas más de 200 ONG, que no puedo nombrar ahora. Juntos abrimos caminos, trochas, que antes no se conocían. Hoy algunos nos acompañan, pero a todos, a los aquí presentes y a los que no lo están, ángeles de carne y hueso, los abrazamos y les agradecemos su solidaridad.

Los militares habían enterrado a Luis Fernando como un NN, alias Jacinto, y luego lo exhumaron y desmembraron de forma ilegal para que nunca lo encontráramos. Aquí está el profesor Rodrigo Uprimny, quien me acompañó en esta búsqueda para escavar la tierra con nuestras propias manos en abril y mayo de 1992. En abril, encontramos los primeros restos óseos y prendas de vestir. Buscamos y buscamos, pero no encontrábamos el cráneo. Mamá me enseñó que la fe mueve montañas. Era miércoles santo, yo cantaleteé al Señor y le dije que no podía permitir que reinara la impunidad. Una luz brilló entre las nubes e iluminó el árbol más alto de la montaña y yo supe que era una señal de que ÉL había escuchado mis oraciones, pero el juez militar se negó a continuar. Sin embargo, insistimos, y con el apoyo de la comunidad internacional pudimos presionar hasta reanudar la búsqueda en mayo. Volvimos. Los peritos judiciales dedujeron que por la ley de la gravedad, el cráneo debería estar en la partes bajas de la montaña. Yo insistí en que deberíamos seguir buscando montaña arriba y fue entonces cuando las dije: —“¡cuándo van a entender que aquí en Colombia las leyes de la impunidad van incluso contra la ley de la gravedad”. Seguimos buscando, cuesta arriba, hasta que encontramos el cráneo en las raíces del árbol más alto de la montaña.

Encontramos los restos de Luis Fernando, pero no imaginábamos que la lucha por recobrar la identidad de Luis Fernando solo estaba a punto de comenzar. Aquí nos acompaña el profesor José Vicente Rodríguez, quien conoce de primera mano esta historia. Yo estaba segura de que los restos que habíamos encontrado pertenecían a Luis Fernando, mi corazón de mamá me lo decía, reconocí su ropa y tenía otros indicios, pero ahora era necesario demostrar en la Justicia Penal Militar que los restos de un NN, alias Jacinto, eran los de Luis Fernando. Peritos expertos de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación presentaron múltiples pruebas e informes criminalísticas sobre huesos y vestido para identificar el cuerpo. El profesor José Vicente Rodríguez hizo la caracterización morfométrica y un retrato antropológico tridimensional con base en el cráneo en el Laboratorio de Antropología Forense de la Universidad Nacional. Su retrato encajaba. Pero en noviembre de 1992 fui citada para tomar una prueba de sangre. La primera prueba genética en un caso de este tipo en Colombia, la realizó el doctor Emilio Yunis Turbay (que en paz descanse) en el Instituto de Genética de la Universidad Nacional, quien concluyó primero que los restos hallados no eran de un hijo mío y luego afirmó categóricamente que sus conclusiones eran “irrefutables e inmodificables”. El mundo se nos vino encima: era el concepto de la mayor autoridad científica, nada más y nada menos que el padre de la ciencia de la herencia en Colombia. Pero teníamos tantas dudas… y decidimos seguir buscando.

Escribimos muchas cartas a especialistas en el mundo, entre ellos al Equipo Argentino de Antropología Forense y la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. El Doctor Daniel Salcedo, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, nos informó que solo tres laboratorios en el mundo (en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos) estaban técnicamente calificados para realizar un procedimiento de identificación genética con restos de este tipo. A través suyo contactamos al profesor Clyde Snow, ángel de carne y hueso, uno de los antropólogos forenses más celebres del mundo, que vino en julio de 1993 a revisar el caso a Colombia y recomendó realizar un examen genético independiente. Luchamos y luchamos hasta conseguir que la justicia aceptara este segundo examen, que hizo gratuitamente la doctora Mary Claire King en el laboratorio de genética de la Universidad de California en Berkeley. Dos años demoró su trabajo, desde mayo de 1994 hasta 1996. Según su dictamen, la probabilidad de que los restos fueran de Luis Fernando era de un 99%. Seis meses después, el Ejército me entregó 69 huesos en una caja de cartón y finalmente pudimos darle cristiana sepultura a Luis Fernando, en Medellín, el 18 de noviembre de 1996.

Quiero traer a la memoria al doctor Clyde Snow, quien murió hace cuatro años, para rendir homenaje a los hombres y mujeres que trabajan buscando las verdades de la ciencia, a la comunidad científica nacional e internacional, que hicieron posible devolverle la identidad a mi hijo, es decir, la dignidad, y cuya solidaridad es patrimonio de los luchadores por los derechos humanos en el mundo.

Señor Rector Ignacio Mantilla, la historia que he contado ya está escrita en muchas partes, la he repetido cada vez que me invitan a algún evento y pueden verla en muchos videos. La llevan escrita en el alma muchos hijos e hijas de la memoria, profesionales e historiadores como Alejandra Gaviria, que está aquí hoy con nosotros. Sin ellos, sin su fuerza y complicidad, toda esta lucha no tendría sentido. Para hijos e hijas de la memoria mi agradecimiento y mi abrazo siempre solidario.

Encontré a Luis Fernando, pero no he podido dejar de buscar y de preguntar… Mucha gente me cuestiona por qué sigo buscando después de tantos años, preguntando esto y lo otro, después de haber encontrado mi hijo.

Con la misma historia voy a responder a esta pregunta que tanto me hacen y también voy a decirles el porqué de la donación de mi archivo a la Universidad.

Señor Rector Dr. Ignacio Mantilla, usted es matemático y creo que me puede comprender mejor, aunque yo soy una señora común y corriente que no estudió en la Universidad. Cuando buscamos, dudamos, preguntamos, vamos en busca de la verdad, pero cuando encontramos, cuando tenemos una respuesta, nos damos cuenta que este es solo un paso, que la verdad no es certeza absoluta ni dogma, que no hay nada en la ciencia que pueda ser irrefutable o inmodificable y que, en el curso de la vida y de generación en generación, necesitamos seguir preguntando por qué, por qué, por qué…

Yo he tenido suerte. A pesar de que persiste la injusticia y la impunidad, nuestro caso es conocido y con mi familia y la solidaridad de miles hemos logrado tantas cosas, pero mamás y familias desconocidos, víctimas de diversos actores armados, legales e ilegales, siguen buscando sin encontrar respuesta, sin ser escuchados. He sufrido con el dolor de las madres de miles de jóvenes ejecutados extrajudicialmente por los militares, falsamente acusados de ser guerrilleros y cuya identidad les fue negada. Tuve el honor de acompañar a las madres de los cientos de soldados hechos prisioneros por la guerrilla en sus luchas por la libertad. Pero esto no es una cosa del pasado, la barbarie se ha vuelto rutina y costumbre, es algo que vivimos todos los días cuando líderes sociales y defensores de los derechos humanos son asesinados en las ciudades y campos colombianos. Con todos ellos seguimos orando, buscando y preguntando por qué, por qué, por qué…

Dejo mi archivo en la Universidad Nacional porque quiero que sea conservado en Medellín, donde he vivido con mis hijos y han tenido lugar nuestras luchas. Pero mis papás me educaron con un sentido de país y de humanidad, así que quiero que este testimonio de nuestras búsquedas por la verdad, la solidaridad, el respeto y la dignidad sea un patrimonio de la gente colombiana al servicio de toda la humanidad.

Señor rector, ya tengo muchos años, pero todavía soy como un cirirí, inquieta como cuando era niña, así que para terminar voy a echar algo más de cantaleta.

Jovencitos, duden, opinen, hagan hablar al archivo, no dejen que guarde silencio.

El archivo de un cirirí tiene que seguir siendo incómodo en un país injusto y violento como el nuestro, se los dejo como oportunidad de comunión, de solidaridad y de creación, no como un objeto muerto del pasado.

Este es mi presente de dignidad a las generaciones que están y a las que vienen, ustedes que son amantes de la verdad, la libertad, la justicia y la belleza, ustedes que tienen en sus manos construir un país distinto. Persistan, no dejen de buscar, de preguntar siempre por qué, por qué, por qué…

Universitarios, dejo como herencia mi símbolo, el Cirirí insistente, persistente e incómodo que nunca ha matado un gavilán. Símbolo dedicado a todos aquellos ciudadanos del mundo, que nos convoca a cesar toda violencia, con la gratitud siempre presente por los logros de este legado que hoy ustedes reciben, en la recta final de una vida sin sentimientos de odio ni de venganza”.

Fabiola Lalinde de Lalinde, Medellín, 17 de abril de 2018

– Artículo relacionado: Los archivos de la Operación Cirirí

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) promete revelar información del conflicto armado que no se ha conocido hasta ahora. Para lograrlo, tiene entre sus tareas acceder a datos de archivos de inteligencia y contrainteligencia de la Fuerzas Pública y a todo tipo de documentos del Estado que hasta ahora han sido reservados. Así lo determinó el Decreto 588 del 5 de abril de 2017, con el cual se creó esta instancia: “la CEV podrá requerir de las instituciones públicas la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna”.

Pero llevar esto a la realidad será más complicado de lo que muchos piensan. Hasta ahora en Colombia no ha sido nada fácil acceder a archivos estatales y tampoco está garantizada su seguridad, como ocurre con la documentación de todas las interceptaciones ilegales que hizo en su momento el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra magistrados, periodistas y activistas sociales, contradictores del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), hoy senador por el partido Centro Democrático.

El DAS y la gran conspiración contra la justicia

Cerca de 11mil cajas están guardadas en el Archivo General de la Nación desde 2014, a la espera que se defina qué entidad deberá conservarlos y qué información se debe eliminar. Sin embargo, durante la espera ya han desaparecido documentos clave para entender el procedimiento de la institución de inteligencia, como ocurrió con todo lo relacionado con las interceptaciones realizadas a la periodista Claudia Julieta Duque.

Es por esto que las víctimas insisten en la importancia de hacer todo lo que se pueda para proteger esos archivos y una de las vías para ello es que se levante la reserva de los documentos o por lo menos que se garantice que la Comisión de la Verdad sí tendrá un acceso real a ellos y sean públicos.

“No vemos qué sentido tiene que la CEV pueda acceder a archivos, si dicha información no podrá publicarse, reproducirse y, en realidad, se mantiene una reserva sobre la misma que atenta contra el derecho de la sociedad a saber la verdad, como presupuesto de la no repetición de los más graves crímenes”, aseveró el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) en una intervención que presentó el pasado 12 de mayo ante la Corte Constitucional. Actualmente, ese alto tribunal estudia si el Decreto 588 está ajustado a la Constitución. (Descargar Decreto)

La norma, creada bajo los acuerdos firmados entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc para poner fin a la confrontación armada, establece que cuando la “información, archivos, documentos o datos requeridos por la CEV correspondan a información clasificada, calificada o reservada, la institución poseedora deberá aportar, junto con la información requerida, un reporte en el que sustente la reserva o la clasificación, de acuerdo a las siguientes reglas: i) hacerlo por escrito; ii) precisar las normas jurídicas que sustentan la reserva o clasificación; iii) argumentar si existe un riesgo presente, probable y específico de dañar el interés protegido que sustenta la restricción de la información y iv) demostrar el daño que puede producirse con la publicidadde estos archivos e información”.

El Decreto también previó la posibilidad de que a la Comisión no le entreguen la documentación solicitada, razón por la cual determinó que “la negativa o negligencia de un funcionario o servidor público que impida o dificulte el desarrollo de las funciones de la CEV constituirá causal de mala conducta”.

Fuerza Pública puja por la memoria histórica

Asimismo, estableció que aquella información que tiene reserva legal “podrá ser utilizada por la CEV en el cumplimiento de sus funciones, pero no podrá ser pública”, y la Comisión deberá garantizar “por escrito su reserva legal, seguridad y protección de la información, especificando la imposibilidad de su reproducción en forma mecánica o virtual”.

Ante esas restricciones, el Cajar aseguró ante la Corte Constitucional que “no tiene ningún sentido que la información de la que conozca la CEV no pueda ser publicada” pues así la Comisión solo archivaría la información, pero no cumpliría con su deber primordial: el de dar a conocer la verdad a las víctimas y al país. Además, la legislación colombiana ya ha dicho que ningún archivo que contenga datos sobre violaciones a derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario podrá ser reservada.

“Lo lógico es que si se levanta la reserva, el documento pueda ser conocido públicamente”, afirmó Soraya Gutiérrez, integrante del Cajar y vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado que participó en la intervención ante la Corte.

Las víctimas han insistido de múltiples maneras que para que la Comisión de la Verdad funcione a plenitud, deberá tener acceso a los archivos oficiales, pues esa información ayudaría a develar los “modos concretos de dicha criminalidad” en temas como persecución a la oposición política o a los defensores de derechos humanos, que son precisamente uno de los objetivos por esclarecer que tiene esta instancia transicional.

Este debate no es menor. Tanto la Corte Constitucional como el decreto que creó la Comisión de la Verdad y el mismo Acuerdo de Paz reconocen la importancia de los archivos para saber realmente qué ha pasado en las últimas décadas en relación con el conflicto armado.

¿Están destruyendo archivos?

Cada guarnición militar encargada de labores de inteligencia y contrainteligencia tiene una comisión propia para depurar los archivos pero esto debe ceñirse a la Ley y a las recomendaciones de la Comisión de Depuración. Foto: archivo Semana.

Pese a la importancia que tiene esta documentación, su riesgo es inminente. Desde el año pasado corren rumores entre las organizaciones de derechos humanos de que sectores militares están destruyendo archivos antes de que opere la Comisión de la Verdad, pero nada de esto se ha comprobado ni nadie habla con mucha precisión sobre el tema.

La única entidad que hizo referencias al respecto fue la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia en su informe sobre la situación del país en 2016: “El Gobierno indicó a la Oficina que las Fuerzas Militares han ‘depurado’ información de sus archivos. Preocupa que esto se ha hecho antes de ser avaladas y formalizadas las recomendaciones de la Comisión Interinstitucional de Depuración, generando el riesgo de que se pudieran haber eliminado evidencias de violaciones de derechos humanos”.

La instancia a la que hace alusión la ONU es la Comisión Asesora para la Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, creada por la Ley 1621 de abril de 2013 con el fin de revisar cuál era el estado de los archivos que han recopilado durante años las Fuerzas Militares y hacer recomendaciones al respecto.

De esa Comisión hicieron parte el Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de Memoria Histórica, la Defensoría del Pueblo, organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado, un experto en el tema y un representante de la sociedad civil. Todos ellos acompañados por la Procuraduría General de la Nación.

Entre sus tareas estuvo la producción de informe durante los años 2015 y 2016 dirigido a la Presidencia de la República que estableciera los criterios de permanencia de datos y archivos de los organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado, así como el destino de aquellos documentos que sean excluidos de las bases de datos.

La tarea de la Comisión Asesora para la Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia culminó el 21 de julio de 2016, cuando presentó su informe al presidente Juan Manuel Santos, que sería la base para crear un sistema de depuración. A pesar de que la Ley 1621 le ordena al mandatario hacer público el documento, pasados diez meses no se ha cumplido con la norma y el contenido es todo un misterio.

El tema de archivos documentales estatales, sobre todo aquellos que podrían reflejar conductas violatorias de los derechos humanos, no ha sido fácil ni siquiera para esta Comisión. De acuerdo con diversas fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, su trabajo se tuvo que hacer en términos muy generales.

Miles de documentos reposan en anaqueles y sistemas digitales bajo la custodia de la Fuerza Pública. La pregunta es: ¿se conocerán algún día? Foto: Juan Diego Restrepo E.

“No tuvimos acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia, por eso formulamos unos criterios teóricos y no prácticos de cómo debe ser la permanencia, el retiro y el destino de los archivos”, señaló uno de los miembros de la Comisión de Depuración, quien pidió la reserva de su nombre.

Sobre la advertencia que lanzó la ONU, la misma fuente explicó a este medio que la palabra depuración no necesariamente significa destruirlos. “Incluso la regla general es no destruirlos: algunos son para hacerlos públicos porque ya perdieron vigencia; otros, para trasladarlos a archivo de derechos humanos, así la documentación sea ilegal, pero para no perder justamente la constancia de que tuvo esa ilegalidad; y otros sí se destruyen, pero controlando las previsiones para que quede una constancia”.

En teoría era eso lo que debió haber recomendado la Comisión de Depuración, qué se depura y cómo se depura, pero ni ellos tuvieron acceso a los archivos para poder hacer a plenitud su trabajo ni Presidencia ha dado a conocer el informe ni es de público conocimiento en qué estado va la depuración en cada guarnición militar.

La pregunta que se hacen diversas organizaciones sociales es: si esas restricciones se presentaron con una comisión creada por ley, liderada por un representante del Presidente de la República, ¿qué podrá pasar con la Comisión de la Verdad?

Desde mayo de 2016, Michael Evans, conocedor de Colombia, investigador del National Security Archive (NSA), con sede en Washington, y especialista en desclasificación de archivos, advirtió su preocupación al respecto. A su juicio, puede suceder que “los grupos investigativos del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición enfrenten los mismos obstáculos de acceso a la información […] pues no hay nada que sugiera que las Fuerzas Armadas están preparadas para desclasificar la información”.

Luces y sombras del nuevo archivo sobre el conflicto armado

Ante los temores que suscitan las restricciones de acceso a la información de inteligencia y los rumores cada vez más fuertes de destrucción de archivos, organizaciones como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) han insistido en que se garantice la protección de los archivos y su desclasificación.

En ese sentido se pronunció el pasado 5 de abril, durante la firma de los decretos que crearon la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad: “exigimos al presidente de la República que haga efectiva la facultad que le otorga la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia para desclasificar dichos archivos. Este es el momento para que demuestre su compromiso con la reconciliación. La apertura de los archivos de inteligencia contribuye al efectivo ejercicio de los derechos de las víctimas del conflicto, así como a la construcción de la memoria individual y colectiva”.

Guardar la memoria

Parte del trabajo de la Comisión de la Verdad es definir dónde se guardarán los archivos que nutran su tarea de esclarecimiento histórico. Foto: Juan Diego Restrepo E.

Otra de las inquietudes que se discute en los entornos del tema de archivos relacionados con violaciones a los derechos humanos es dónde y cómo se guardará toda la información que obtenga la Comisión de la Verdad. En la actualidad, no están centralizados en un mismo lugar ni son guardados por una única institución, todo lo contrario, están dispersos según quién los haya producido.

La Fuerza Pública, siguiendo la ley, guarda los archivos de inteligencia y contrainteligencia que todavía tienen reserva; algunos que ya tienen la reserva levantada se conservan en el Archivo General de la Nación, entre ellos los del DAS; el Centro Nacional de Memoria Histórica publica en su sitio web documentación relacionada con el conflicto armado, pero producida por las mismas organizaciones sociales y no por los militares; mientras que las organizaciones sociales y cada víctima tienen sus archivos particulares.

Un espejo de lo que puede ocurrir se presenta con los miles de registros documentales generados en los estrados del sistema de Justicia y Paz, creado por la Ley 975 de 2005, a través del cual se juzga a los paramilitares y guerrilleros que se acogieron a sus beneficios penales. Hasta el momento, todavía no existe una directriz clara sobre cómo se deben guardar todos los archivos que se han producido durante este proceso de justicia transicional.

¿Qué pasa con los archivos de Justicia y Paz?

El Decreto que crea la Comisión de la Verdad estableció que una de sus funciones será precisamente definir “la entidad que será depositaria de sus archivos y que los custodiará”, sin especificar si le dará esa responsabilidad a alguna de las instituciones que ya trabaja en el tema o creará un centro de archivos donde se centralice toda la información a la que tenga acceso.

La última palabra al respecto dependerá de los comisionados, quienes están en proceso de elección. Serán ellos los que deberán “establecerlos protocolos, lineamientos y demás aspectos necesarios, para la entrega de archivos en custodia a la entidad que decida, para asegurar su preservación”.

Mientras pasan todos estos trámites, se agita el debate sobre los alcances de que tendrá la Comisión de la Verdad y del nivel de acceso que podrá tener en el mar de información que por más de 50 años ha producido el estamento militar y policial, clave para conocer la otra cara de la guerra en el país.

Nota de la redacción: VerdadAbierta.com intentó contactarse con Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y referida por varias fuentes como la funcionaria gubernamental encargada en el tema de archivos, pero no fue posible obtener su opinión debido a sus ocupaciones.

 

Después de una década de investigar los crímenes de los paramilitares y de un proceso con cerca de 5 mil postulados que han hablado en cientos de audiencias, todavía no existe una directriz clara sobre cómo se deben guardar todos los archivos que se han producido durante este proceso de justicia transicional.

La Ley 975 de 2005, con la que se creó Justicia y Paz, inicialmente les endilgó la responsabilidad a las secretarías de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial de “organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de las personas objeto de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley”. Sin embargo, no especificó cómo guardar la documentación.

Sólo hasta 2011 hubo un poco más claridad sobre qué hacer con esa documentación. En la Ley 1448, de víctimas y restitución de tierras, se estipuló que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) fuera el encargado de preservar los archivos sobre violaciones a derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) y dictaminó que la Rama Judicial le podía pedir al Archivo General o a los archivos regionales que guarden la información que ellos produzcan.

Pero en la Ley no hay una directriz específica para los archivos de Justicia y Paz y sólo dice que el CNMH podrá recopilar los testimonios de las víctimas de diferentes maneras, incluyendo lo que se habló en las audiencias públicas realizadas en el proceso con los paramilitares.

Es por ello que Myriam Loaiza, integrante de la Dirección de Archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica, sostuvo que la gran diferencia que surgió para tratar los archivos es que con la Ley 1448 se incluyó la opinión de las víctimas y, además, “dio luces sobre la importancia de documentar no sólo lo que se recopila en el proceso, como se hacía en Justicia y Paz, sino todo lo que tiene que ver con memoria registrada de la población afectada”.

Más allá de eso, aún no existe ninguna entidad que centralice todos los archivos que se han producido durante la última década como resultado del proceso de paz con los paramilitares. Todo lo contrario: las salas de Justicia y Paz en Bogotá, Medellín y Barranquilla tienen su propia metodología para guardar la información.

Faltan directrices

Hasta hace cuatro años, la Sala de Justicia y Paz de Bogotá estaba localizada en el edificio del Tribunal Superior de Bogotá. Foto: archivo Semana.

“Usted no encuentra ni en el Consejo Superior de la Judicatura ni de la sala una reglamentación o un instructivo que diga cómo se debe organizar, y eso debería depender del Consejo para que fuera unificado”, expresó Jorge Cruz, secretario de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, y agregó que no se detalla cuáles son los medios que debería tener la Secretaría para preservar los archivos y que tampoco se los da el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ).

Por ejemplo, los fallos en firme que pasan de la Sala de Justicia y Paz de Medellín al Juzgado de Ejecución de Sentencia son, en parte, digitalizados por el CNMH, pero el resto de los cerca de 200 procesos que tienen allí están únicamente de manera física.

“La conservación se hace de manera muy arcaica, por decirlo así, porque no se cumple con todos los parámetros que indican las normas de archivo”, explicó Margarita María Betancur, secretaria de la Sala de Justicia y Paz en Medellín, quien después de hacer un curso de archivística por voluntad de la misma Sala, sin que el Consejo Superior de la Judicatura tuviera algo que ver al respecto, se dieron cuenta de que tampoco estaban tan desfasados en la preservación de los archivos.

Pero Betancur reconoció que aparte de las audiencias, de algunos oficios y de las sentencias en firme de Jesús Ignacio Roldán, de Bloque Héroes de Tolová y del prontamente ejecutoriado de Ramiro Vanoy; la mayoría del archivo no está digitalizado.

“Conservamos físicamente parte de los audios y por protección al medio ambiente intentamos que no sea en CD o DVD. En todos los computadores de los despachos reposan memorias de toda la información que se produce y tenemos un archivo en cajas con los documentos. A la par, tenemos un registro en computador de qué se archiva, cuántas carpetas y cuántos folios”, relató Betancur.

En Bogotá también tienen su propia manera de archivar la documentación de Justicia y Paz. La Secretaría de esta Sala aseveró que no tiene contacto ni con el CNMH ni con el Archivo General de la Nación. Allí guardan la información en ocho torres de DVD con las audiencias, de las que hacen un back up en un disco duro personal de Cruz; y tienen digitalizado cerca de dos tercios de la información y por lo menos 600.000 folios en papel. Los primeros expedientes que están en ese archivo datan de 2006, que fueron unos incidentes y algunas exclusiones. La primera imputación llegó en 2009 y desde entonces la cantidad de documentación se incrementó drásticamente a medida que el Tribunal tenía más información de los casos.

“La organización de los archivos la manejo yo, pero si llega alguien nuevo no lo sabe manejar o de pronto quiere hacer algo más novedoso o llega otro que ni le va ni le viene y eso se acaba ahí”, advirtió el funcionario.

Cruz recuerda que en 2015 hubo un intento del Consejo Superior de la Judicatura por digitalizar toda la información de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, que es la que tiene más casos de paramilitarismo en el país. Este era un mecanismo que no sólo permitía el acceso más rápido a los interesados, porque podrían consultar directamente la información en computadores de la sala, sino que protegerían más los archivos pues a medida que se escaneaban, se almacenaban en el Consejo Superior de la Judicatura y una copia iba a la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB).

Pero de un momento a otro terminaron ese trabajo sin que la empresa encargada de ello rindiera cuentas ante la Secretaría sobre qué se había digitalizado y qué no. “Lamentablemente los recursos se acabaron, el paro judicial anterior tuvo que ver con eso y la empresa que digitalizó solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que se diera por terminado, de forma consensuada, el contrato, y de la noche a la mañana se paró ese proyecto que era bueno”, indicó Cruz.

Las cuentas del secretario es que para entonces pudieron haber digitalizado cerca del 90 por ciento de los archivos, pero actualmente, por la nueva información que se ha producido, ese porcentaje se pudo haber reducido hasta un 60 por ciento de los casi dos millones de folios que existen allí.

Esto no sólo vuelve más lento el acceso que las personas puedan tener a esos archivos, que deben solicitar la información que buscan para que la Secretaría la encuentre, sino que además aumenta el riesgo de que un documento o un CD se pierdan o se afecten por cualquier condición; incluso, ya hahabido problemas en un par de ocasiones.

Antes de que la Sala de Justicia y Paz funcionara en un edificio propio en Bogotá desde hace cuatro años, debía compartir las salas de audiencia con todo el Tribunal Superior de Bogotá. Allí los archivos se guardaban directamente en el computador de la sala y se hacían las copias de la información al finalizar la audiencia.

“Tengo problemas porque a esta altura, por tiempo o manipulación, un CD no abre y no tengo otro medio que pedirle al Tribunal. Solicito una copia de los archivos del back up que ellos tienen de alguna audiencia de alguna sala. Doy todos los datos y me contestan que no encuentran esa audiencia”, relató Cruz. En otro caso que ocurrió lo mismo, la Secretaría recuperó una copia con uno de los abogados del caso.

Pese a estos hechos, Cruz sostuvo que no hay posibilidad de que un archivo de Justicia y Paz en Bogotá se pierda pues tiene todo organizado, por lo menos hasta cuando le compete, pues una vez las sentencias quedan en firme, la información de las tres Salas de Justicia y Paz en el país pasa a la Juez de Ejecución de Sentencia, Luz Marina Zamora.

Principio de orden

El acceso a los archivos de Justicia y Paz es abierto a todas las personas que demuestren un interés en la información. Es solo solicitar detalladamente qué requiere. Foto: María Clara Calle.

Es en este punto de la cadena cuando entra el CNMH. Gracias a un acta de entendimiento con el CSJ, firmada en abril de 2013, se estableció que este Centro podría brindar una cooperación técnica para trabajar en la memoria histórica de los documentos judiciales y asesoraría para una política de manejo de archivos. De esta manera, se consolidó el primer paso para preservar toda la información que resultara de Justicia y Paz y, también, de los procesos de Restitución de Tierras.

Posteriormente, el CNMH y el CSJ firmaron el acuerdo PSAA14-10137 de 2014 con el que puntualmente la Sala Administrativa del Consejo podía coordinar con el Centro para acceder a la documentación, inicialmente de restitución de tierras y luego, desde finales de 2015, empezaron a trabajar con información de Justicia y Paz como tal.

“Cuando el Juzgado de Ejecución de Sentencia de Justicia y Paz se da cuenta de que hay una orden específica de archivo, nos notifica y hacemos protocolo para cumplimiento de eso, que están dirigidos a hacer una copia digital fidedigna del expediente en materia de archivos, luego su descripción y su análisis a cargo del Observatorio de Derechos Humanos del CMH”, profundizó Myriam Loaiza.

Pero no siempre tiene que existir un dictamen judicial para que el Centro guarde los archivos, pues tanto el CNMH como varios juzgados han entendido “la orden de manera ampliada y por eso hemos tenido acceso a la información y muchos jueces les permiten hacer copias de los casos que no tienen reserva”, señaló Loaiza.

Una vez la información llega al CNMH, la Dirección de Archivos de esta entidad recopila la información, hace un inventario y describe la documentación. Posteriormente, el Observatorio de Derechos Humanos ubica los casos no documentados para rastrear toda la información y por último, pasa a la Dirección de Construcción de Memoria, que investiga los casos y hacen un informe extenso de lo que pasó.

“Lo que tratamos de hacer es que ese caso juzgado por el juezse visibilice en clave de memoria histórica. De alguna manera equiparamos una verdad judicial, que es específica sobre un caso, y la trasladamos a una verdad histórica documentada y soportada en archivos”, dijo Loaiza.

Hasta ahora, de las más de 40 sentencias que se han proferido en Justicia y Paz, el CNMH está trabajando con algunas, como las de los bloques Bloque Vencedores de Arauca, Libertadores del Sur y Catatumbo con documentación específica de los procesos de Salvatore Mancuso; y del Élmer Cárdenas, cuya documentación mediría cerca de cinco metros si se pusiera en fila recta, sin contar las 150 audiencias en video.

Y es que a la información que envían las salas de Justicia y Paz de los casos ya en firme, el Juzgado de Ejecución de Sentencias suma la información de las víctimas y de todas las entidades públicas que hayan registrado hechos victimizantes relacionados.

Hasta el momento, el CNMH continúa trabajando con los archivos y aspira abrirlos al público en este año. Además, según Loaiza, la otra expectativa es que en 2017 se gestione un depósito en el extranjero para que sea el tercer lugar donde se guarde la información de Justicia y Paz que ellos trabajan, además de la Rama Judicial, el CNMH y las organizaciones sociales.

Esta sería otra de las maneras para evitar que le suceda algo a todos los archivos. Myriam Loaiza aclaró que si bien no hay un peligro inminente, de todas maneras están los riesgos que implica que el conflicto siga vivo como ahora: “los archivos judiciales no han sufrido una amenaza directa, pero puede haber alguna alteración o modificación de documentación, aunque los jueces son muy cuidadosos. A veces los jueces y las víctimas sufren amenazas directas, y esto es un riesgo indirecto a la documentación pues puede que no sea del todo completa porque el archivo judicial se hace en medio del conflicto”.

A esto se suma que no siempre las Salas de Justicia y Paz cuentan con las condiciones físicas adecuadas para preservar el archivo, con los requerimientos de temperatura y espacio que se necesitan para garantizar su seguridad.

“Realmente no tenemos una directriz específica del CSJ sobre conservación. Es más de cada sala, de la manera en que cada uno va viendo la necesidad de hacer esa conservación y así”, afirmó Betancur.

A esto se suma la insistencia de Cruz de que exista una directriz general de cómo preservar los archivos y que el Consejo Superior de la Judicatura los apoye en esto. Quizá esta sea una lección sobre el camino a tomar con los archivos que surjan de todo el proceso judicial y de memoria histórica con las Farc para que desde ya las disposiciones sean claras de qué se debe hacer con ellos, a dónde van, cómo se protegen y quién los debe administrar con qué recursos. Todo para que no se pierda ningún dato de lo que ocurrió durante el conflicto.

 

En la memoria de los salvadoreños que vivieron la guerra civil de los años ochenta reposa la voz de ‘Santiago’ que iniciaba cada uno de sus programas con la misma oración: “Transmite, Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiendo su señal guerrillera, desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo”, al fondo se entonaba el himno de la guerrilla.

Esa voz era de Carlos Henríquez Consalvi, un periodista venezolano que, en la década de los setenta, salió de Caracas para trabajar en la prensa nicaragüense y acompañar la insurgencia de este país. Luego de la caída de la dictadura militar de Anastasio Somoza en 1979, viajó a EL Salvador para unirse al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FNML) y crear la primera emisora de esa guerrilla.

Las emisiones comenzaron en 10 de enero de 1981 y se estableció que se transmitiría un programa diario de una hora desde las 6 de la tarde. Para evitar ser atrapados por el Ejército, se internaron en las montañas de Morazán, en el oriente del país, y transmitieron desde cuevas y campamentos guerrilleros.

‘Santiago’, junto a un grupo de 15 combatientes, informaban sobre la guerra: el número de muertos, los combates que se avecinaban, recogían los discursos de los dirigentes salvadoreños, las entrevistas a sus compañeros guerrilleros y a los campesinos que vivían en las zonas más afectadas por el conflicto; incluso, transmitían la música que para ese entonces producía el FNML.

Además de locutor, ‘Santiago’ se convirtió en guardián del archivo histórico de la guerrilla. Envío al exterior cada una de las transmisiones de la radio por temor a perderlasen una emboscada, recuperó cada uno de los diarios de sus compañeros muertos y conservó intacto el equipo de transmisión de la Radio Venceremos.

El 16 de enero de 1992, tras la firma del acuerdo de paz con el gobierno, la radio desapareció. Desde ese día, Consalvi comenzó a pensar en construir un archivo documental de la guerra, usando el material que ya había recolectado. Así nació, hace 20 años, el Museo de la Palabra y la Imagen.

Los salvadoreños han aportado voluntariamente parte de sus archivos y pertenencias para alimentar el Museo, que hoy cuenta con más de 50 mil fotografías y videos, manuscritos de poetas nacionales e historias de las víctimas. En un país donde no existe un museo de historia nacional, el proyecto de ‘Santiago’ se ha convertido en el mayor archivo histórico de la guerra civil en ese país centroamericano.

En entrevista con VerdadAbierta.com, Consalvi cuenta sobre la reconstrucción de la memoria histórica que se está viviendo en El Salvador y que puede servir de referencia para Colombia.

VerdadAbierta (VA): ¿Cómo nace la idea del Museo de la Imagen y la Palabra?

Carlos Henríquez Consalvi (CHC): Sus inicios podemos ubicarlos durante el conflicto armado salvadoreño. Ligado siempre a la Radio Venceremos, la radio insurgente que durante 11 años transmitió desde las montañas de Morazán, de la que fui locutor. En ese entonces pensábamos en preservar las transmisiones de la radio, entonces las enviábamos al exterior para que no corrieran peligro. También mandamos fotos, videos, testimonios.

Incluso en la guerra yo me preocupé por rescatar los diarios de los combatientes. Yo sabía quién estaba escribiendo diarios de su historia personal y cuando caían los recuperaba.

VA: ¿Qué tan importante fue preservar los archivos de la Radio Venceremos?

CHC: Mucho, tenemos horas y horas de grabaciones que ahora están digitalizadas. El archivo es una fuente historiográfica única que reúne muchas voces, desde los discursos de Ronald Reagan, las voces de la insurgencia, entrevistas con campesinos, éramos muy creativos, porque incluso tenemos radio teatro con comunidades campesinas.

Henríquez durante su paso por la guerrilla.VA: ¿Y qué pasa cuando se firma el acuerdo de paz en 1992?

CHC: El primer paso fue repatriar todos los archivos que teníamos en Nicaragua, México, en Nueva York y nuestras pequeñas oficinas de solidaridad en Europa. No teníamos la idea de hacer este museo, pensábamos ordenar los archivos para preservar la memoria de la lucha social, pero al comienzo solo era mi cuarto lleno de esas transmisiones y objetos de la guerra.

Nuestro lanzamiento fue hace 20 años con un libro que se llama Luciérnagas en El Mozote (1995). Ahí recogimos la información de la que hasta ahora es la masacre más grande de América Latina, en el norte del país, cometida en 1981 por el Batallón Atlacatl, dirigido por el coronel Domingo Monterrosa. Allí se asesinó a más de mil personas, casi la mitad de los muertos menores de edad.

Y así comenzamos en un país que durante décadas no se ha preocupado por preservar el patrimonio documental. Creamos entonces una campaña quese llamó ‘Contra el caos de la memoria’ y la gente comenzó a entregarnos todo tipo de material. Con eso comenzamos nuestro museo itinerante que llamábamos Museo sin paredes.

VA: ¿Qué tipo de material?

CHC: Archivos documentales no solo de la lucha social, sino, por ejemplo, manuscritos de los principales escritores salvadoreños como Salarrue y Roque Dalton. Objetos de la insurrección indígena. Las familias de los compañeros del Frente caídos nos traen sus objetos personales, sus diarios, su ropa y hasta mechones de pelo.

Hasta acá vino el general Blandón, quien fue jefe del Estado Mayor, y me dijo ‘yo quiero que tengan la camisa con la que ustedes hijueputas me balearon en una emboscada’. Un capitán nos trajo un mapa con el plan para acabar con la Radio Venceremos.

VA: ¿Es posible tener un espacio que surja de la guerrilla y logre desprenderse de su ideología?

CHC: No podemos negar que nació de la mano de la insurgencia y la mayoría de archivos son de la insurgencia. Pero como acá no existe un museo de historia nacional, sabemos que tenemos un compromiso muy grande y recibimos presión siempre de las comunidades, organizaciones de víctimas y de los museos comunitarios. El reto es unir todos esos relatos como un rompecabezas.

También hay otros espacios. En San Salvador existe el Museo Militar que cuenta su versión de la guerra, muy cuestionada por algunos sectores. Por ejemplo, hay una sala que se dedica a oficiales, que entre otras cosas, estuvieron involucrados en el caso del Mozote como un cuadro en honor al fallecido coronel Domingo Monterrosa. Aunque el presidente anterior, Mauricio Funes, pidió hacer una revisión a la historia, se entiende que las cosas no cambian de un día para otro.

VA: ¿Cómo afectó la Ley de Amnistía la búsqueda de la verdad?

CHC: Ha afectado enormemente los procesos de búsqueda de justicia y de verdad. Los familiares continúan diciendo ‘yo quiero saber a quién voy a perdonar’.

Para llenar esos vacíos se han creado espacios de justicia restaurativa, sobre todo en el norte de país, donde líderes de comunidades cristianas de base fueron reprimidos y exiliados por querer mejorar las condiciones en las que vivían, sin tener ningún vínculo con la insurgencia.

Después del acuerdo de paz, en los libros de historia se introdujeron escuetamente temas que antes estaban prohibidos como la insurrección indígena de 1932, pero creo que la fuerza de la memoria está en los museos de las comunidades campesinas, las organizaciones de mujeres, los que vivieron el conflicto.

VA: ¿Por qué vale la pena conservar estos archivos?

CHC: Cuando una sociedad sale de un conflicto está fragmentada con heridas profundas. Entonces, se entra en un espacio de reflexión, es el momento de dibujar los mapas del siglo que viene. Para la construcción de ese futuro es esencial la memoria, construir propuestas diferentes pero viendo qué hicimos mal y qué hicimosbien.

Yo he seguido con atención el caso colombiano y es extraordinario ver lo que han avanzado antes de un acuerdo, que ya existan maletas de memoria, planes de museo. A todos nos ha tomado por sorpresa, creo que son privilegiados.

 

Cuando se creó hace cinco años el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), una de las metas era organizar los archivos del conflicto armado para que el país no olvidara lo que ha pasado en poco más de 50 años de guerra. Hoy, luego de un arduo trabajo, esta entidad lanzó un portal en Internet en el que se piensan publicar más de 170.000 documentos.

Los temas van desde la persecución a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y cooperativas de pescadores del Magdalena Medio, pasando por las masacres de Trujillo (Valle), los líos de tierras en Buenaventura (Valle) y el conflicto en Montes de María, hasta documentos del movimiento guerrillero M-19, insumos de los informes que ha producido el Centro de Memoria y relatorías de agencias estadounidenses como la CIA y el Departamento de Estado, entre otros.

“Estos archivos son un aporte a la reparación de víctimas, para que su voz sea escuchada, especialmente en la eventual Comisión de la Verdad. Además, permiten que las generaciones futuras conozcan la historia y tengan posibilidad de transitar un camino distinto”, detalla Margoth Guerrero, directora de la Dirección de Archivos del Centro de Memoria.

Y aunque Colombia no es el primero en crear un archivo exclusivo sobre derechos humanos, sí tiene algo de particular: el archivo de derechos humanos y memoria está compuesto de carpetas, libros, fotografías, mapas, cartas o recortes de periódico que la gente ha recopilado y decidió donarlos al CNMH.

En otros países que tienen proyectos similares y que enfrentaron el posconflicto vieron la misma necesidad de preservar los documentos que probaban qué sucedió y por qué sucedió la guerra, no obstante, las fuentes fueron oficiales.

Tal es el caso de Guatemala, por ejemplo, donde el archivo se nutrió de documentos policiales; Argentina, que casi todo está compuesto por informes judiciales y militares, y Alemania, que desarrolló una política pública de preservación y publicación de los cuadernos de la policía secreta.

“Este archivo virtual tiene una mirada más plural al no ser sólo lo institucional sino más que todo de organizaciones sociales. Eso le confiere una especialidad mundial”, asegura el español Ramón Alberch, fundador de la organización internacional Archiveros sin Fronteras.

Guerrero dice que desde el Centro de Memoria privilegiaron trabajar con organizaciones sociales porque así lo indica la Ley 1448 de 2001, llamada de Víctimas y Restitución de Tierras; y además porque deben trabajar de manera articulada con el Archivo General de la Nación, que es la entidad que sí tiene los documentos del Estado.

¿Y los organismos de seguridad?

Foto: archivo Semana.Sin embargo, Michael Evans, director del proyecto para Colombia del National Security Archive (NSA), una organización no gubernamental de Estados Unidos que trabaja desclasificando archivos oficiales, asevera que puede ser una falencia no conocer los documentos de inteligencia militar.

La NSA ha visto con preocupación que en Colombia no se pueda acceder a los archivos de las fuerzas de seguridad estatales y ahora el tema se vuelve más delicado cuando el país entra en una “época crítica de acceso a la información” por lo que puede suceder con el proceso de negociación con la guerrilla de las Farc y la creación de la Comisión de la Verdad, que ya fue establecida entre las partes para entrar en vigencia una vez se firme el acuerdo final.

“Estamos muy preocupados de que los grupos investigativos del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición enfrenten los mismos obstáculos de acceso a la información que el Centro de Memoria, pues no hay nada que sugiera que las Fuerzas Armadas están preparadas para desclasificar la información”, detalla Evans.

Para este especialista, el hecho de encontrar mayor información sobre Colombia entre los archivos de las fuerzas de inteligencia estadounidense es un riesgo porque podría distorsionarse la historia.

Además, otra de las falencias es la desaparición y aparente destrucción de cientos de documentos estatales relacionados con los organismos de inteligencia. Muestra de ello es lo ocurrido con archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) relacionados con las interceptaciones y persecuciones ilegales a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores. Aún no se sabe qué ocurrió, pese a que la Fiscalía abrió investigación en 2014 para esclarecer los hechos.

Respecto a los demás documentos de inteligencia militar, Guerrero aclara que existe una comisión de depuración, creada en el marco de la Ley 1621 de 2013 de inteligencia y contrainteligencia, que debe entregar un informe este año con las recomendaciones para manejar esos datos. «Le urge que el gobierno haga más para cortar los vínculos entre militares colombianos y paramilitares»

Por su parte, Trudy Peterson, quien trabajó más de 20 años con los Archivos Nacionales de Estados Unidos, le comentó al CNMH que “el reto más grande es saber dónde están los archivos de las guerrillas y los paramilitares, y saber quién va a garantizar que están bajo protección”.

A pesar de esto, la apuesta más clara por ahora es por las víctimas. Desde la Dirección de Archivos están convencidos que los documentos que tienen son la otra voz, distinta a las verdades oficiales. “Las organizaciones sociales y los ciudadanos acudieron a estos archivos para que el Estado les reconozca sus exigencias”, apunta Guerrero.

Su afirmación es respaldada por diferentes organizaciones, como el Museo de Tumaco o el Parque Monumento de Trujillo, donde aseguran que fueron ellos los constructores de la memoria. Al respecto, William Wilches, director del Museo de Caquetá, afirma que “la Ley de Víctimas le puso un término legal, memoria histórica, a lo que habíamos hecho antes de documentar asesinatos, desplazamientos y todo el conflicto en las regiones”. (Leer más en: “Nosotros ya tenemos la memoria histórica”)

Digital, un punto a favor

Además de caracterizarse por su origen civil, lo importante para favorecer el acceso masivo de la ciudadanía es que los documentos están digitalizados y publicados en Internet, siguiendo la tendencia de países como Alemania, dondetienen almacenado en formatos digitales cerca de 40 millones de documentos, miles de fotografías y grabaciones, que están disponibles en línea.

Para Alberch a ventaja de un archivo digital es que garantiza más protección, a la par que se amplía la posibilidad de acceso. Sin embargo, se deben considerar algunas reservas. En Guatemala todos los archivos publicados digitalmente contienen los nombres completos de los involucrados, con lo que se traspasa la barrera infranqueable: la protección a las víctimas. En ese sentido, explica este especialista, Colombia se destaca en haber construido una política sumamente “estructurada, sistemática y ordenada para acceder a la información”.

Al respecto, Guerrero asegura que en el repositorio del CNMH hay documentos que las víctimas no quieren que se compartan y, aunque no los ponen a la disposición del público, por ley deben decir que sí existen. Lo mismo ocurre cuando quieren que se preserven datos específicos como nombres y direcciones, por ejemplo.

Con lupa en mano

Foto: archivo Semana.Para recolectar la mayor cantidad de documentos, desde hace cuatro años el CNMH adelanta una campaña para buscarlos e instruir a la ciudadanía sobre la importancia de su conservación. El año pasado encontraron cerca de 600 organizaciones y personas que tienen documentos de derechos humanos, aunque aún no todos hacen parte del archivo actual del Centro, pues están en labores de acercamiento o quienes los tienen no están interesados en cederlos.

Guerrero explica que lo primero de la estrategia de registro es mirar dónde están ubicados, luego caracterizar los temas de los archivos y analizar las condiciones de la población que los tienen.

“Acompañamos a las organizaciones, les ayudamos a sistematizarlo y les pedimos si nos quieren dar copia para conformar el archivo en Bogotá sin que ellos pierdan sus archivos en región”, detalla la funcionaria y agrega que, si están en riesgo de desaparecer, sea por condiciones ambientales o de violencia, son los primeros en los que se concentran para preservarlos.

Wilches hizo todo este proceso con el CNMH para entregar los archivos del movimiento M-19 que tenía en Caquetá. Estos incluyen actas de reuniones con autoridades, propaganda política, documentos de análisis político y académico, comunicaciones internas oficiales y personales entre los miembros de la organización de todo el país y hasta los recuentos de las tomas de Florencia y de los bancos en Garzón (Huila).

El director del museo menciona que, durante los diálogos en 1984, el gobierno de Belisario Betancur se comprometió a crear un archivo del M-19 y una de las copias se las entregaron a Pablo Beltrán Polanía, alias ‘Robert’, comandante del sur, que era una de las fuerzas militares más importantes de la insurgencia en ese momento.

Cuando dejaron las armas, los documentos quedaron en poder del grupo de desmovilizados llamado Andakí. “Alguna vez ‘Robert’ me contó que tenía esos archivos en cajas y le propuse que los donara al museo”, recuerda Wilches. Con el tiempo se convenció y los entregó.

En total, eran 57 cajas de documentos organizados en diferentes carpetas y apenas el CNMH se enteró de su existencia, se contactó con Wilches. Luego, el Centro de Memoria trasladó el material a Bogotá para organizarlo entre 2013 y 2014 y sacarle una copia fidedigna, como se lo ordena la Ley de Víctimas. Cuando lo regresaron, “todo cabía en cinco cajas con las técnicas de archivística y estaba clasificado”, evoca Wilches. En total, son 5.078 archivos con la historia del M-19 entre 1974 y 1991.

Otra de las fuentes del archivo de derechos humanos son los cerca de 8 mil documentos, de 1946 a 2014, que entregó el NSA en 2015. Estos tratan temas como la composición de las Farc, el entrenamiento técnico que agentes de la DEA les dieron a funcionarios del DAS, los rumores que corrieron en Estados Unidos en los años noventa sobre las alianzas entre paramilitares y Ejército, las negaciones reiteradas de los gobiernos colombianos respecto al tema y la insistencia de algunos sectores norteamericanos en que sí continuaba y luego se hizo el de la vista gorda.

“El propósito de nuestro proyecto en Colombia es entender desde el punto de vista de Estados Unidos qué pasó en las diferentes etapas del conflicto entre el Estado, las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico”, precisa Evans.

Tiene límites

Si bien el hecho de que los documentos estén en Internet permiten el acceso a personas que están en lugares como Tumaco, Catatumbo, Riohacha o Mitú sin necesidad de viajar a Bogotá, eso no quiere decir que sean abiertos totalmente y no porque haya restricciones explícitas,us sino por la técnica que se requiere para entender los archivos en su conjunto.

Evans asegura que hay datos como cuáles organizaciones estaban involucrados en alguna operación o quién era el jefe de tal batallón durante la época de ciertas masacres, pero esencialmente hay opiniones y quienes lean esos documentos “deben poder manejar la colección técnicamente y entender los mecanismos de ciertas organizaciones para ordenar toda la información”, detalla.

Por su parte, Alberch asegura que, si bien los archivos digitales tienen ventajas, como la accesibilidad y la protección, eso no significa que sea gratuito y no corra riesgos: “Un enemigo peor a la destrucción física de los archivos es la desactualización tecnológica porque hoy muchos de los formatos de los ochenta que hoy son inaccesibles, como el disquete”.

Además, advierte que existe un debate mundial en el tema sobre si es más costoso mantener un archivo físico con las condiciones ambientales que requiere para que los documentos no se dañen y tener las bodegas para ello; o si vale más digitalizar toda la información, pagar por el repositorio virtual y posteriormente por migrar la información a un formato del momento.

“Quizá sea más barato un archivo físico, pero al compararlo con los valores de la recuperación de información que permite la tecnología y la consulta a distancia, se pierde el debate”, concluye Alberch.

 

Aquí había un caserío
Aquí era el campo donde jugábamos béisbol
Este era el colegio
Por aquí estaba una casita
Aquí daban hasta quinto año de primaria
Aquí se hacían las fiestas
Había que hacerlas de aquel lado
Venían de Mampuján, San Pablo, Palenque, San Cayetano, Las Brisas, Arroyohondo.
Colindábamos hasta allá, hasta Las Brisas, en donde hubo la masacre […].
[Uno de los que mataron] era el que ganaba el concurso del ñame más grande que se hacía en San Cayetano…

La Bonga es uno de los caseríos, veredas y municipios que fueron abandonados por sus pobladores, entre el 10 y el 11 de marzo del año 2000, tras la masacre ocurrida en la vereda Las Brisas, conocida como la masacre de Mampuján, en la que fueron sacados de sus casas al amanecer, torturados y asesinados en el campo, 12 campesinos acusados de ser colaboradores de la guerrilla, por parte de los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María. De La Bonga hoy no queda nada. O quedan las fantasmagorías que describen las palabras de sus antiguos pobladores y que ellos llevan consigo, puesto que la memoria es siempre restos de algo. Tal como lo escuchamos en las palabras del hombre de La Bonga, los testimonios orales nombran las cosas en contemporaneidad con sus ruinas, señalándolas. No expresan solo el espíritu de quien las dice sino el de las cosas que ya no vemos. Una es la mirada del hombre que habla, pletórica de pasado; otra es la de quien escucha atentamente y reconoce la presencia y la realidad de lo que se nombra.

Sabemos que “el testimonio le transmite a la historia la energía de la memoria”, en palabras de Ricoeur. Por esa razón, en nuestro trabajo parecemos estar de algún modo llamados a testificar. Lo que ha pasado y está pasando aún en Colombia está exigiendo ser contado y repetido; no solo por sus víctimas, pues eso nos convertiría en espectadores de nuestro propio conflicto; sino también por nosotros, pues está exigiendo que nos convirtamos tambiénen testigos. La memoria del conflicto mira hacia el pasado y escucha; pero también mira hacia el futuro, y transmite de boca en boca; genera de las ruinas un sentido común, enraizado en el habla de las personas. Esta es también una manera de salvar el presente, que siempre se lleva la peor parte en la sucesión de la temporalidad, estrangulado entre el pasado y el futuro: si antes estábamos muy dominados por el pasado, hoy estamos muy exigidos por el futuro.

Aquí no estamos diciendo: “de eso no se habla”; ni decimos tampoco: “nuestra experiencia es innombrable”. Miles de testimonios orales demuestran que se puede hablar de todo, y que aun el silencio es elocuente. La pregunta es: ¿cómo transmitir esa experiencia, para que no sea nuestra memoria histórica simplemente un acumularse incesante de ruinas sobre ruinas, una memoria “tumbada” como la de los muertos de Rulfo?

La oralidad es la fuente en la que beben todas las narraciones, todas las historias. Un testimonio oral, para que sea capaz de ser transmitido de boca en boca tiene implícita una específica idea de memoria. Una experiencia como la nuestra parecería estar reclamando ahora mismo su narrador, su historiador, pero también testigos que sean capaces de transmitirla de boca en boca. Exige crear una comunidad de los que tienen el oído atento, es decir, de gente que sea capaz de escuchar.

Los archivos estatales

Otro tema importante es el de los papeles y documentos que produce un Estado y que se organizan en forma de expedientes. Uno podría preguntarse ¿qué poder tiene una hoja de papel para: los derechos humanos, los reclamos de las víctimas, y la documentación del conflicto?

Una hoja de papel, un papelito impreso tremendamente subversivo cayó en manos de Antonio Nariño. Este, un joven de fortuna, ilustrado, tuvo la osadía de traducir y publicar con sus propios medios ese papelito que había llegado a sus manos, cuyo contenido no era otro que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y que divulgado se convirtió rápidamente en un documento determinante para lo que sería la Independencia de la Nueva Granada y para la construcción de nuestro primer discurso anticolonial y democrático. Desde entonces conocemos el vínculo orgánico que existe entre el documento y la democracia.

Pero esta perspectiva tiene su contracara, pues ese mismo papel inauguró el expediente que se empezó a reunir en contra de Nariño y que determinaría su exilio por traición a la Corona Española y 16 años de prisión. Con lo que se demuestra que los archivos han fungido también como recurso del poder burocrático e imperial. El Foreign Office británico —para dar un ejemplo de magnitud enorme—, probablemente el más sistemático agente de documentación de los poderes coloniales, se convirtió en un factor fundamental de reproducción de la dominación colonial. Pero solo en 2012 supimos de las medidas que se tomaron en Inglaterra para evitar que esos archivos llegaran a manos de los gobiernos de las naciones independizadas del poder imperial. Una de las instrucciones indicaba: “Los archivos heredados no deben dejar tras de sí ningún material susceptible de observación. De hecho, la existencia misma de dichos archivos, aunque pudierasuponerse, nunca debe ser revelada”.

Producir información es producir poder. Ocultar información es establecer privilegios controlados para el abuso. Los sistemas policiales tratan a toda costa de exhibir información y conocimiento como recursos de presión sobre sus vigilados.

En una investigación que adelantaba sobre las sociedades masónicas de principios del siglo XX en Colombia, descubrí que la policía secreta seguía de cerca, entre otros, a los masones. Ritualmente anotaban los agentes: “Fulano entró a las 10am. Salió a las 12m.”. Los agentes secretos probablemente no lograban saber nada de lo tratado en las muy cerradas sesiones masónicas, pero su control de los horarios y los itinerarios creaba una imagen de fragilidad en los vigilados que les permitiría a los policiales obtener más información usando el miedo como recurso.

Sobre los archivos pesan prohibiciones, restricciones y otras barreras de orden político o normativo, pero también en circunstancias especiales pueden estar sometidos a amenazas directas de destrucción: no dejo de mencionar, cuando abordo estos temas, lo que sucedió con el Archivo del Ministerio de Gobierno de Colombia cuando su titular, en 1967, decidió declarar técnica pero también simbólicamente “archivo muerto” a gran parte del archivo de 1949 a 1958 que documentaba precisamente el período de la Violencia. Era una manera gráfica de matar la memoria de la Violencia.

El universo de los archivos, como todo el universo de la memoria, es un campo de disputas. Son evidentes por ejemplo las tensiones entre las reservas que se producen frente al acceso a los archivos para proteger el poder o los poderes, y la necesidad en muchas ocasiones de limitar el uso de los documentos con miras a la protección de los derechos. En suma, los archivos son recursos de poder, pero también pueden ser recursos para el ejercicio de los derechos de las víctimas.

En momentos de turbulencia revolucionaria los archivos del poder en crisis pueden ser destruidos al calor de la ira popular contra los opresores. Eso hubiera podido pasar con los archivos de la Stasi, la policía secreta del regimen comunista en la RDA, tras la caída del muro, pero para fortuna de las víctimas y de la sociedad alemana del futuro, los activistas sociales que se tomaron estas instalaciones decidieron no destruir sino, por el contrario, proteger los archivos que a la postre servirían de base para documentar la subordinación de los individuos al gran aparato represivo y burocrático, ahora en ruinas.

Si el Foreign Office montaba un sistema de control de los territorios coloniales, la Stasi se revelaba como un gran sistema de control de los ciudadanos. Lo que quiero subrayar con esto es que las tareas asociadas a los archivos conciernen no sólo a individuos u organizaciones sino a sociedades enteras.

Por eso también, como una medida de salvamento, se entrega la custodia de estos materiales a figuras o instituciones de alto poder simbólico. En estos días los llamados Archivos del Terror del Paraguay, descubiertos en 1992 por una ONG, fueron entregados en copia a las Naciones Unidas y al Papa Francisco.

Podremos hablar de plena democracia en materia de archivos cuando los expedientes creados para la represión sean transformados en fuentes para el esclarecimiento de las atrocidades cometidas y el restablecimiento de la dignidad atropellada, y cuando las prohibiciones y las alambradas, cuya creación a menudo se impulsa desde los poderes estatales, se forjen para garantizar el cumplimiento de su deber de proteger a las víctimas, y no para facilitar y estimular la impunidad de los perpetradores de flagrantes violaciones de los derechos humanos.

 

Los ministros estaban orgullosos de pertenecer al gabinete del presidente Belisario Betancur. Cuando acabó la retoma del Palacio de Justicia, ese 7 de noviembre de 1985, se felicitaron mutuamente por salvar las instituciones. Ya habían debatido la inconveniencia de la negociación, habían debatido que solo habría cese al fuego si había rendición del M19 y habían silenciado a los medios.

Al mediodía del 6 de noviembre, cuando sonaron los primeros disparos al presidente Betancur le dijeron que alguien se había apoderado del Palacio de Justicia y por eso le ordenó a Víctor G. Ricardo, jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia, que llamara a los magistrados y reuniera a los ministros.

Betancur también ordenó que toda la información se concentrara en la Secretaría General de la Presidencia “con el fin de que lo enteraran de toda novedad en forma minuciosa e inmediata”. En ese momento, la información provenía de la radio, de sus comunicaciones telefónicas  con los magistrados que estaban en el Palacio y de las Fuerzas Militares. Además, el primer mandatario envió a la Guardia Presidencial a acordonar la Plaza de Bolívar.

Casi en simultáneo con la toma, llegaron las Fuerzas Militares al Palacio de Justicia, por orden del jefe de la cartera de Defensa, general Miguel Vega Uribe, como quedó registrado en la constancia de la reunión de los ministros el6 de noviembre. Sólo una hora después, el presidente supo que se trataba de una acción del M-19, pues así lo informó el entonces coronel Miguel Maza Márquez, jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Mientras los ministros llegaban uno a uno a la Casa de Nariño, en la radio se escuchaban las voces de varios magistrados. Algunos de ellos, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, le imploraron a Betancur que ordenara el cese al fuego.

Audio: Caracol Radio.

Sin embargo, la reacción de la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, fue advertirles a las emisoras que no podían transmitir en directo lo que sucedía en el Palacio. Según la constancia, Sanín “dio instrucciones al personal de control de la radio, recordándoles las consecuencias que un mal manejo del medio trajo consigo el 9 de abril de 1948” y enviaron el primer telegrama con olor a censura.

Estas son las palabras textuales del telegrama, transcritas en la constancia del 6 de noviembre de 1985.A los pocos minutos, Fernando Barrero, director del Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión) llamó a la ministra para preguntarle si autorizaba “transmitir por televisión en directo, vía microondas, los hechos del Palacio de Justicia, según solicitud de algunos noticieros”. Sanín respondió que era mejor no cambiar la programación por “las repercusiones en el orden público que podía conllevar una transmisión cuando no había claridad sobre lo que estaba ocurriendo”, según la constancia del libro del Consejo de Ministros.

Fue así como se transmitió el partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena, casi al mismo tiempo que empezaba el primero de los tres incendios en el Palacio de Justicia.

Paradójicamente, Betancur y sus ministros se enteraron de qué quería el M-19 cuando Sanín llamó a Mauricio Gómez, director del noticiero ‘24 horas’, para pedirle que no transmitiera nada del Palacio. Él había recibido un casete de la guerrilla y, antes de reproducirlo, la ministra amplificó la llamada para que todos los que estaban en el despacho la escucharan.

“Procedida por el himno del M-19, la grabación contenía una explicación de la llamada ‘Operación Nariño’, que los terroristas habían empezado a ejecutar, y presentaba como ‘exigencias’ principales la divulgación masiva de sus pretensiones y la realización de un ‘juicio memorable’ al Gobierno, y a las ‘minorías apátridas’ que debía adelantarse con la presencia personal del presidente de la República o de un enviado suyo, juicio que tendría ‘la altura, la grandeza y la fuerza de un acto del nuevo gobierno’”, según quedó consignado en el libro del Consejo de Ministros.

En la misma proclama del M-19, a la que tuvo acceso VerdadAbierta.com, la guerrilla rechazaba que “mediante un impopular y escandaloso tratado de Extradición, se entrega nuestra juridicidad – la más reciente y novedosa de todas las entregas -, que es golpe mortal contra la soberanía nacional”.

Cuando la grabación terminó, los ministros comenzaron a debatir. Una de las decisiones fue censurar a la prensa y enviar el siguiente telegrama, ahora sí con una prohibición explícita.

Estas son las palabras textuales del telegrama, transcritas en la constancia del 6 de noviembre de 1985.Ahora, 30 años después, Sanín sostuvo en conversación con VerdadAbierta.com, que fue el director de Inravisión quien mantuvo la programación “para que no hubiera otro 9 de abril” y que si bien se emitió un partido de fútbol, “cada 10 minutos se transmitía un flash con información de cómo iban las cosas y se presentaba un informe”. Además, la exministra calificó la carta de censura como una “leyenda”.

Ya sin la información de la radio, el presidente insistió “en la urgencia de una comunicación constante con la Corte Suprema y con el Consejo de Estado, y se comunicó por teléfono con el director del DAS para enterarse en detalle sobre lo conocido hasta el momento”. Otra es la versión que rindió ante la Comisión de la Verdad Yesid Reyes, el hijo del entonces presidente de la Corte y hoy ministro de Justicia. Él sostuvo que durante las primeras horas de la toma, su papá y él pidieron varias veces hablar con Belisario Betancur pero este nunca pasó al teléfono.

Nada de negociar

Cuando la grabación acabó, Betancur quería consejos sobre qué hacer y llamó uno por uno a los expresidentes Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana, Julio César Turbay y Alfonso López Michelsen y a los candidatos presidenciales Virgilio Barco, Álvaro Gómez y Luis Carlos Galán. Y es que la decisión no era nada fácil. El hecho de negociar o no, afectaba directamente a los casi 400 rehenes que a esa hora había dentro del Palacio y las operaciones militares que ya estaban en curso, como el ingreso de los tanques y el lanzamiento de rockets.

Sin embargo, en ese momento ningún funcionario ni el mismo Betancur conocían los detalles de la acción de las Fuerzas Armadas pues “no se consultaba cada paso ni la manera como ese paso iba a darse, porque ello correspondía a la respectiva responsabilidad de los mandos militares que lo estaban ejecutando”, a pesar de que sí hubo una coordinación en el sentido de “garantizar el orden público, de mantener las instituciones” y proteger la vida de los rehenes, según declaró Betancur a la Fiscalía en 2006.

La deliberación comenzó y los ministros consideraron que el Gobierno no podía ceder a ninguna de las solicitudes del M-19. “No es el caso proceder a entablar directamente o a través de mediadores, clase alguna de negociación con los asaltantes, porque el solo intento de realizarlas comprometía seriamente la independencia y el funcionamiento regular de los poderes públicos”, se escribió en la constancia.

Con el fantasma de la toma de la Embajada de República Dominicana, con la que el M-19 logró la liberación de varios de sus presos políticos y un vuelo a Cuba, el presidente y los ministros concluyeron que negociar esta vez era un “negativo precedente” que hacía creer que los convencían a punta de asaltos.

En ese momento, cuando ya eran casi las 4:00 de la tarde, el presidente pidió que el ministro Vega; el general Víctor Delgado Mallarino, director de la Policía, y el general Manuel Guerrero Paz, jefe del Estado Mayor Conjunto fueran a la Presidencia. Al llegar, le transmitieron “las noticias por ellos recibidas de los servicios de inteligencia y le informan con detenimiento sobre la situación”, según se registró en la constancia.

El debate siguió, ya con militares a bordo, alrededor de la financiación del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia. Las primeras conjeturas apuntaron a los carteles de drogas, específicamente a Pablo Escobar. Era la época en la que el país convulsionaba por la guerra que habían declarado los narcotraficantes y hacía más de un año habían asesinado al entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

Además, desde septiembre ‘Los Extraditables’ amenazaban con cartas y llamadas a los magistrados de la Sala Penal y la Sala Constitucional de la Corte. Todo por el Tratado de Extradición. Como si fuera poco, el Gobierno ya tenía listas ocho resoluciones para enviar a Estados Unidos a varios narcos y su futuro dependía de lo que las Altas Cortes decidieran justo ese 6 de noviembre. Ante este panorama el presidente y los ministros eligieron no negociar.

“La decisión de no negociar se tomó después de una amplia deliberación, noporque hubiera vacío de poder”, expresó a VerdadAbierta.com el exministro de Gobierno Jaime Castro.

Para ese momento, Reyes Echandía había intentado hablar personalmente con el presidente pero este no le contestaba el teléfono. Entonces, el magistrado habló con Álvaro Villegas, presidente del Senado, para que él le dijera a Betancur que cesara el fuego. El congresista le dio el mensaje al presidente y este no le volvió a contestar sus llamadas, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad.

Sin embargo, luego de la comunicación, “el presidente pidió que, sin ceder en la decisión de no negociar, se ofreciera a los terroristas el respeto a sus vidas e integridad personal y el adelantamiento de un juicio imparcial”, como consta en el libro del Consejo de Ministros.

Habían pasado más de cuatro horas. En el Palacio de Justicia seguían los disparos del M-19, también los de los militares y los rockets de la Fuerza Pública; en la Casa de Nariño optaron por no negociar con la guerrilla pero la petición de Reyes pareció conmoverlos.

El ministro de Justicia, Enrique Parejo, aseguró que el Consejo de Ministros «no fue lo suficientemente informado». Foto: archivo Semana.Después del mensaje, la ministra de Educación, Liliam Suárez, creyó que era procedente dialogar para evitar “en lo posible” la muerte de los rehenes. El ministro Parejo y Sanín también apoyaron la idea de dialogar, sin negociar, para que los guerrilleros se enteraran de las nuevas condiciones que el Gobierno les ofrecía.

Fue así como “el presidente y los ministros decidieron que el cese al fuego sólo se podía convenir si con él se conseguía la libertad de los rehenes y la recuperación del Palacio, pues tal como lo informaron los militares presentes, no se podía permitir que los terroristas se fortificaran todavía más, mejoraran sus posiciones, tomaran la iniciativa y condujeran al Gobierno así a una situación más precaria aún que la que se estabaviviendo”, según el libro del Consejo de Ministros.

En ese momento, salió una nueva comunicación desde la Casa de Nariño hacia el Palacio de Justicia.

La última llamada

“Quien llamara, hablaría con el M-19”, relató Jaime Castro a VerdadAbierta.com. Según él, fue por eso que decidieron que Betancur no se comunicara con Reyes y a cambio aceptaron el ofrecimiento del general Delgado, quien era amigo personal del magistrado.

La llamada entró a las 4:45 de la tarde. Todos los ministros, los militares y el mismo Betancur estaban escuchando cuando al otro lado de la bocina Reyes Echandía informó que con él estaban varios guerrilleros que le apuntaban con metralletas. “‘Nos van a matar’, dijo. Con vehemencia pidió la suspensión del operativo militar. De por medio estaba la vida de todos los rehenes. El general Delgado Mallarino le manifestó que la Fuerza Pública estaba haciendo todo lo posible por su vida y la de los demás, pero que estaban de por medio las instituciones y los deberes para con ellas del Gobierno. Ante la evidencia de que era imposible sostener una conversación en la que el interlocutor pudiera hablar con libertad, (el general Delgado) solicitó que le pasara al teléfono al dirigente de los guerrilleros que lo acompañaba”, dice la constancia.

El día de la toma, el entonces ministro de Gobierno, Jaime Castro, estaba en el debate del Senado sobre la elección popular de alcaldes. Foto: VerdadAbierta.com.Se escuchó la voz de Luis Otero, el guerrillero al mando de la operación. El director de la Policía le transmitió las promesas del presidente sobre un juicio imparcial y el respeto a sus vidas. Otero le respondió que ellos habían ido a ejecutar una operación político militar, “que debía adelantarse a cualquier precio y que los magistrados eran rehenes precisamente como garantía de que ello se cumpliría”. Castro recuerda que el guerrillero también afirmó que habían ido a “vencer o morir” y que el general Delgado no era una autoridad moral para hablarle a él, pues dirigía una “institución asesina”. El general le contestó que lo reflexionara con los demás guerrilleros y que si cambiaba de opinión lo llamara de vuelta. Pero Otero nunca llamó.

De hecho, esa fue la última comunicación entre los funcionarios que estaban en la Casa de Nariño y los magistrados del Palacio. Desde las 5:00 de la tarde los teléfonos dejaron de funcionar a pesar de que las secretarias, los ministros y hasta el presidente llamaron, con directorio en mano, a cada oficina de los magistrados. “Quedó la impresión de que se había cortado toda comunicación con el Palacio”, dice la constancia.

Sin otra salida, los ministros acudieron a la radio, la misma a la que le prohibieron involucrarse. Ellos creían que los guerrilleros escuchaban las transmisiones y por medio de los periodistas Enrique Santos, Yamid Amat y Juan Gossaín, intentaron hacerles llegar sus contrapropuestas.

Los ministros, al parecer, creían que las Fuerzas Militares todavía no habían llegado al cuarto piso y que allí, los guerrilleros que todavía estaban vivos, tenían como rehenes a todos los magistrados. Su peligro era inminente. El Consejo aceptó que el ministro de justicia Enrique Parejo llamara personalmente a Andrés Almarales, el segundo al mando de la toma del M-19, pues era su paisano y compañero de colegio y quizá lo escucharía antes de que la tragedia empeorara.

Parejo, Sanín y Suárez plantearon que mientras entraba la comunicación, se suspendieran todas las operaciones que la Policía había anunciado para tomarse el cuarto piso, donde estaban los magistrados. La propuesta “se consideró conveniente”. Pero de nada sirvió. Casi al tiempo la Policía llegó a la azotea en helicópteros y voló la puerta que comunicaba con el último recodo del Palacio. Al tiempo, el Ejército subía desde la planta baja. Una hora después, el Palacio de Justicia ardía en llamas. “Unos ministros preguntamos qué pasó… si no habíamos hecho la llamada”, dijo Sanín a este medio de comunicación.

Durante la toma, Betancur llamó a varios expresidentes, dentro de ellos Alfonso López Michelsen. Foto: archivo Semana.La versión de Betancur, ante el Tribunal Especial de Instrucción Criminal en 1986, fue que “varios de los ministros presentes en la tarde del 6 hablaron de la conveniencia de suspender el operativo mientras se producía una posible entrevista telefónica entre el Ministro de Justicia y el guerrillero Almarales. Pero la entrevista no se produjo porque se cortaron las comunicaciones. Por consiguiente el operativo continuó, previa la consideración de los mandos militares […] en el sentido de que si el operativo se suspendía era consecuencia de que el Palacio fuera desalojado y los rehenes liberados vivos”. En cambio, para Castro nunca se ordenó un cese al fuego en el cuarto piso y eso fue sólo “una interpretación de Parejo”.

Un walkie talkie en vano

La llamarada se veía desde la Casa de Nariño pero todavía ni el Presidente ni sus ministros parecían, según los documentos existentes, dimensionar los hechos. Entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de noviembre, creyeron que aún podían comunicarse con la guerrilla, y le encomendaron a Carlos Martínez, el director de la Cruz Roja, que entrara al Palacio para llevarle una carta del Gobierno y un radio teléfono al M-19.

En la mañana del 7 de noviembre, Martínez llegó al Museo 20 de Julio, donde estaba temporalmente el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas. “Encontré el más amplio apoyo por parte de las Fuerzas Militares, quienes me pidieron tener un momento de calma para intentar mi ingreso al edificio, puesto que en ese momento se desarrollaba una operación de enorme actividad entre ocupantes y Fuerzas Armadas sobre la Plaza de Bolívar”, le escribió el director de la Cruz Roja a Víctor G. Ricardo en el informe de evaluación que presentó días después y que conoció VerdadAbierta.com.

 Carta de la Cruz Roja a Víctor G. Ricardo

Horas después, pasado el mediodía, Martínez entró al Palacio con cinco socorristas, la bandera de la Cruz Roja en alto y un megáfono. Sólo pudieron subir hasta el tercer piso. “La única contestación que tuvimos […] fue una ráfaga de ametralladora”, aseguró en la misiva.

“Súbitamente cesó el fuegoy descendió del cuarto piso, un grupo de soldados que dieron parte al general (Jesús Armando) Arias de misión cumplida, lo cual nos indicó que la situación había variado por completo y ante la imposibilidad de haber entregado el mensaje del Gobierno, los medicamentos solicitados por algunos magistrados y los demás elementos que se quería que recibieran los ocupantes, comprendimos que nuestra misión ya no tenía objeto”, dice la carta.

Días después se conoció que el Ejército pidió “apurar, apurar a consolidar y acabar con todo” antes de que llegara la Cruz Roja, como se evidenció en la llamada del Ejército, general Rafael Samudio, apodado ‘Paladín 6’ y el comandante de la Brigada XIII, general Jesús Armando Arias Cabrales, llamado ‘Arcano 6’.

Ya había terminado la ‘Operación Rastrillo’ de los militares para acabar la retoma del Palacio y en la Casa de Nariño se enteraron por los medios, según consta en el acta del Consejo de Ministros.

“La narración de la radio indica que se ha presentado el desenlace de la tragedia. El Consejo escucha en silencio absoluto”, narra el acta del 7 de noviembre. Sólo hasta entonces supieron que había rehenes muertos, incluidos 7 magistrados y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Todavía no se consolidaba la cifra final de 94 fallecidos.

“El país, pero sobre todo la justicia difícilmente se recuperará de este golpe”, advirtió el ministro Parejo y acto seguido pidió investigar los hechos para que no quedara duda de lo qué hicieron el Gobierno y las Fuerzas Armadas.

“De otra parte, tengo la sensación de que el Consejo de Ministros no fue suficientemente informado sobre el desarrollo del operativo militar. La propuesta de conversar con el señor Andrés Almarales, y que el Consejo de Ministros acogió, muy probablemente se vio frustrada por la precipitada toma del cuarto piso […] Si bien el juicio de la historia será muy severo frente a estos hechos, lo va a ser también el juicio de la opinión nacional y el de la Rama Jurisdiccional, que sin duda van a culpar al Gobierno de imprevisión en el manejo de esta emergencia”, recalcó Parejo.

Ante la postura crítica del ministro, Betancur aclaró que primero debían tener más información para “continuar con los juicios”. “Se debe hacer un acto heroico de serenidad, reflexión y ponderación pues estamos envueltos en el torbellino de los acontecimientos, y no debemos ser presa de precipitud en nuestros juicios”, dijo el presidente. Luego, uno por uno, los ministros respaldaron las decisiones que tomaron y expresaron su orgullo de pertenecer al gabinete.

El ministro de Gobierno advirtió que todos tenían que “ser muy coherentes y defender la misma posición” y 30 años después sostiene que “ese precio altísimo se tuvo que pagar para que no hubiera un narcoestado a manos de Pablo Escobar y para que se evitara una tragedia mayor, como la pérdida de instituciones”.

La exministra de Comunicaciones Noemí Sanín sostuvo en el aniversario de los 30 años del holocausto que no encuentra por qué pedir perdón. Foto: archivo Semana.Aquel 7 de noviembre Noemí Sanín recalcó que todos, “sin excepciones” se sentían orgullosos de hacer parte de este Gobierno y aclaró que “también estamos muy adoloridos y afectados con lo que ha sucedido, pero no debemos tener dudas respecto de las decisiones que se tomaron. Nos ha impresionado mucho la muerte del Presidente de la Corte Suprema, pero debemos recordar que cuando lo escuchábamos no era una persona libre”.

El ministro de Agricultura, Roberto Mejía, afirmó que “el país ha quedado notificado de la lógica de la búsqueda de la paz: el que quiere la paz tendrá paz, el que quiere la guerra tendrá guerra”. Y el general Vega concluyó que “las Fuerzas Armadas rodearon al Gobierno legítimamente constituido una vez más, aunque ello nos cueste muchas vidas”.

Cuando todos los ministros terminaron de hablar y los militares, por su parte, anunciaban el éxito de la operación, Belisario Betancur pronunció estas palabras:

“Muchas gracias señores ministros. Vamos a estudiar el futuro. En el proyecto de alocución que leí, digo que yo asumo la responsabilidad. El único responsable es el presidente de la República. Por supuesto que también digo que consulté. Está culminando uno de los más tremendos capítulos de nuestra historia que tendrá repercusión universal. La más grande enfermedad del género humano, que es el terrorismo, ha recibido un tratamiento ejemplar. La autocrítica es muy importante pero muy difícil pues uno siempre se ve muy bien cuando se mira. Es difícil reconocer los errores. A veces es necesario poner los ojos muy arriba, como en el poema de Carranza ‘oigo voces desde las alturas’”.

 

Conversación con dos expertosa propósito de la idea de construir en Colombia un gran museo de la memoria. Se trata de Ricardo Brodsky, director del Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile, y Félix Reátegui, miembro de la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú.

Por Cristina Castro*

ExhibiciónFin del Estado de Derecho, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. Foto: Matías Poblete.

El Museo de la Memoria en Bogotá dio un paso importante para convertirse en realidad. En el día de las víctimas, el gobierno y el distrito entregaron un lote de 20.000 metros ubicados en la calle 26 con 30. Allí se construirá el espacio más grande hasta la fecha en el país con miras a hacer visibles las cicatrices que han dejado décadas de guerra con miras a que el país no vuelva a repetir su pasado. (Ver: Un museo para no olvidar)

Uno de los más importantes antecedentes de esta propuesta en América Latina es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile que busca rememorar los hechos ocurridos bajo la dictadura. Este escenario será un punto de inspiración para lo que se construya en Colombia. Su director Ricardo Brodsky, habla sobre su experiencia en el país austral.

Ricardo Brodsky, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. Foto: Matías Poblete.

¿Cuál es la historia detrás del museo que usted dirige?

RICARDO BRODSKY: El Museo de la memoria es un proyecto inaugurado en enero de 2010 por la presidenta Michelle Bachelet, pero su historia se remonta al año 1991 cuando la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que estableció los crímenes de la dictadura cívico-militar que encabezó el general Pinochet propuso la creación de memoriales y museos que dignificaran a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

¿Qué pasó luego?

RICARDO BRODSKY: Posteriormente la UNESCO declaró “Archivo del Mundo” los archivos de diversos organismos chilenos de defensa de DDHH, entonces se hizo evidente que había que crear un museo que resguardara esos archivos para la memoria de las futuras generaciones. Por su parte, las agrupaciones de víctimas venían reclamando la creación de un museo de la memoria desde un tiempo.

¿Y qué significó ese museo para esas víctimas?

RICARDO BRODSKY: En definitiva, el Museo es un proyecto que busca reparar simbólicamente a las víctimas de las violaciones a los DDHH, devolviéndoles su identidad y su dignidad humana, pretende además ser un proyecto que estimule la educación y la reflexión de los chilenos sobre el valor de los derechos humanos y la importancia de respetarlos en toda circunstancia.

¿Cuál ha sido la importancia de este museo para Chile?

RICARDO BRODSKY: Este museo representa la voluntad de la sociedad chilena de mirar de frente su pasado y hacer lo posible para que nunca más se repita una experiencia como la vivida en dictadura. En ese sentido, constituye una prueba real del compromiso de la sociedad chilena con los derechos humanos y la memoria de las víctimas del terrorismo de estado.

¿Y qué tan bien les ha ido?

RICARDO BRODSKY: La importancia del museo se expresa también en el hecho que se trata de uno de los museos más visitados del país, con audiencias que alcanzan las 200 mil personas presenciales y más de 400 mil virtuales al año. De ellos, el 80 % es menor de 30 años, lo que da cuenta de la capacidad del museo de vincularse con las nuevas generaciones, cuestión que está en la esencia del proyecto.

¿Qué otros logros han registrado?

RICARDO BRODSKY: También el museo se ha convertido en sus 5 años de vida en un lugar destacado para el arte contemporáneo en Chile, de lo que da cuenta lasmás de 50 exposiciones temporales realizadas con artistas chilenos y extranjeros. Finalmente, el museo se ha convertido en un lugar que estimula el debate político y académico sobre los temas relacionados con su que hacer, lo que ha logrado cursando invitaciones a destacados pensadores de diversos países y publicando sus conferencias.

¿Cómo sienten que han aportado a la reconciliación?

RICARDO BRODSKY: La reconciliación es un proceso que supone que los victimarios reconocen lo que han hecho y piden el perdón de la sociedad y de las víctimas. Ello no ha ocurrido en Chile. Han sido las víctimas, los gobiernos democráticos y los tribunales los que han ido arrancando paso a paso la verdad. Ello ha permitido la generación de medidas de reparación material y moral a las víctimas que lleve algo de paz a sus corazones. Por otro lado, la justicia ha avanzado, aunque demasiado lentamente, en esclarecer los hechos y sancionar algunos de los responsables. El museo contribuye a estos procesos constituyéndose en una fuente de información y en el principal espacio de reparación moral a las víctimas y de educación en el Nunca Más para las nuevas generaciones.

“La narrativa del museo debe reflejar la profundidad del conflicto colombiano”.

Félix Reátegui, miembro de la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú, explica por qué es fundamental un museo para que no se olvide la guerra.

Félix Reátegui, de la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú.

Quizás pocos pueden conocer más de los procesos de memoria que Félix Reátegui. El sociólogo es asociado del programa de Verdad y Memoria del International Center for Transitional Justice. Desde esa organización ha acompañado los procesos de reconstrucción de la verdad de diferentes países del mundo, entre los que está Colombia, Tunez y Costa de Marfil. Fue miembro de la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú en donde se desempeñó como director del comité editorial y responsable del informe final. También ha sido profesor y director de investigaciones del Instituto para la Democracia y los Derechos Humanos en la Universidad Católica de ese país.

Para Colombia, ¿en qué sentido podría ser valioso tener un museo de la memoria?

FÉLIX REÁTEGUI: Un museo dedicado a la memoria de las víctimas y del conflicto es importante en varios sentidos. Uno, fundamental, es el relativo a la reparación simbólica que se debe a las víctimas. Un museo es una manera de hacer explícito que el Estado y la sociedad reconocen el daño ocasionado a ellas y, más ampliamente hablando, las diversas responsabilidades por los crímenes cometidos. Un museo es, así, una forma de incorporar el conflicto y sus víctimas en el discurso público; es una manera de hace oficial la conmemoración. Un segundo sentido es del aprendizaje cívico o social. Un museo puede y debe ser el espacio para seguir reflexionando sobre las raíces, los hechos y las consecuencias del conflicto armado; forma parte, así, de lo que se podría llamar una política nacional de conmemoración.

¿Por qué cree que a diferencia de Europa y Estados Unidos donde se construyen grandes monumentos para conmemorar hechos históricos, en Colombia no existen este tipo de simbolismos?

FÉLIX REÁTEGUI: En líneas generales, se puede decir que la tradición museística está más arraigada en otras regiones que en América Latina. Eso puede tener explicaciones diversas, incluyendo la económica. Pero, en sentido más concreto, se podría decir que solo en las últimas décadas las sociedades de América Latina –y Colombia entre ellas—se han encontrado con una concepción del pasado como algo que debe ser incorporado conscientemente en la cultura pública. El pasado siempre gravita, pero no siempre se es consciente de él. Hoy nos estamos encontrado con que también puede y debe haber una “política pública” sobre el pasado, sobre la memoria. Eso es lo que está emblematizado en los centros de conmemoración de Europa y EEUU y lo que comienza a aparecer en nuestra región.

¿No tendrá que ver con la diferencia en términos de desarrollo entre estos países?

FÉLIX REÁTEGUI: Se podría ensayar otras explicaciones complementarias, desde luego, y algunas de ellas tendrán que ver con los problemas de integración y de exclusión. En sociedades donde la nación es todavía un tema de debate, es explicable que la tradición conmemorativa sea más incipiente, puesto que la conmemoración implica algunos acuerdos sobre el pasado. Por otro lado, también cabe preguntarse si la ausencia de centros conmemorativos se debe a que las víctimas de procesos de violencia o represión en América Latina suelen ser las poblaciones más pobres y marginadas. Ahí donde hay una ciudadanía débil, es explicable que la conmemoración de los marginados esté ausente.

¿Qué justificación tiene que quienes han estado del lado “malo” de la historia tengan un sitio para recordar lo que hicieron?

FÉLIX REÁTEGUI: Es algo muy debatible. Se debe distinguir entre la conmemoración pública, que implica un reconocimiento y un aprendizaje, y, por el otro lado, el derecho que los distintos grupos particulares tienen a recordar su pasado según su punto de vista. La conmemoración de la que hablamos cuando pensamos en un museo de memoria es una conmemoración asociada a principios fundamentales: uno de ellos es que viene de la doctrina y la legislación de los derechos humanos. Desde ese punto de vista, se puede hablar de pluralidad de memorias, pero con un claro límite de principio: el respeto a principios humanitarios básicos y a una visión democrática de la sociedad, un marco de valores donde no caben “negacionismos” ni mucho menos justificaciones explícitas o soterradas de los actos de violencia y abusos cometidos.

¿Un Museo de la Memoria obligaría a contar la historia con una versión? ¿Qué debería incluir la colombiana?

FÉLIX REÁTEGUI: Creo que es un enfoque incorrecto pensar que Colombia debe aspirar a obtener una única versión del conflicto con la que todo el mundo tenga que estar de acuerdo. La narrativa de un museo debe ser compleja e integradora, y así reflejar la profundidad del conflicto colombiano.

¿Usted cree que es más difícil construir un museo de la memoria en un conflicto como el colombiano en el que no está tan claro quiénes son los héroes y quiénes los villanos?

FÉLIX REÁTEGUI: Creo que, en general, siempre es difícil hacer un museo dedicado a la memoria de un conflicto, pues su materia es controvertida por naturaleza. Por muy claramente que establezcamos los hechos, siempre habrá quienes impugnen la versión de la historia que se represente en el museo respectivo. En el caso de Colombia será, por tanto, una tarea complicada. Posiblemente, una forma de avanzar y de ir desbrozando el camino es comenzar por lo central: ha habido millones de personas afectadas por graves violaciones de derechos humanos cometidas por muy diversos actores. La conmemoración puede comenzar por eso, por la realidad de las víctimas, que es lo menos controvertible y, de hecho, la realidad más urgente.

¿Son importantes estos escenarios en los procesos de verdad, justicia y reparación?

FÉLIX REÁTEGUI: Los espacios de conmemoración son muy importantes porque ayudan a incorporar la verdad dentro del discurso público, dentro de la conciencia compartida por la colectividad. Por medio de ellos se puede lograr que la verdad no sea solamente conocida o sabida, sino también reconocida y aceptada, y, más aún, que llegue a ser significativa para las instituciones y para las personas. Una cosa es saber algo; otra, distinta, es que eso que sabemos tenga gravitación sobre nuestros actos, nuestras decisiones, nuestras formas de relacionarnos con los demás y nuestra identidad propia. Los procesos de conmemoración pueden ayudar a que la verdad sea significativa en ese sentido. Y eso se vincula, desde luego, con los procesos de verdad, justicia y reparación, pues en la medida en que el pasado sea significativo y públicamente reconocido, ello dará fuerza a las demandas de las víctimas por sus derechos y también podría ser un acicate para que el Estado formule ciertas decisiones públicas como las reparaciones o las reformas institucionales. Con esto no se quiere decir que la conmemoración sea suficiente para lograr tales fines. Hay que evitar darle una dimensión excesiva al peso de la conmemoración. Pero sí se puede decir que la memoria, el reconocimiento, son elementos que pueden ayudar e influir en esa dirección.

* Editora Revista SEMANA

 

Saber lo que ha pasado en un conflicto armado es una de las principales tareas de cualquier comisión de la verdad. En el caso de Colombia, la misión está frente a una guerra que ha durado cuando menos 50 años, si se calcula desde la fundación de las guerrillas de las Farc y el Eln. Pero lo difícil no solo está en cómo encontrar esa información, sino en definir quién la guardará porque tendrá un su poder una herramienta eficaz para hacer justicia y memoria sobre lo que pasó durante la confrontación armada.

Una mirada a varias de las 17 experiencias de comisiones de la verdad que han existido en el mundo desde 2001 puede ofrecer algunas claves para saber qué hacer en Colombia con respecto a la memoria documental.

En Perú, dos años después de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregara su informe, 150 oficiales fueron enjuiciados por los casos derivados de esta investigación y esa misma información sirvió para identificar que el Partido Comunista Sendero Luminoso era responsable del 54% de las desapariciones y asesinatos. En Chile se identificaron 14 tipos de tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet. En Uganda se documentaron más de 300 casos de desaparición y en Guatemala, con un solo documento que identificó a más de 180 víctimas, se develó la existencia de una estrategia política para desaparecer ciudadanos aparentemente opositores al gobierno. (Descargue el documento de Guatemala en PDF)

Además de ayudar a la justicia, las verdades también sirvenpara recordar lo que pasó y reparar a las víctimas, sostiene el español Ramón Alberch, fundador de la organización internacional Archiveros sin Fronteras y uno de los cinco expertos internacionales que asesora en Colombia, desde principios de este año, al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). A su juicio, en la mayoría de los casos los archivos han sido definitivos en las comisiones de la verdad porque muchas veces los testimonios que estas recopilan son contradictorios, mientras que un documento es más contundente.

Cuando han intentado saber qué pasó en otras partes del mundo, uno de los mayores obstáculos ha sido la actitud de los gobiernos y la Fuerza Pública, de donde provienen los principales archivos. En la búsqueda de la verdad cualquier papel, fotografía, video o audio puede ser fundamental. En entrevista para el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la especialista norteamericana Trudy Peterson, quien trabajó 24 años con los Archivos Nacionales de Estados Unidos, puso como ejemplo una experiencia vivida en Perú: “Recuerdo que durante la Comisión de la verdad, leí un artículo en que se le preguntaba a la gente de la calle qué pensaba del reporte de la Comisión y un hombre respondió: ‘Ellos no me dijeron que pasó con mi hermano’. Y esa es la verdad, aunque haya una comisión de la verdad, los documentos son esenciales para empezar a seguirle la pista de lo que pudo haber pasado con alguien que desapareció”.

“Generalmente el gobernante sólo se preocupa por cómo lo puede afectar un archivo y no lo ve en positivo, como algo para construir memoria”, explica Alberch. Una de las primeras reacciones de las instituciones del Estado en las primeras fases de la época de posconflicto es proceder a la destrucción masiva de documentos, con lo que se pretende borrar toda huella de sus estrategias de control de la seguridad que, en muchos países, generaron graves violaciones a los derechos humanos.

En Argentina, por ejemplo, “se dio orden de quemar todos los archivos antes de que los militares abandonaran el poder y se hizo a conciencia”. Así lo narra Priscilla Hayner, cofundadora del Centro Internacional para la Justicia Internacional (ICTJ), en su libro Verdades innombrables. En Guatemala, la extinta Policía Nacional guardó más de 12 millones de documentos, que de ponerse en línea recta uno detrás de otro medirían casi 8 km. Estos fueron encontrados por casualidad en 2005, durante un procedimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos de ese país en una vieja edificación de la ciudad de la capital guatemalteca.

El tema es tan importante que desde La Habana, Cuba, sede de las negociaciones entre la guerrilla de las Farc y la administración del presidente Juan Manuel Santos, para terminar con 50 años de confrontación armada, voceros del grupo insurgente solicitaron el pasado 4 de marzo la apertura de los archivos estatales y la desclasificación definitiva de la información reservada sobre los asuntos relacionados con el conflicto y su persistencia, lo que, a su juicio, contribuiría con el esclarecimiento de la verdad.

De allí la importancia de qué hacer con la información que se recopile en una eventual comisión de la verdad en Colombia. El gobierno ya tomó una parte de la decisión en 2011 al designar al Centro Nacional de Memoria Histórica para esta tarea.

En quiénes confiaron los otros
Cuando la comisión de Guatemala entregó su informe, a Kate Doyle una de las investigadoras le llegó una lista con la reseña y fotografía de más de 180 desaparecidos por la Policía. Luego, esta se conoció como Diario Militar. Foto: VerdadAbierta.com.

En 1992, los alemanes se la jugaron por el Estado, para que guardara 40 millones de documentos, miles de grabaciones y fotografías sobre lo que pasó en la dictadura de la República Democrática Alemana, que vigiló a los ciudadanos a través de una compleja red de espías e informantes articulados al Ministerio para la Seguridad del Estado, conocido como la Stasi.

Seis años después, el parlamento germano siguió las sugerencias de las dos comisiones de la verdad que habían existido hasta el momento y creó una fundación para discutir sobre la dictadura y guardar los archivos recopilados, que hasta entonces estaban en su poder. Hoy, gran parte de esa información está publicada en internet y en el museo de la Stasi en Berlin, que es frecuentemente consultada por víctimas del régimen comunista para obtener pruebas que son llevadas a los estrados judiciales en busca de una reparación. (Leer: Los ‘muros’ que tendrá que derribar Colombia para el posconflicto y “Si quieres una democracia real, los ciudadanos deben tener datos”)

“En Alemania, los archivos los guarda el Estado, pero porque la gente confía. En gran parte debido a que el director (comisionado federal) de los archivos es elegido por mayoría en el Parlamento. Cada candidato tiene que mostrar que es la persona más preparada, ecuánime, con un currículo limpio, con un pasado de primera y que no hay dudas de su probidad”, detalla Alberch.

El Archivo de la Stasi es independiente de cualquier estamento político y define sus propias líneas a seguir. Una muestra de lo que significa estar a la cabeza de esta institución es que su primer director, Joachim Gauck, es el actual presidente de Alemania.

Pero no todos los casos en los que le dieron potestad al Estado han sido exitosos. En Bolivia, el Ministerio del Interior era la cabeza de la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados, pero hoy no se saben dónde están los documentos que recopilaron.

En Chile se le entregó el reporte al entonces presidente Patricio Aylwin y luego toda la información pasó al Ministerio del Interior. Actualmente, los registros se reservan para uso oficial. Sólo existe una “copia genuina” de la investigación, que está en manos de la organización no gubernamental Corporación Justicia y Democracia, puesto que a todos los archivos manejados por otras entidades le agregaron o borraron partes.

Otra alternativa es confiar en organismos internacionales. En El Salvador los jesuitas impidieron la idea inicial de crear un cuerpo académico en Estados Unidos, con participación de salvadoreños, que tuviera los archivos. Al final, la información fue enviada para la custodia del Secretario General de la ONU, establecido en Nueva York, y desde entonces está restringida para usos de investigación.

Difusión y pedagogía
Ramón Alberch es uno de los seis expertos (incluyendo al colombiano Gonzalo Sánchez) que conforman el Comité Asesor Internacional del CNMH. Foto: Cortesía del Centro de Memoria Histórica.

Alberch cree que más que dónde guardar los documentos, lo principal es cómodifundirlos. “Se debe utilizar una pedagogía para que el ciudadano tome conciencia de lo que pasó”, indica.

En Sierra Leona se hizo una versión infantil de los resultados de la comisión. En Perú, un libro de fotografías y un resumen de los principales hallazgos de su comisión de la verdad fueron distribuidos durante cinco semanas como suplemento de un periódico de amplia circulación nacional. En Nigeria se trasmitieron en vivo las sesiones de la comisión durante todo un año.

“En España recuerdo mucho un documental que nos pasaron cuando estábamos en bachillerato. Éramos unos niños que veíamos la guerra civil como algo pasado, pero al ver eso nos dimos cuenta que las consecuencias llegaban hasta nuestros días”, recuerda Alberch.

En Colombia casi todo el camino está por recorrer. El CNMH está construyendo una política pública para el manejo de archivos (descargue versión PDF y todavía no se ha conformado una comisión de la verdad. Su tiempo es limitado puesto que por ley sólo va hasta 2021. Aun así, Alberch considera que el CMH es quizá el organismo en el mundo que tiene mejor estructuradas sus políticas y le da “mucho mérito” al caso colombiano pues “es uno de los pocos países en donde las iniciativas de archivos han venido del gobierno” (lea ‘Los archivos de la Operación Sirirí’). En cuanto al tiempo, dice que no le preocupa puesto que el Archivo de la Stasi también tenía un límite y lo han prolongado tres veces desde 1996.

Además, este experto califica como “algo único” el hecho de que en Colombia se quiera restituir tierras, reparar a las víctimas y recuperar la memoria sin que el conflicto haya terminado pues en otros casos hubo una ruptura para empezar a hacer esto. “En España se acabó la guerra civil y luego se intentó reparar. En Alemania, finalizó la guerra mundial y se buscaron en un sólo país los que antes estaban divididos. En Argentina, se terminó la dictadura y empezó la democracia. Pero en Colombia todo sigue en marcha”, indica.

A pesar de los buenos pronósticos existen dificultades que preocupan a los expertos. Trudy Peterson señala que el reto más grande es saber dónde están los archivos de las guerrillas y los paramilitares, mientras que al CNMH “le llama la atención” el aumento de la reserva del sumario de 30 a 45 años sobre documentos judiciales, a lo que se debe agregar la presunta desaparición de los archivos del DAS que muestran los excesos que cometió al investigar a ciudadanos, miembros de la Justicia y opositores al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

La discusión apenas empieza y, a diferencia de otros países, se deberá resolver en medio del conflicto, lo que es un avance, pero también un gran riesgo.